El Tribunal de la Inspección Judicial ordenó la apertura de un proceso administrativo disciplinario en contra de la letrada de la Sala III en el Centro de Jurisprudencia, Laura Chaves, a raíz de un artículo de opinión publicado bajo su autoría en UNIVERSIDAD, en donde se realizaban fuertes críticas a la exfiscala general, Emilia Navas.
La investigación se inició ante una queja presentada por la magistrada de la Sala III y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano. Los hechos se remontan a noviembre del 2021, cuando Chaves envió un artículo de opinión a UNIVERSIDAD, titulado Emilia Navas Aparicio: ¡MUCHA PENA Y NINGUNA GLORIA! y que fue publicado en la edición digital de este semanario.
“Ella dice que con mi publicación yo comprometo el criterio de la Sala III, lo cual jamás puede ser. Primero, porque yo no soy magistrada, yo no dicto resoluciones. Segundo, pues soy letrada, pero soy letrada del Centro de Jurisprudencia. Es decir, yo no tramito ningún expediente, ni elaboro ningún proyecto de sentencia. Y ella lo sabe. Entonces, me parece que no es correcto la afirmación que ella hace de que yo comprometo el criterio de la Sala III”, dijo la letrada sobre la acusación de Solano.
Sobre este tema, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitrajud), Jorge Cartín, manifestó su desaprobación hacia esta situación y explicó que anteriormente han ocurrido situaciones similares contra miembros del sindicato:
“Parece que se está volviendo común en el Poder Judicial entablar este tipo de procesos contra los trabajadores cuando se atreven a hacer algún tipo de comentario o se atreven a hacer algún tipo de denuncia”
En el expediente, al que tuvo acceso UNIVERSIDAD, se señala que Chaves presuntamente podría haber violentado las normas propias del Poder Judicial, por haber externado su criterio sobre dos causas penales cuya tramitación no ha concluido.
En el artículo de opinión, la letrada escribió:
“Con sus caprichosas actuaciones como fiscal general de la República, Emilia Navas nos arrastró a la época más negra y preocupante de la institucionalidad costarricense, al punto que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos”.
Por otro lado, en ese mismo texto figura:
“Cuatro años después, y con la ex fiscal general Navas fuera del cargo, el Ministerio Público únicamente formuló la acusación en el caso llamado “cementazo”. No se acusó a ningún miembro de los Supremos Poderes, nunca fueron indagados, pero si fueron condenados y perseguidos por una opinión pública que dio por ciertos cuestionamientos que circularon por meses”.
Al respecto, Chaves comentó a este semanario que: “Yo dije que a día de hoy se había acusado la causa del cementazo, lo cual es cierto. Y ella aporta una certificación del Ministerio Público, donde dice que la causa está en trámite, como si yo hubiera faltado a la verdad. Yo dije que se había acusado. Lo que dije es que no se había acusado a ningún miembro del Supremo Poder. Actualmente, no hay ningún miembro del Supremo Poder, porque se acusaron a los que habían sido diputados en la legislatura pasada, actualmente no lo son. En el momento de la acusación no son diputados, no son miembros de los supremos poderes. Y entonces eso tendrá que conocerse en la jurisdicción ordinaria y no en el procedimiento especial de Supremos Poderes”.
Ante esta situación, la letrada manifestó que ya presentó un recurso de amparo, el cual fue acogido por la Sala Constitucional, la cual ordenó como medida cautelar que no se resuelva la investigación hasta que el órgano dicte sentencia.
“Por eso acudí a la Sala Constitucional, presenté un recurso de amparo; porque me parece que el darle curso a esa queja —la inspección judicial—. me está limitando mi libertad de expresión, de pensamiento y de opinión”, añadió la letrada.
En esto coincidió el dirigente de Sitrajud, quien señaló que las inspecciones judiciales tienen una función disciplinaria para actos propios del trabajo de cada funcionario como, por ejemplo, cuando se atiende de forma indebida a un usuario.
“La inspección judicial no está para andar persiguiendo a trabajadores que libremente ejercen la democracia y tienen todo su derecho a señalar aquellos aspectos que no le parecen de lo que es la administración pública”, dijo Cartín.
En sus declaraciones a este semanario, la magistrada Solano aseguró que “la queja planteada no está relacionada con la libertad de expresión al que tienen derecho todas las personas, incluidas las personas funcionarias judiciales”.
Chaves, actualmente con un permiso de incapacidad debido a la afectación emocional que le ha causado la situación, manifestó que la situación podría tratarse de un “claro acoso laboral”, puesto que, según la letrada, anteriormente la magistrada también presentó una solicitud para que fuera revocado su nombramiento como integrante suplente del Consejo Superior, por otros motivos.
Solano indicó que, dentro de sus obligaciones como presidenta de la Sala de Casación Penal, se encuentra el deber de asegurar el servicio del valor de administración de justicia en todos los ámbitos de trabajo, lo cual en ocasiones implica “tomar las medidas pertinentes y necesarias ante cualquier evidencia de posibles desviaciones, faltas o irregularidades”.
Entre tanto, el secretario general del Sitrajud aseveró que se está utilizando la figura de la inspección judicial como un instrumento para generar miedo a lo interno del Poder Judicial: “Lo que van a hacer es que la gente entre en un sistema de temor y entonces va a ver las cosas pero no se va a atrever a decirlas, porque eso eventualmente va a incomodar a un alto jerarca y le va a interponer un proceso”.
“Me tiene muy afectada, de hecho, por eso es la incapacidad. Yo puedo perder mi trabajo por un proceso disciplinario”, dijo Chaves, sobre toda esta situación.
Cartín manifestó también el respaldo del sindicato hacia Chaves:
“Sitrajud rechaza completamente este tipo de actuaciones y vamos a estar siempre acompañando a las personas que se vean involucradas en estas situaciones, donde se violenten estos derechos y por supuesto, en el caso de Laura, tiene totalmente nuestro apoyo”.
Tras ser consultada por UNIVERSIDAD, la magistrada Solano manifestó que no puede referirse al contenido de la “gestión tramitada en la Inspección Judicial”, hasta que exista una resolución final del procedimiento administrativo sancionatorio.
