El Ministerio de Salud ordenó a la empresa Renta Trigal S.A., que ocupa una extensa área en la margen del río Virilla, a un costado de la Ruta 32, paralizar inmediatamente las actividades en el sitio, retirar los contenedores y demás material que se encuentra en el predio y demoler todas las estructuras ubicadas en el lugar.
Asimismo, una resolución de la Sala Constitucional del 11 de setiembre ordenó al Tribunal Ambiental Administrativo, al Viceministerio de Salud y al Estado, tomar acciones sobre el caso, donde los movimientos y las construcciones realizadas en el sitio han invadido el área de protección del río Virilla y modificado su cauce.
El sitio se ubica a un costado de la ruta 32, un kilómetro al este del Restaurante Doña Lela.
Según consta en el oficio MS-DRRSCN-DARSS-2056-2020, el 21 de agosto la Dirección del Área Rectora de Salud Santo Domingo del Ministerio de Salud señaló a la empresa Renta Trigal S.A. que no tiene permisos de funcionamiento para la actividad comercial desde el 2016; que está en una zona de alta vulnerabilidad y que por la forma indiscriminada de realizar movimientos de tierra y obras constructivas sin planificación ni permisos ha afectado el cañón del río Virilla erosionándolo y convirtiéndolo en una amenaza que puede generar la pérdida de vidas humanas; y que la ubicación y la actividad que realiza en el sitio no son aptas para personas.
De igual forma, le notifica que, según un visto bueno municipal, le autorizaron a desarrollar la actividad de parqueo de contenedores; pero que ese permiso no permitía la construcción, movimientos de tierra ni taller mecánico y que debía respetar la zona de protección del río Virilla, lo cual no ha cumplido.
Mediante esa orden sanitaria, el Ministerio de Salud le ordenó a la empresa suspender inmediatamente todo tipo de actividades desarrolladas en el predio; retirar los contenedores, chatarra y todo lo ubicado en el sitio, dentro de 15 días; y demoler todas las estructuras ubicadas en la propiedad (ducha, taller, galpón) en un plazo de un mes. También deberá tramitar las obras de estabilizacion del margen del río ante el Ministeriuo de Ambiente (Minae) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Guillermo Arroyo, integrante del Comité Pro-Defensa del Río Virilla, dijo a UNIVERSIDAD que, por un lado, siente una profunda alegría de saber que se está iniciando un camino correcto de resolver el grave problema que se tiene de invasión y destrozo del río Virilla y su zona de protección especial.
“Siempre es generadora de esperanza que la Sala Constitucional y el fallo del Contencioso Administrativo marquen el inicio de lo que debió haber sido hace 10 años la corrección de esta violación de los derechos ambientales”, expresó Arroyo.
No obstante, dijo que, por otro lado, siente dudas ante la posibilidad real de que las oficinas del Ministerio de Salud actúen como debe ser, “ya que durante mucho tiempo las instituciones públicas no han asumido sus responsabilidades”.
“De ser así, tendríamos que volver a insistir ante la Sala por desacato, si las autoridades de salud no cierran y paran las actividades que se generan por parte de la empresa en la invasión del río Virilla”, manifestó.
Daño ambiental inicial valorado en ¢26 millones
El Comité Pro Defensa Río Virilla ha liderado el proceso de denuncia de la invasión del área de protección del río y la modificación de su cauce, lo cual es absolutamente ilegal.
En un comunicado con motivo de la resolución de la Sala Constitucional recordaron que “la plataforma de lastre, piedras y escombros de 6 metros de altura y de más de 60.000 metros cuadrados sobre el lecho del río se ha convertido en una represa artificial que estrangula el flujo de aguas que de manera natural debería existir, además de que las modificaciones le han quitado más de 4 hectáreas al cantón josefino”.
Como reportó en su momento UNIVERSIDAD, funcionarios de la Oficina Subregional de Heredia del Área de Conservación Central (ACC) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) inspeccionaron el sitio y plantearon una valoración de los daños ambientales por ¢26.503.191. Esto por la destrucción de una zona de bosque muy húmedo premontano.
De acuerdo con Jorge Salas, asesor en el despacho del abogado ambientalista Edgardo Araya -quien lleva el caso– ese monto sale de una valoración nada más de las áreas de protección; es decir, los 50 metros a cada lado del cauce. Pero aún no se ha valorado el daño que generó modificar el cauce del río. El Tribunal Ambiental Administrativo ordenó a la Dirección de Aguas del Minae hacer esa valoración.
Salas también señaló a UNIVERSIDAD que además, las municipalidades de Moravia y Santo Domingo también tienen responsabilidad, no solo desde el punto de vista ambiental.
“La empresa logro correr el río Virilla, cambiar su cauce y pasar la mitad de una finca de Moravia a Santo Domingo y esto porque el río Virilla es el límite entre los dos cantones. Pese a que hay pronunciamientos del Registro Nacional que dicen que en efecto se ha modificado el límite entre los dos cantones y entre las provincias, porque el Virilla divide San José de Heredia, las municipalidades nunca hicieron nada y pasaron tirándose la bola sobre a quién le correspondía emitir los permisos y así se la llevaron diez años”, destacó Salas.
UNIVERSIDAD contactó a la empresa Renta Trigal S.A. para conocer su versión; pero no se obtuvo respuesta de su representante antes de la hora de cierre.
En marzo de este año, UNIVERSIDAD publicó el artículo “Río Virilla sufre a la altura de Moravia”, en el que el representante de la empresa Renta Trigal S.A., Eduardo Soto Camacho, afirma que la Setena le dio el permiso para construir el dique en el 2013. Eso consta en la resolución 31-32-2019-Setena. Pero ese mismo documento señala que en una inspección realizada en 2014 se constató que se cambió el lugar donde se iba a construir y que en ese lugar ahora hay un relleno y es el área sobre la cual se pretende construir un predio para contenedores (no avalado por dicha institución). La Setena también señaló que sobre la margen derecha del río se realizaban obras de relleno, nivelación y posteriormente lastrado para la habilitación de un parqueo de contenedores; las cuales no tenían viabilidad ambiental.
Problemática de larga historia
Amanda Arroyo, integrante del Comité Pro Defensa Río Virilla, explicó a UNIVERSIDAD que el caso tiene más de una década y que han sido las y los vecinos de Santo Domingo y de Moravia, quienes han denunciado los daños y la inacción de las autoridades.
“Desde que se empezó el tajo con Pedregal, muchas personas de la zona, especialmente Carlos Luis Serrano, empezó a hacer un movimiento para pedirle a las municipalidades que tomaran cartas en el asunto y que detuvieran eso porque estaban haciendo destrozos ambientales”, dijo Arroyo.
“Talaron un montón de árboles, tiraban escombros y desechos a los ríos, era una cosa terrible y, pues al final el tajo se va y llegan estas empresas que empiezan a hacer cosas peores”, relató la joven.
Con el desvío del cauce y la instalación de la empresa de los contenedores, más gente empezó a preocuparse porque, no solo es la contaminación del agua, sino que muchas casas se pueden caer a la cuenca, contó Arroyo. En el 2016 se creó el Comité, que agrupa a gente de Moravia y Santo Domingo para poder hacer un control político y denuncias formales.
Este caso tiene denuncias planteadas desde hace más de una década ante diversas instancias.
El 15 de octubre del 2009, el Tribunal Ambiental Administrativo recibió un escrito de Yenory Ovares Afaro, con una denuncia ambiental por supuesta afectación de área de protección del río Virilla en el sitio localizado en la entrada del Tajo Pedregal.
El 12 de marzo de 2018, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió un proceso ordinario administrativo contra los representantes legales de las empresas que tienen el predio de contenedores.
En mayo del 2019, el Departamento de Aguas del Minae remitió dos informes, después de hacer una inspección al sitio.
En julio de este año Esteban Ventura y Guillermo Arroyo, interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Minae, el Tribunal Ambiental Administrativo y la Municipalidad de Moravia.
