La Comisión de Hacendarios estudió dos expedientes durante su sesión de miércoles: el primero de ellos referido al criterio que la Contraloría General de la República (CGR) tiene que emitir a la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto del 2019; el segundo sobre el trámite de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se usará como “apoyo presupuestario” para cerrar el gasto público del 2020.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central fue convocado para explicar la pertinencia de ese endeudamiento, después de que los diputados de Hacendarios manifestaran dudas sobre el ordenamiento jurídico de un préstamo “atípico”, como lo calificó Cubero.
De acuerdo con información de la Comisión, la última vez que la Asamblea Legislativa tramitó un contrato con el FMI fue en 1995 (en el 2008, se solicitó una eventual línea de crédito que no fue utilizada, finalmente).
La presidenta de Hacendarios, Silvia Hernández, pidió criterio a Cubero sobre cuáles partidas del presupuesto deberán modificarse para usar el dinero del FMI.
Cubero primero dijo que no es la autoridad competente para definir las partidas de uso del préstamo, puesto que le corresponde al Ministerio de Hacienda realizar esta propuesta, sin embargo, detalló que piensa que son los rubros “que tienen que ver con financiamiento por medio de la deuda doméstica”.
Cubero pidió que no se cambie el propósito del préstamo para cumplir con otros objetivos y “que se deje como un crédito de apoyo presupuestario, y en ese sentido que sea el financiamiento doméstico el que se sustituya”.
“Que el Gobierno de la República logre financiarse con créditos multilaterales en condiciones blandas, tasa y plazo, es un buen negocio para Gobierno y para el país. El hecho de financiarla en condiciones favorables, no aumenta el gasto”, aseguró Cubero.
El criterio del presidente del BCCR fue previamente compartido por la contralora Marta Acosta quien fungió doble propósito en Hacendarios. Como consultora del préstamo del FMI pero, primero, como rectora de la contabilidad estatal.
Acosta explicó que el préstamo del FMI es “sustitución de deuda”: el dinero del FMI pagaría deuda pública, la cual el Estado la está pagando con intereses superiores a los que pide el organismo internacional. La contralora también afirmó que “estos recursos son para al presupuesto de este año, no del 2021”. Es decir, tras su aprobación ingresarían a financiar lo que resta del año, exclusivamente.
Diputados apoyan a CGR e improban presupuesto 2019
Previo a esta discusión positiva sobre el empréstito con el FMI, Acosta también discutió con los diputados sobre el “incumplimiento” en el principio de equilibrio del presupuesto.
Acosta reprendió el uso de endeudamiento externo para pagar gasto corriente de Gobierno, en lugar de “gasto de capital o mejoras” (como los préstamos que sirven para financiar obra pública).
“Mientras no logremos controlar o no logremos ir por la senda de la sostenibilidad en materia de endeudamiento, ese principio no lo vamos a cumplir. Lo que estamos haciendo es endeudándonos para financiar gasto corriente”, dijo Acosta.
El déficit financiero de Gobierno aumentó “producto de gastos extraordinarios y pagos de intereses en diciembre del 2019”.
En la audiencia, la CGR informó que no avala la liquidación del presupuesto del 2019 ni el Informe de Resultados que emitió la Dirección General de Presupuesto Nacional.
CGR rinde estos informes como autoridad contralora, pero es la primera vez que debe rendir sus conclusiones frente a la Comisión de Hacendarios (a solicitud de la diputada Silvia Hernández).
Los fallos en la ejecución eficiente del 2019 provienen, según dijo Acosta, de “errores de clasificación y registro en los ingresos corrientes e ingresos por financiamiento” (en el caso de cómo organiza Gobierno sus ingresos) y cuestionamientos en la partidas de remuneraciones (en un caso específico, el Ministerio de Educación Pública habría pagado de más en esta partida); “incertidumbre” sobre cómo se giraron dineros a dos fondos de pensiones (la Dirección Nacional de Pensiones y la Resultados de búsqueda
Resultado web con enlaces de partes del sitio y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional).
Acosta recomendó “revisar remuneraciones para hacerlas más equitativas y más justas” (trámite que está en proceso, con la eventual aprobación de una Ley de Empleo Público que unifica el régimen de pagos) y continuar con los procesos de nominalización de incentivos salariales (medida incluida en la reforma fiscal).
Dentro de este último punto, afirmó que Poder Judicial aún no ha nominalizado ninguno de los incentivos y el Ministerio de Justicia y Paz, que no ha nominalizado los pluses de enero a junio). El MEP tiene pendientes de nominalizar 31 incentivos, Acosta habló de que “no ha sido sencillo” por el Sistema Integra 2.
La diputada María Inés Solís preguntó si este incumplimiento tendrá repercusiones por la vía “judicial”.
Acosta respondió que no hay trámites de cobro porque “hemos visto que hay acciones y se está tratando de mejorar”.
Por otro lado, la contralora Marta Acosta afirmó que avalan parcialmente los Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, del Ministerio de Planificación.
La CGR dice que existen avances en la evaluación y que ahora Mideplan usa tecnologías de información para dar “seguimiento” al Plan de Desarrollo.
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