La argumentación del Ejecutivo en el proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se fundamenta, entre otras cosas, en estudios desactualizados y reclamos de empresas privadas, según se desprende de una serie de respuestas brindadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) a UNIVERSIDAD.
Igualmente, el MEP aseguró que no incluir la labor de acción social dentro del artículo 1, que establece las labores que el FEES financiaría, fue producto de “una omisión involuntaria”.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, afirmó que el proyecto de ley contiene “una serie de falacias que no se sostienen sobre la realidad”, además de que excluir una función sustantiva de las universidades “demuestra que no hay ninguna rigurosidad detrás de la elaboración de un proyecto como éste”.
“No hay ninguna rigurosidad detrás de la elaboración de un proyecto como éste”, Rodrigo Arias.
Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, dijo que el texto de la iniciativa es “un documento muy mal hecho” e inclusive considera “irrespetuoso que llegue en esos términos a la Asamblea Legislativa”.
El proyecto tiene trece páginas, de las cuales nueve se dedican a exponer los motivos ante la Asamblea Legislativa. No obstante, muchas de las afirmaciones carecen de citas o referencias que las sostengan, como anteriormente han señalado rectores de las universidades estatales.
Uso de recursos de las universidades
La iniciativa señala que las universidades tienen una importante penetración en los quintiles de menores ingresos, lo que se explica por los programas de becas y la cobertura que estos tienen. No obstante, después se afirma que “los estudios actuales muestran una asignación de los recursos a gastos que no tienen que ver con este objetivo y que ponen en tela de juicio mantenerlo a largo plazo”.
En vista de que no se indican los estudios que dan respaldo a esta afirmación, este semanario consultó al MEP a cuáles exactamente se referían. Esta cartera respondió que al titulado Desafíos en la creación de valor público de las Universidades Estatales, hecho por la Contraloría General de la República (CGR; el MEP señala que es de 2020, pero el estudio dice que es de febrero de 2019); a informes del Estado de la Educación (no dicen cuáles); y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE; tampoco dicen cuáles).
Posteriormente, agregan un par de citas de la OCDE, que se refieren a temas como que “los acuerdos de financiamiento son tanto insostenibles como injustos”, que “la mayoría de estudiantes que se benefician de las universidades públicas son de contextos acomodados” o que “los estudiantes de universidades privadas casi no tienen acceso a becas”, entre otros.
Esas afirmaciones corresponden al estudio titulado La Educación en Costa Rica, publicado por la OCDE hace más de cinco años (2017), según pudo constatar UNIVERSIDAD.
“El informe de OCDE al que hacen referencia es del año 2017; la realidad ha cambiado e incluso en aquel momento, pues tendríamos que analizar cuáles fueron las fuentes de información de ese informe que se presentó en aquel tiempo”, dijo el presidente del CONARE, a la vez que recordó que la cantidad de becas ha venido aumentando en los últimos años, así como los estudiantes que ingresan desde colegios públicos, según datos publicados por UNIVERSIDAD.
También fue consultado al ministerio cuáles son esos gastos a los que se hace referencia en el texto; sin embargo, la respuesta no lo aclaró: “Se refiere a los gastos que no habilitan más cupos para permitir la matrícula de alumnos de las poblaciones más vulnerables, incremento de becas en estos sectores o mayor inversión en investigación y desarrollo”.
El rector de la UCR consideró “grave” esta respuesta: “Afirmar que estamos utilizando fondos públicos con un destino diferente a lo que constitucionalmente está asignado, es una acusación directa que no tiene fundamento alguno. […] En general, decir que se refiere a gastos que no tienen que ver con admisión, becas e investigación, sin señalar asuntos concretos, evidentemente que debilita muchísimo la justificación de este proyecto de ley”.
Gasto salarial
El proyecto 23.380 señala que “hoy los gastos en sueldos y salarios consumen una proporción muy alta del FEES y seguirá creciendo si no se establece un límite al crecimiento del gasto de las universidades”.
Al respecto, se le consultó al MEP cuáles datos dan fundamento a esa afirmación, a lo cual respondió que “el gasto en remuneraciones de las cinco universidades públicas en conjunto representó entre 76,1% y 81,9% de los ingresos que recibieron esas instituciones por vía del FEES y las transferencias a la Universidad Técnica Nacional (UTN)”.
Ese dato fue publicado por UNIVERSIDAD en agosto de 2022, en un análisis de las remuneraciones entre 2017 y 2021, si bien el ministerio no citó la fuente. El mismo reportaje muestra cómo el porcentaje de crecimiento del gasto en remuneraciones se ha reducido de forma sostenida en ese periodo, además de un decrecimiento en esta partida en 2021, de más de ₡3.700 millones.
El MEP agregó que cerca del 26% de los recursos fueron presupuestados para pagar pluses y que el gasto anual en salarios por empleado de la UCR y la Universidad Nacional (UNA), fue de ₡21,5 millones y ₡25,3 millones, respectivamente. La respuesta no detalla, nuevamente, ni el año ni la fuente de esta información.
Otra pregunta planteada a la cartera fue cuál sería una proporción adecuada del FEES para invertir en salarios, puesto que el proyecto señala que la actual es “muy alta”. La respuesta no incluyó ningún porcentaje específico; sino que señala que la UCR manifestó tener esta tarea pendiente, en un diagnóstico de 2021.
“En muchas ocasiones hemos reconocido públicamente que el régimen salarial en la institución falló y llegó a ser, en cierta forma, insostenible. Sin embargo, el Gobierno omite mencionar que este modelo se corrigió y ha permitido que la masa salarial disminuya, al igual que la proporción del FEES que se destina a salarios. No podemos perder de vista que, para la Universidad, en cualquier parte del mundo, la principal inversión que debe realizarse es en poder contar con personal muy calificado; idóneo para cada una de las disciplinas. Aquí estamos hablando de calidad de primer nivel. La UCR realiza una inversión porcentual en salarios comparable a muchas otras universidades públicas del mundo. De tal forma, que no existe esa desproporción de la que habla el Ministerio”, comentó el rector de la UCR.
Oferta y las expectativas del mercado
Otra afirmación presente en el proyecto de ley, y que no contiene datos ni estudios que le den sustento, es que “a lo largo de los años se ha presentado un divorcio entre las carreras solicitadas por la empresa privada y las habilidades o destrezas que buscan y el perfil de los graduados, falta correspondencia entre la oferta y las expectativas del mercado. El desajuste proviene de las destrezas que requiere el mercado laboral de sus potenciales trabajadores: innovación, habilidades de comunicación, liderazgo e inteligencia emocional”.
UNIVERSIDAD realizó la consulta respectiva, a lo cual el Ministerio respondió que esto se menciona (no se aclara de qué manera) en los mismos estudios de la CGR y la OCDE indicados anteriormente en este reportaje. El MEP también utilizó como referencia un estudio denominado Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011-2013 del Tecnológico de Costa Rica, donde se analiza la situación laboral en 2016.
Esa última investigación fue publicada en 2019 por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del CONARE e indica que el 96,3% de los graduados entrevistados tenían empleo en ese momento, y que el 0,5% estaban desempleados por “baja demanda en su campo”.
Aún así, el MEP argumentó que este estudio “señala como una de las principales razones de desempleo para los egresados de dicha universidad, la baja demanda en su campo”. Por otro lado, el OLAP publicó en 2021 un estudio con datos de la situación laboral en 2019, el cual el ministerio no citó, aunque fuese más actualizado.
“No sé por qué utilizan información tan antigua si hay informes más recientes, si sería intencional o sería por desconocimiento”, dijo el presidente del CONARE, al conocer la respuesta del MEP.
Además de esos estudios, el ministerio respondió que la afirmación se fundamenta en “sendos reclamos” de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) y de “empresas específicas”, en relación con una supuesta “falta de correspondencia entre la oferta y las expectativas del mercado, según la percepción de empleadores y egresados”.
El Ministerio no detalló cuáles fueron esas empresas específicas, ni tampoco mostró algún reclamo puntual hecho por cualquiera de esos grupos. UNIVERSIDAD solicitó al MEP que enviara ejemplos de esos reclamos, así como la lista de “empresas específicas”.
La respuesta del ministerio, sobre la lista de empresas, fue que hiciéramos la consulta a las cámaras empresariales, pese a que la propia entidad asegurara en primer lugar que había reclamos de “empresas específicas”. Sobre los ejemplos de reclamos, el MEP envió dos; donde se proponen retos y necesidades de las universidades de forma general (públicas y privadas).
No obstante, esos ejemplos tienen fecha del 14 y 17 de noviembre, más de un mes después de que se presentara el proyecto. En vista de que UNIVERSIDAD realizó la consulta para conocer cómo se fundamentaba la afirmación de la iniciativa de ley, surge una nueva interrogante ¿cómo es que el Ejecutivo pudo realizar afirmaciones en el proyecto de ley, que se sustentan en “reclamos” que fueron publicados un mes después de que este fuera presentado?
Omiten acción social, pero aseguran conocer las universidades
Otro elemento cuestionado por UNIVERSIDAD fue el hecho de que no se incluyera la acción social dentro las actividades que financiaría el FEES, pese a que esta es una actividad sustantiva en las universidades: “Una omisión involuntaria”, fue la respuesta entera del MEP en este tema, solo superada en corta extensión cuando se le consultó si tiene conocimiento pleno del funcionamiento de las universidades públicas: “Sí”.
Para el rector de la UCR, es justo lo contrario: “Es una clara y absoluta evidencia de ese desconocimiento por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, sobre cómo funcionan las universidades públicas y así pretenden ser ellos quienes vengan a regular el trabajo que realizamos. La acción social es fundamental en todas las universidades, tal y como lo es la docencia, la investigación y la vida estudiantil”.
En la misma línea, el rector de la UNED señaló que estas respuestas demuestran “el desconocimiento de quienes elaboraron este proyecto de ley sobre muchísimos aspectos vinculados con el quehacer de las universidades”.
Otra argumentación del MEP señala que a las universidades es “a quienes corresponde determinar la pertinencia de su propio quehacer”, debido a la autonomía universitaria: “Las universidades pueden establecer sus planes, programas y presupuestos, entre otras facultades”. Pese a este reconocimiento, la ley propuesta permitiría la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones de las casas de educación superior estatal.
