El legislador Enrique Sánchez aseguró que las 10 firmas de su fracción están comprometidas para una eventual consulta facultativa que aborde la objeción de conciencia que se incluyó en el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336).
Sánchez, quien es el único legislador de esta administración que forma abiertamente parte de la comunidad LGBTIQ+, respondió a preguntas de UNIVERSIDAD sobre este tema que “Toda la fracción va a firmar una consulta con diversos temas. Aún no hay ninguna consulta hecha, nuestro interés es ser firmantes de una amplia, incluyendo objeción de conciencia”. El diputado rechazó una entrevista más amplia sobre el tema porque se encuentra en reuniones durante este viernes.
De acuerdo con fuentes legislativas, UNIVERSIDAD conoció de que hay interés desde distintas fracciones para consultar múltiples artículos de la ley, específicamente sobre aquellos que tocan las autonomías constitucionales y legales del sector público (esto porque, desde este jueves, la redacción del proyecto volvió a integrar a todo el sector público bajo la rectoría del ente ejecutivo del Ministerio de Planificación).
No obstante, estas mismas fuentes aseguraron a este medio que existe una mayoría del plenario desinteresada por la objeción de conciencia que se aplicaría específicamente para casos de “programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras” pero que los funcionarios consideren que vulneran “sus convicciones religiosas, éticas y morales”.
El artículo, negociado por el PAC con otras fracciones del plenario, cuenta con advertencias de un informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre eventuales violaciones a la Constitución Política, entre ellas, la violación al principio de no discriminación y legalidad de la función pública.
Informe señala que objeción de conciencia en ley de Empleo Público violentaría Constitución Política
Servicios Técnicos previene que autorizar objeción de conciencia en capacitaciones “podría violentar los principios de igualdad y no discriminación, así como el principio de legalidad” que están garantizados en la Carta Magna
En entrevista con Repretel, el presidente Carlos Alvarado confirmó que la inclusión de este artículo en el proyecto de ley fue para contar con los 38 votos en el primer debate del proyecto de Empleo público. Alvarado respondió sobre la negociación con diputaciones cristianas que llevó a incluir el artículo: “Es lo que ocurre cuando se Gobierna, si yo tuviera 38 votos del partido que me trajo al poder este no sería un predicamento”.
Laura Guido respaldará consulta tras acuerpar fracción
La consulta facultativa podrá presentarse ante la Sala Constitucional hasta después de que el proyecto de ley reciba el primer debate. Los diputados finalizarán un trámite de votación de mociones de reiteración hasta el siguiente lunes 12 de abril. Al ritmo de trabajo actual, los diputados podrían dar el primer debate durante esa misma semana.
Para la consulta, sin embargo, los diputados necesitan las firmas de al menos 10 diputados y diputadas. Este proceso podría dificultarse, si legisladores que promovieron el plan de objeción de conciencia se rehúsan a apoyar la consulta.
Este jueves, según informó UNIVERSIDAD, la fracción del PAC defendió su voto negativo contra mociones del frenteamplista José María Villalta que tenían como objetivo delimitar el rango de aplicación de la objeción de conciencia. Villalta propuso 8 mociones con distinta redacción, de manera que los funcionarios no puedan aplicar ese artículo para evadir procesos formativos que mejoren la prestación de servicios a poblaciones vulnerables como mujeres, población trans, personas indígenas, personas VIH positivas, entre otras.
Diputada del PAC defendió objeción de conciencia porque arreglarla más bien ‘ampliaría’ su alcance
Frentamplista José María Villalta responde a Laura Guido que son “excusas” para “justificar la inmensa incoherencia del PAC” y dice que oficialismo recibió órdenes de no sacar la cláusula que le garantiza apoyos de diputados cristianos
Durante esta discusión, la diputada Laura Guido fue vocera del PAC para desacreditar las mociones de Villalta, argumentando que “Las mociones, en lugar de acotar la aplicación parecen ampliarlo porque al enlistar en qué escenario la persona funcionaria no puede excusarse de recibir la formación y capacitación, da por sentado que sí hay contenidos a los cuales se puede excusar y que la norma le habilitaría la no asistencia de participación al programa formativo, ampliando así el alcance de la objeción”.
Esta intervención provocó que activistas de derechos humanos expusieran su descontento en redes sociales, inclusive pidiendo explicaciones a la diputada Guido, quien ha estado ausente de sus cuentas públicas desde el 7 de abril.
Este viernes, en mensajes con el Semanario, la misma legisladora afirmó que firmará la consulta facultativa para revisar constitucionalmente el tema de la objeción de conciencia.
“Consultaremos este tema y otros en una consulta de constitucionalidad. Para mí es fundamental que el tema sea esclarecido por la Sala Constitucional. Lo que sé es que la consulta que suscribiré deberá incluir la objeción de conciencia. No conozco que exista una consulta que no incluya esa materia. Para mí es importante que el tema sea consultado y así lo he solicitado”, escribió Guido a este medio.
Sobre los reclamos que ha recibido de personas activistas, Guido respondió: “Mi intervencion de ayer fue la justificación de por qué voté en contra las mociones del diputado Villalta”.
Welmer Ramos pide mantener división de poderes
Asimismo, se buscó al legislador Welmer Ramos, quien fue uno de los oficialistas que se ausentó de las votaciones del diputado José María Villalta.
“Yo tengo que ver cómo es la consulta facultativa que plantearemos. Si es lo suficientemente amplia y tiene los bemoles que yo quisiera (que tenga), entonces la adhiero con gusto. Si la consulta puede ser con las 10 firmas del PAC y abarca todos los temas y los expone desde la perspectiva que yo los he planteado, entonces podría estar firmando”, afirmó Ramos.
“El tema de objeción de conciencia es un tema importante pero hay ahí temas que son importantísimos, que trascienden eso, en el sentido de que considero que no puede haber una violación a las autonomías ni de la gobernanza universitaria. La intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes de la República: Tribunal Supremo de Elecciones o Poder Judicial. No se le puede bajar la importancia, el nivel o volumen de otras cosas”, también dijo Ramos.
Informe técnico dice que Empleo Público vulnera división de poderes en 10 artículos
Análisis asegura que el plan tiene 5 regímenes salariales diferentes por lo que “no logra el objetivo esencial de la propuesta normativa de crear un único régimen de empleo público” y confirma es insuficiente para respetar autonomías universitarias consignadas en la Constitución Política