La afectación al río Virilla en el punto donde se encuentra la empresa Grupo Trigal constituye una polémica de larga data que la enfrenta con vecinos de Moravia. Es un predio donde se mantienen varias decenas de contenedores, un taller mecánico, y se ubica en un sitio donde la afectación histórica al río es más que evidente.
Se trata de una empresa dedicada al alquiler de bodegas y contenedores, que también tiene otra sede en Santa Ana. La propiedad en cuestión se ubica en un cañón dividido entre Santo Domingo y la localidad de Los Sitios de Moravia; está conformada por un relleno de material de varios metros de alto sobre el que se estableció el predio donde opera la empresa, que compró los terrenos en 2010.
“Este es un caso paradigmático de violación de la normativa ambiental, comenzó a través de una empresa que tiene una propiedad sobre la ruta 32, del lado de Santo Domingo, que poco a poco comenzó a generar movimiento de tierra y maquinaria”, dijo Daniel Torres, regidor por el Frente Amplio en el Concejo Municipal de Moravia.
Dijo que se invadió el área de protección del río, “al punto que se comienzó a meter material al cauce y a hacer dragados —de todo eso hay documentación fotográfica y audiovisual— mientras las autoridades brillaban por su ausencia, tanto a nivel nacional como a nivel municipal”.
En ese sentido, describió un “entramado de complicidad” histórico en la Municipalidad de Santo Domingo y la de Moravia, pues “han intentado evadir las responsabilidades por interpretaciones de a quién le corresponde”. Así, se ha alegado confusión conrespecto a los límites de cada cantón tras darse la desviación del cauce del río.
Dijo que, por ello, al llegar al Concejo Municipal “la primera batalla fue mostrar que a Moravia sí le correspondía intervenir en el caso; primero porque es una construcción que, como toda en el cantón, requiere permiso, requiere uso de suelo y también requiere patente comercial”.
Sin embargo, informó que si bien las municipalidades de Moravia y Santo Domingo establecieron un convenio para realizar el necesario amojonamiento en el sitio, “eso ha quedado estancado”.
Mensaje claro
Esteban Ventura, del Comité Pro Defensa del Río Virilla, informó que un estudio del Instituto Geográfico Nacional comprobó que hubo desviación del cauce del río; también aseveró que la empresa “no tiene patentes comerciales ni de la Municipalidad de Santo Domingo ni la de Moravia, no posee el estudio de impacto ambiental”.
Apuntó que se trata, además, de un área de protección especial porque es un cauce de dominio público, por lo cual “la ley establece un retiro del centro del cauce original del río 50 metros a ambos lados de la marca en el río; por lo consiguiente, no es posible para ninguna institución local o nacional otorgarle permiso de funcionamiento. Ahí hay bodegas, talleres mecánicos, almacén, estacionamiento de contenedores”.
Puntualizó así que “el relleno que se ha construido ahí es más o menos de seis metros de alto y unos 60.000 metros cuadrados directamente sobre el cauce del río”.
En una visita de UNIVERSIDAD al sitio, Ventura insistió en que “ni tienen permisos, ni pagan impuestos”; y denunció que funciona un taller, cuyos “desechos y aceites van a dar directamente al río”. Cuestionó, además, que el patio de contenedores “oficialmente es un uso no comercial” y que normalmente se pueden observar allí hasta unos 80.
“No es entendible ni de recibo que las instituciones no puedan detener esto”, aseveró, y dijo que, aunque vecinos de la zona han escuchado detonaciones, no se ha podido comprobar que se haya usado dinamita o algún otro explosivo para socavar la montaña.
Tras insistir en que “la Municipalidad de Moravia no ha querido cumplir con el amojonamiento”, sentenció con gravedad que “se manda un mensaje claro si las personas con poder evitan cumplir la ley”.
“Todo el mundo está perdido”
Eduardo Soto, propietario de la empresa, aseguró que está al día con todos los compromisos legales: “todo, permiso de construcción, se pagan ¢3 millones cada tres meses. Es la única empresa en Costa Rica que está bien a nivel de Hacienda, a nivel Municipal; es la única empresa de todas las de Santo Domingo que está al día con todos los impuestos”.
El empresario recordó que antes de Grupo Trigal, en el sitio la empresa Pedregal operó un tajo, que explotó materiales para la construcción de la ruta 32. “Ahí Pedregal ponía el río para un lado y lo ponía para el otro”. También detalló que la propiedad incluye dos hectáreas del lado de Moravia y tres y media del de Santo Domingo.
“Entonces —continuó—, la gente cree que uno se robó el río y que hizo todo eso. Además, hay un vecino que bota basura y él necesita que esté esto caliente para seguir botando basura, ya mató a un señor”.
En efecto, del lado colindante con Santo Domingo hay un terreno que según se dice ha funcionado como botadero, y en 2018, tras un derrumbe, murió una persona. Sin embargo, este semanario visitó ese sitio el 16 de marzo y al menos en ese momento no funcionaba como tal.
Se contrastó la versión de Soto con estudios realizados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) (ver recuadro), así como de la propia Municipalidad de Moravia, los cuales apuntan cambios recientes hechos ya por el Grupo Trigal.
Soto replicó que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) dio el permiso para construir el dique en el 2013, “por eso se ve que hay un cambio, pero nadie le pone atención a eso”.
En la resolución 31-32-2019-Setena consta que en 2013 esa institución otorgó viabilidad a la construcción del dique. Sin embargo, ese mismo documento señala que una inspección realizada en 2014 reveló que “existe un cambio en la ubicación del dique avalado por Setena” y que “el sitio donde debía haberse construido el dique actualmente se encuentra como un relleno y es el área sobre la cual se pretende construir un predio para contenedores (no avalado por esta institución)”.
Además, en el documento se señala que en el margen derecha del río se realizaban en ese momento “obras de relleno, nivelación y posteriormente lastrado para la habilitación de un parqueo de contenedores”, pero que la viabilidad ambiental fue otorgada “ÚNICAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE” (mayúsculas del original) y que esas obras “no fueron presentadas como modificación al proyecto”.
El caso se encuentra en un proceso pendiente de resolución ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), que según Soto “no haya cómo entrarle a la situación, desde hace nueve años, porque ellos no saben qué hacer, porque la Municipalidad (de Santo Domingo) nos visó el plano, aceptó el dique y ahora resulta que hacen todo este alboroto”.
“También en el Sinac todo el mundo está perdido en esto, pero diay, no importa, hay que esperar que se termine lo del TAA a ver qué van a decir”, añadió.
Además, aseveró que el problema se debe a que nunca se realizó un cierre técnico del tajo. “Es el único tajo en Costa Rica que no tiene el cierre técnico, entonces no se sabe dónde estaba el río” al momento en que se compró. “La misma municipalidad de Moravia no quiso hacer el cierre no sé por qué; si lo hubieran hecho, hubiera quedado el río donde estaba en 1999. Yo compré en 2010 y el río estaba donde estaba” diez años antes, aseguró.
Sinac: Reparación ambiental
En febrero del año pasado funcionarios de la Oficina Subregional de Heredia del Área de Conservación Central (ACC) del Sinac realizaron una inspección en el sitio como parte del proceso que se sigue ante el TAA.
Los resultados de esa inspección fueron consignados en el oficio SINAC-ACC-OH-751-2019, de julio de 2019 y que identifica a la empresa con la razón social Renta Trigal S.A.
Ese documento apunta que se constató tanto en el sitio como en información geográfica de acceso público, que en el predio “se dio el desvío del río Virilla y relleno del cauce y la afectación al área de protección en la margen oeste del mismo, (…) en un tramo de aproximadamente 485 m de longitud y 0,5 ha de área”.
Al comparar la situación actual con la foto aérea más antigua disponible, de 2005, comprobaron que un contenedor, unos bloques así como un viejo avión que se mantiene en el sitio, “ubicados hoy en la margen del río, corresponden al cauce de este”.
“Para el año 2013 —reza el documento—, el cauce ha sido dirigido hacia su margen este y se ha rellenado un sector donde anteriormente se ubicaba una isleta de material del río que pertenecía a su cauce, perdiendo su bifurcación en este sector”.
Durante los años 2014 y 2019 “persistió el relleno del cauce, los cambios en la cobertura del área rellenada y la disposición de activos sobre lo que una vez fue el cauce y su área de protección en la margen este del Río Virilla”.
La valoración de los daños fue planteada en otro oficio, el SINAC-ACC-OH-908-2019, del 5 de agosto. Tras mencionar (pero no citar) un estudio del Instituto Tecnológico, según el cual se trata de una zona de bosque muy húmedo premontano, recuerda la estimación de que el desvío del cauce se dio en un tramo de aproximadamente 485 metros de distancia.
Así, parte de que el alineamiento otorgado por el INVU es de 10 metros de área de protección. El documento afirma que el área total afectada es de 5.000 m² y que implicó “la remoción de vegetación y el movimiento de suelo”.
Para recuperar el área afectada, se propone la siembra de 408 árboles de especies nativas de al menos 1,5 metros de altura.
Así, estima que los costos de esa reparación incluyen la compra y siembra de árboles, su mantenimiento por tres años, insumos, seguimiento de Sinac, regente ambiental y “más de seis millones (de colones) en costo social, que ascienden a ¢26.503.191.
El documento también apunta que, “bajo la premisa de que, bajo ninguna circunstancia el infractor podrá disfrutar del daño ambiental causado”, recomendó vetar “el uso por parte de la empresa Renta Trigal S.A. de la totalidad del área afectada, tanto mediante la afectación del área de protección como el relleno del cauce del Río Virilla”.
