El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) estimó que el impacto económico de la parálisis que ha provocado la emergencia nacional por el nuevo coronavirus COVID-19, dejaría pérdidas en el sector cultura por unos US$70 millones.
Es por esto que con el dato arrojado por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019 de que un 12,3 % del total de trabajadores del arte encuestados vive en estado de pobreza y pobreza extrema, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) propone incorporar al sector artístico-cultural al Plan Proteger, implementado por el Gobierno de la República ante la crítica coyuntura desatada por el COVID 19 desde principios de marzo.
La propuesta, compartida con el sector esta mañana de jueves 2 de abril en dos cuadernillos y un resumen ejecutivo con información gráfica, establece las medidas que facilitarían a los trabajadores del arte ser atendidos por el Estado costarricense, en medio de un panorama en el que se proyectan pérdidas para el sector por decenas de millones de dólares.
“Si la parálisis del sector se prolonga por tres meses, el impacto económico directo para la cultura en Costa Rica sería de 0,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, aproximadamente US$70 millones”, revela uno de los documentos del MCJ.
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Vale destacar que, de acuerdo con datos de la Cuenta Satélite de la Unidad de Cultura y Economía del MCJ y el Banco Central de Costa Rica, la contribución del sector al PIB es sobresaliente, pues según mediciones del 2015, ocho áreas artísticas sumaron ₡637.110 millones (alrededor de US$ 1.200 millones) al PIB.
Esto equivale aproximadamente al 2,2% del PIB, porcentaje similar al que realizan, en conjunto, actividades como servicios de salud privada y superior al aporte de desarrollo de implementos médicos.
En la ENAHO 2019, 32.479 personas se identificaron como trabajadores creativos, artísticos y de entretenimiento, de los cuales 28.925 laboran en el sector privado/independiente. Del total que se dedican a actividades artísticas 1.310 están en pobreza extrema y 2.718 son pobres.
Subraya el documento que el sector tiene niveles de pobreza inferiores al promedio nacional (cultura 14% vs 21% a nivel nacional) pero el 58% (14.000) de sus trabajadores que está en ocupaciones básicas sobrevive con un salario promedio cercano al mínimo.
A partir de información suministrada por la Encuesta, la institución determinó que, tomando en cuenta a trabajadores de la cultura formales e informales, y aquellos que viven en condición de pobreza, es decir, las cerca de 4.000 personas, la potencial afectación directa e indirecta recae sobre 10.000 personas.
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Además de la incorporación al Plan Proteger, el Ministerio propone incluir a los trabajadores del arte que califiquen en el Subsidio Temporal de Desempleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como ser sujetos del Beneficio de Emergencia y otros similares del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En relación con los perfiles de las personas del sector que requieren atención, el MCJ identificó a trabajadoras independientes o empresas debidamente inscritas (formales) que brindan bienes o servicios culturales/artísticos y a los que en el marco de la alerta sanitaria le fueron cancelados los eventos donde colocaba sus bienes o servicios.
Asimismo, personas que no logran obtener el mínimo necesario para atender sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias; trabajadores independientes o empresas informales que no están inscritos en la CCSS y/o hacienda; y trabajadores/empresas exportadoras de bienes/servicios culturales y/o artísticos.
En uno de los documentos, el MCJ reconoce que juega “un papel fundamental como agente productor y generador de actividades en la escena cultural, de la mano del creciente número de actores sociales independientes y privados que dinamiza la escena cultural nacional”.
De esta forma, “habilita espacios de actividad para muchos subsectores creativos, genera trabajo, promueve fondos y procesos de desarrollo de diferente tipo. Parte vital de esa actividad se ve igualmente paralizada por la crisis sanitaria”.
La cancelación de eventos por parte del MCJ y, por ende, la suspensión de contratos e ingresos para los trabajadores del arte es una de las mayores preocupaciones externadas en un formulario web distribuido por la institución, y respondido por un total de 1.282 personas del sector entre el 18 al 21 de marzo del presente año.
En la consulta, los trabajadores del arte priorizan las afectaciones de tipo económico como la pérdida de ingresos derivada de cancelaciones (22%), el incumplimiento de sus obligaciones con el Estado y/o los servicios públicos (16,1%), la pérdida de empleo (12%), la imposibilidad de hacer frente a deudas y créditos (9%).
A la vez, exponen el desafío legal de entender cómo proceder ante los contratos suspendidos y terminados, así como la desprotección que deriva de los formatos utilizados y la incertidumbre en torno a la reprogramación de los eventos.
En relación con las acciones a realizar para resolver las cancelaciones de eventos y reprogramarlos, el MCJ afirma en los cuadernillos compartidos con el sector, que “está en su fase final la revisión con las y los directores de programas y órganos desconcentrados del MCJ, del estado de situación de las actividades suspendidas en el marco de las medidas sanitarias, así como la definición de criterios de reprogramación, y la evaluación presupuestaria y prever la magnitud del impacto en aquellas instituciones con generación de ingresos propios dependientes de la generación de alquileres, ventas, producción, entre otros”.
