Un escrito que define la autonomía de las universidades públicas como “libertad de cátedra” fue emitido por la viceministra de Presidencia, María Devandas. El documento fue enviado a la Sala Constitucional desde el despacho de la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), la diputada Laura Guido.
Así consta en un borrador que circuló en la Asamblea Legislativa esta semana, y del cual UNIVERSIDAD recibió copia. Los metadatos del documento de Word consignan como autora a Devandas y la fecha de creación el viernes 25 de junio.
Guido figura como la primera entre 24 legisladores que firmaron el documento que se envió a la Sala IV el día 29 de junio. También consigna un correo de Gmail de su despacho para las notificaciones del órgano judicial.
En el escrito, los firmantes disputan una primera consulta facultativa sobre la Ley de Empleo Público (21.336).
En un apartado sobre las autonomías, el documento dice que las universidades “gozan constitucionalmente de 3 tipos de autonomía: 1) la académica que se traduce fundamentalmente en el respeto a la libertad de cátedra; 2) la económica que está garantizada en el artículo 85 constitucional y la 3) funcional, recogida en el artículo 84 de la Constitución”.
El escrito para los magistrados dice que “ni la autonomía de autogobierno, ni la política ni la de naturaleza administrativa autorizan a las universidades estatales para dictarse un régimen propio de empleo público (…). Es por eso que el régimen tiene sus propias reglas en materia de capacitación a su personal, con el fin de no entrometerse en la libertad de cátedra tienen sus propios plazos y formas de elegir a los puestos de la alta dirección pública”.
El escrito manifiesta que las universidades “junto con MIDEPLAN (Ministerio de Planificación), deben de coordinar la creación de su columna salarial”, así como “su propia familia de puestos, por lo que se les considerará los criterios específicos para ellos”.
No obstante, en contradicción con lo que dice el escrito, el proyecto de ley plantea instrumentos externos que, de igual forma, intervendrían en la aplicación del principio de libertad de cátedra como: la creación de un registro de personas “inelegibles” para ejercer la función pública (su creación está sujeta a que se reglamente el proyeto de ley); un proceso de despido para funcionarios públicos que quedaría en manos del Tribunal Administrativo del Servicio Civil (adscrito a Mideplan) y le da a Mideplan, como ente rector, competencias para emitir circulares, reglamentos, normativas y resoluciones, sin límite al tipo de contenido que puede dictar el órgano Ejecutivo.
Este jueves en la mañana, UNIVERSIDAD solicitó declaraciones tanto a la viceministra de Presidencia como a la diputada Laura Guido sobre la redacción del documento.
“Hay esfuerzos de coordinación con las fracciones donde el viceministro de enlace Legislativo ha tenido el rol de apoyar con la facilitación de insumos técnicos desde el Poder Ejecutivo”, dice un correo firmado como “Ministerio de la Presidencia”, enviado esta tarde.
“El documento con los argumentos puestos en conocimiento de la Sala Constitucional, se construyó partir (sic) de los insumos brindados por los diputados y diputadas firmantes. En el proceso, El Ministerio de la Presidencia brindó aportes de carácter técnico, como parte de la coordinación con la Fracción”, respondió en un mensaje de texto el asesor de fracción del PAC, Víctor Vargas.
Antes del primer debate del proyecto, el pasado 17 de junio, fue más bien el Ministerio de Planificación (Mideplan) quien asesoró técnicamente el tema frente a los diputados, al ser un proyecto de ley del Ejecutivo.
UNIVERSIDAD también informó que el exasesor del presidente Carlos Alvarado, Camilo Saldarriaga, se involucró en el proceso de la ley durante diciembre del 2020.
Las consultas facultativas a proyectos de ley son un mecanismo constitucional que requiere firmas de un grupo de al menos 10 diputados, para “corroborar que dicho proyecto no infrinja el Derecho de la Constitución, es decir, que no sea constitucional o haya irrespetado el procedimiento legislativo”.
“Coadyuvancia” afirma que universidades no pueden contar con régimen de empleo propio
El documento de Word en el que aparece la firma digital de la viceministra Devandas fue concebido como una “coadyuvancia”, una figura de asistencia externa en procesos judiciales que no existe en las consultas constitucionales de la Asamblea Legislativa.
En la copia que recibió la Sala IV, la titulación del documento es “un escrito para mejor resolver sobre la consulta de constitucionalidad” que fue liderada por los diputados José María Villalta (Frente Amplio) y Paola Vega (PAC).
Para “mejor resolver” el tema de las autonomías universitarias, el documento ofrece una sentencia de 1996 del exmagistrado Rodolfo Piza Escalante que afirma “Tampoco esa autonomía se extiende a las materias no universitarias, es decir, las no relativas a la docencia e investigación en la enseñanza superior, aunque se trate de otras estrictamente universitarias, puestas bajo su cuidado”. Piza resolvió un recurso de amparo presentado por cuatro funcionarias de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) a quienes la universidad les “suspendió su cotización patronal para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional” y les quitó beneficios de ahorro patronal, durante un periodo de incapacidad.
Además de apoyarse en el criterio de Piza, el escrito que lidera la diputada Laura Guido dice que “la propia Constitución Política habilita a la Asamblea Legislativa a legislar sobre las materias encomendadas a las universidades, es más evidente que también puede hacerlo sobre aquellos tópicos que no están puestas bajo su competencia, y que por el contrario son temas de índole nacional”.
Lista de firmas en el “escrito” de los diputados
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