En setiembre del año 2017, tras cuestionamientos que diversos grupos y sectores de la sociedad realizaron a Jorge Chavarría Guzmán, en ese entonces Fiscal General de la República, Corte Plena acordó suspenderlo del cargo, pues se le abrió una investigación disciplinaria, y en su lugar temporalmente se designó en ese puesto a la fiscala Emilia Navas Aparicio. Seis meses después fue electa por unanimidad en el cargo por el período legal de cuatro años.
Este es quizá uno de los nombramientos judiciales que más expectativa causó, no solo por la coyuntura en la que ella asumió sino por su forma de ejercer el cargo, principalmente en las diligencias relacionadas con miembros de Supremos Poderes. Alrededor de esta funcionaria se tejió un velo de dama de hierro, mujer fuerte, inquebrantable, incorruptible y hasta presidenciable.
Su sello de fiscala implacable se sintió a lo interno del Poder Judicial, muchas personas funcionarias fuimos víctimas de sus acciones arbitrarias. Navas se dedicó a abrir causas penales al personal interno del Ministerio Público y de otros ámbitos judiciales, sin la valoración jurídica necesaria que estableciera un juicio de probabilidad, desde mi criterio violentando el principio de objetividad al que está obligado el Ministerio Público. Las causas se abrieron y se tramitaron sin contar con la solidez probatoria que exige la ley procesal penal. Fuimos expuestos y señalados en medios de prensa dañando no solo nuestra honorabilidad sino nuestro prestigio profesional.
Con sus caprichosas actuaciones como Fiscal General de la República, Emilia Navas nos arrastró a la época más negra y preocupante de la institucionalidad costarricense, al punto que un Tribunal de la República indicó en una sentencia donde figuraban como imputados Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, que desde el Ministerio Público se patrocinó testigos falsos.
Pasamos de ser un estado de derecho, en donde, ante la posibilidad de que se haya cometido un delito, se debe conducir una investigación con arreglo a la legalidad, a una sociedad controlada por un sistema represivo digno de las épocas más oscuras de la antigua Roma. Se abolió, de hecho, el principio de inocencia, en virtud del cual nadie es culpable hasta que en un juicio se demuestre lo contrario, sin embargo fuimos instrumentalizados y condenados mediáticamente sin siquiera existir aspectos objetivos para llevar un asunto a juicio.
La ciudadanía la elevó al pedestal más alto. El mensaje que se transmitía fue “ahora sí se está trabajando contra la corrupción”, pero nada más ficticio, puesto que al hacer un recuento de los casos más mediáticos, en ninguno de éstos lograron confirmar ante Tribunales de la República su hipótesis acusatoria.
Cuatro años después, y con la ex Fiscal General Navas fuera del cargo, el Ministerio Público únicamente formuló la acusación en el caso llamado “cementazo”. No se acusó a ningún miembro de los Supremos Poderes, nunca fueron indagados, pero si fueron condenados y perseguidos por una opinión pública que dio por ciertos cuestionamientos que circularon por meses. Este caso, “el cementazo” fue un trampolín para Navas. Le sirvió a su gestión para mostrarse como una mujer que no le temía a nada ni a nadie, como llevar a su antecesor a juicio, quien fue absuelto en medio de un “juicio mudo”, ya que nunca hubo prueba de cargo para destruir el principio de inocencia. El Ministerio Público no fue capaz de llevar un solo testigo, nunca tuvo un caso.
La ex Fiscal General Navas, se decantó, en algunos casos, por detener y luego investigar; apelar sin fundamento cuando las Juezas y los Jueces de la República le dijeron en reiteradas ocasiones que no llevaba razón, como el caso del expresidente Arias Sánchez.
Las expectativas que generó el nombramiento de la ex Fiscala General Navas es de igual tamaño que su deshonrosa salida, dejando la reputación, credibilidad y confianza del Ministerio Público gravemente comprometida. Sus inhibitorias en casos de corrupción por su relación de pareja con un abogado defensor no es lo que el país ni el Poder Judicial necesita, se equivocó al afirmar que al país le servía que ella siguiera al frente del Ministerio Público. Hoy, somos muchos quienes nos preguntamos: ¿a quién y para qué le servían “sus servicios”?
Esta página negra y tan perjudicial para nuestra institucionalidad debe servir de advertencia para Corte Plena, porque si bien todos los funcionarios judiciales que en algún momento tenemos que ver con la administración de justicia, estamos expuestos a tener que inhibirnos en algún caso en particular, lo cierto es que si ya la situación es preexistente, como sucede en el caso de marras, debería llamar a la prudencia y mesura en el nombramiento de la persona que ocupe en el futuro la silla de Fiscal o Fiscala General de la República.
- La autora es abogada, Letrada de la Sala de Casación Penal, Jueza Penal e Integrante Suplente del Consejo Superior del Poder Judicial.
