País Peticiones para el Presidente y Asamblea Legislativa

Impuestos para ricos y reservas del Banco Central dividen debate sobre quién financiará la crisis por COVID-19

Con 62% del PIB comprometido para pagar deuda y una caída en ingresos tributarios de más de ¢1.150 millones, presiones ciñen qué tendrá que pedir o dar el Gobierno para tener dinero en próximos meses.

¿De dónde va a salir el dinero con el que el Gobierno seguirá pagando, no solo por sus gastos ordinarios, sino por el impacto de la pandemia por COVID-19? La pregunta genera criterios cada más divididos y, aún, sin dialogar en una mesa común con autoridades.

Desde abril, este Semanario presenta criterios de grupos académicos, de cámaras empresariales y, también, de las propuestas que el Ejecutivo diseña para paliar con una crisis mundial sin precedentes, agravada porque Costa Rica tiene finanzas públicas vulnerables.

En cuanto a respuestas para esta pandemia “económica”, los esquemas tributarios y el uso de las reservas del Banco Central son dos de los temas más conflictivos para quienes intentan posicionar sus ideas y propuestas en Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa.

UNIVERSIDAD consultó para este artículo con dos economistas que participan de confrontadas propuestas.

El primero de ellos fue el economista y estadístico, Juan Muñoz Giró, quien figura como uno de los firmantes de la “Carta abierta a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República de Costa Rica ante la urgencia de respuestas rápidas y eficientes para enfrentar la crisis del COVID-19”.

UNIVERSIDAD señaló que en la lista hay 20 empresarios ligados a la agrupación Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) y al grupo de empresarios Horizonte Positivo.

Por otro lado, también se pidió el criterio del economista Luis Paulino Vargas, quien dirige el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y participa del Grupo Economía Pluralista, en comunicación con Casa Presidencial, desde mayo. En una última reunión, del viernes 16 de julio, el Grupo presentó al Presidente propuestas de impuestos para segmentos ricos, no obstante, no fueron aceptadas por el mandatario en esa conversación.

Prioridades para el grupo de 56 profesionales

La primera mención es el préstamo de $508 millones, un instrumento de financiamiento rápido, un apoyo presupuestario que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado a otros países con economías debilitadas.

“La prioridad número uno, de este año, es que el Gobierno tenga recursos para pagar el déficit y esos recursos no van a venir todavía aumentando impuestos o reduciendo el gasto. Esos recursos tienen que venir de financiamiento y es necesario, urgente, prioritario, firmar el primer préstamo de ayuda del Fondo Monetario Internacional”, afirmó en entrevista el economista, Juan Muñoz Giró.

De acuerdo con Muñoz, después de este primer préstamo sucederá un acuerdo de stand-by que le dará al país $2.200 millones, pero que abrirá una negociación con sugerencias para saldar ese compromiso.

“El FMI no nos va imponer, nos puede sugerir, pero al final de cuentas es el Gobierno quien dirá por dónde irá la cosa”, explicó Muñoz.

De acuerdo con el economista, podría ocurrir una “mezcla” de medidas, entre ellos, “impuestos a los salarios más altos, especialmente a los del sector público”.

“Puede ser un tema, como lo ha mencionado el presidente del Banco Central, un tema de intercambio de presión tributaria: se aumenta el Impuesto de Valor Agregado (IVA), pero se disminuye la cotización a la Caja Costarricense del Seguro Social”, explicó Muñoz.

La reducción del gasto público es una segunda prioridad. El economista urge la Ley de Empleo Público.

Tercero, para amortizar la deuda, además de los préstamos del FMI, Muñoz recomienda vender empresas del Estado.

“Habría que ver si algunas son de valor chatarra, como la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). Puede vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), que no aporta casi nada al país”, describe el economista.

Muñoz dice que “No tenemos tiempo, de aquí a fin de año, para hablar de aumentos de impuestos. Aún si se fueran a dar, su recaudación no podría cubrir el déficit de este año”.

Sobre un modelo de tributos diseñado para gravar riqueza acumulada, afirma que “no tiene sentido”.

“Eso no funciona en ningún país, es muy difícil de controlar. La riqueza es algo que se puede desviar fuera del país. El impuesto a la riqueza no tiene sentido. En los países que ponen impuestos para la riqueza, no recaudan nada. Todo depende del impuesto. El hecho de que lo paguen los empresarios no quiere decir que sea bueno, se pueden ir del país”, dijo el economista.

El problema de un paquete de impuestos, asegura Muñoz, es el vértice político.

“El tema de impuestos va a ser difícil, dado que ya entramos al tema electoral. Difícilmente un partido político va a estar aprobando impuestos. Si uno mete un cisne en la Asamblea Legislativa, sale un ornitorrinco: uno no sabe lo que puede pasar”, afirmó Muñoz.

Sobre los proyectos de ley que reforman el impuesto de renta sobre los segmentos más ricos de contribuyentes (uno de ellos es de la diputada oficialista Paola Vega), Muñoz es tajante: “No los van a aprobar, sino ya los hubieran aprobado”.

Prioridades para el Grupo de Economía Pluralista

Desde el Grupo de Economía Pluralista, el economista Luis Paulino Vargas defiende la “tributación progresiva y solidaria”.

“Que haga que cada quien aporte según sus posibilidades y, luego, un esquema de subsidios muy progresivo, que tiene que favorecer fundamentalmente a quienes más lo necesitan. Es un poco la idea del bono Proteger pero fortalecido y ampliado”, explica Vargas.

Asimismo, en lugar de refinanciar la “deuda cara”, como ha mencionado Gobierno, el economista dice que el Banco Central podría tener una posición “más proactiva, más agresiva en el mercado financiero”.

“Es un Banco Central que tendría que ayudar a financiar al Gobierno y tendría que asumir un rol más proactivo, no solo en esa posible financiación sino un rol más activo haciendo que bajen las tasas de interés sobre la deuda pública”, explicó Vargas a este Semanario.

Desde el criterio del economista y académico, los problemas llegarían si el Banco Central continúa al margen de la discusión económica.

Sobre el financiamiento externo, Vargas lo ve como “una manera de evitar problemas, pero no es la única manera”.

“La agenda ideológica es tal que prohíbe que el Banco Central asuma un papel más activo. Ellos lo justifican teóricamente, pero en el fondo hay una cuestión muy ideológica. Inmovilizan al Banco Central, entonces podrían haber problemas: hay que ver si se van a concretar. Pero esos problemas no son inevitables”, explicó el economista.

El financiamiento externo estaría “amarrado a privatizaciones y por el estilo”.

“No es inocente, no es una cosa exactamente técnica. Toda la idea fatalista de que tenemos que recurrir a financiamiento o es una hecatombe, va amarrada a una agenda ideológica de privatizaciones”, describió Vargas.

Sobre cuáles activos públicos terminarían en estas negociaciones, Vargas habla de varias.

“Bicsa y Fanal son las joyas menos valiosas, mucho más valiosas son el Banco de Costa Rica, Kölbi o el Instituto Nacional de Seguros. El BCR está en la mira, desde antes de que usted naciera”, afirmó el economista.

“Tampoco es gran cosa, con los mismos datos del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dio números muy chiquitillos. Podemos privatizar todo eso y la deuda pública sigue siendo grandísima”, describe Vargas.


Algunos datos de Contraloría General

A mayo pasado, el 62% del PIB nacional se usa en pagar deuda.

De forma moderada, Gobierno perdería entre 2,47% (recaudaría ¢4,21 billones) y 3,11% del PIB (recaudaría ¢3,98 billones). En el 2019, esta recaudación fue de ¢4,89 billones.


6 puntos que rompen acuerdos por políticas de Estado en el COVID-19

Sectores académicos y sociales piden una “proactiva” del Banco Central en la resolución económica de la crisis. El BCCR tiene reservas de $8.000 millones que pueden usarse como emisiones, afirman desde marzo en el Centro Internacional de Política Económica

para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).

 

El Grupo Economía Pluralista pide apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central. El mecanismo propuesto es que el Ejecutivo emita bonos de deuda pública, los cuales serían adquiridos en mercado primario por un banco público y, luego, adquirida por el Banco Central en mercado secundario (tal como fue autorizada para hacerlo en la ley que permite el retiro del Fondo de Capitalización Laboral, Ley 9836).

 

Banco Central Propuestas emitidas por la Uccaep y de los 50 firmantes de una carta abierta (quienes también son miembros de grupos empresariales como Alianza Empresarial para el Desarrollo y grupos de empresarios como Horizonte Positivo) evaden discutir propuestas con el Banco Central.

 

Los argumentos son reglamentarios. La Ley Orgánica del BCCR, emitida después de la crisis de 1980, establece como mecanismo único de financiamiento a Gobierno a la emisión de letras del tesoro. No obstante, este “préstamo” debe ser saldado antes de que se termine el año fiscal en curso. Es decir, el tiempo de pago suele ser corto (y aún así se usó este mecanismo en el 2018).

 

Por otro lado, el Banco Central puede dar crédito a la banca comercial. De esta forma, los bancos pueden prestar productos financieros con ese mismo dinero, pero que, por su origen, puede prestarse a tasas de interés proporcionalmente bajas.

 

 

La modificación más sencilla es un recargo temporal sobre el impuesto de la renta, porque es proporcional a los ingresos que declara el tributante. La Asamblea Legislativa tiene dos proyectos de ley de este tipo, aún sin comisión asignada, que modifican la renta para grandes empresas y asalariados (expediente 21.883, presentado por el diputado José María Villalta) y uno diseñado para el percentil 100 de tributantes (expediente 22.034, de la oficialista Paola Vega).

 

Entre otras propuestas tributarias que se han discutido desde el Grupo de Economía Pluralista y centros de investigación universitaria: la eliminación de exenciones al Régimen de Zonas Francas; un impuesto a las grandes transacciones financieras (tasa Tobin); y gravar dividendos, participaciones sociales u otros beneficios de capital.

 

Desde el Ministerio de Hacienda se ha pedido que los diputados aprueben leyes para fortalecer controles para evitar evasión y elusión fiscal.

Política tributaria Desde las propuestas empresariales, se excluyen propuestas de más impuestos, en tanto el país ya tiene un esquema tributario vigente.

 

La Uccaep pidió, en mayo, “No proponer ni aprobar más impuestos de los existentes, regulaciones o control de precios”.

 

El economista y estadístico Juan Muñoz, firmante de la carta de los 56, cuestiona cuál es la base imponible de estos tributos (cuál tipo de riqueza estaría sujeta al impuesto) y si podría crearse algún tipo de doble imposición.

 

Otro argumento es que una modificación tributaria de esta dimensión, en el actual clima político, no tendría viabilidad dentro de la Asamblea Legislativa.

 

 

 

Propuestas de economistas de universidades y el Grupo de Economía Pluralista respaldan la aprobación del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI), como una medida de inyectar recursos inmediatos.

 

No obstante, existen desacuerdos sobre el futuro acuerdo de stand-by (un préstamo especial que se acuerda directamente con el Banco Central y en la que el FMI pediría condiciones de pago).

 

La preocupación de académicos y economistas del Grupo de Economía Pluralista es que termine convirtiéndose en más intereses y, por lo tanto, gasto.

 

El exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, afirma que “en lo que va del 2020, con cifras acumuladas entre enero y junio, los intereses se comen 39,7 % de los impuestos recaudados”.

Préstamos internacionales La aprobación del RFI con el Fondo Monetario Internacional serviría para,  posteriormente, negociar un acuerdo de stand-by.

 

De acuerdo con el economista Juan Muñoz, el acuerdo de stand-by enviará señales positivas al mercado internacional de que Costa Rica tiene una economía suficientemente sana como para sostener compromisos financieros con otros organismos internacionales.

 

Actualmente, esta imagen sana es afectada por las calificaciones de riesgo, en tanto se han deteriorado en pasados meses. De estas, han bajado las calificaciones de riesgo emitidas por Moody’s (B2 Negativa) y Fitch (B Negativa).

El Grupo de Economía Pluralista respondió a la Uccaep, en abril, que “una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo”.

 

De acuerdo con el economista de la UNED, Luis Paulino Vargas, son aportes muy pequeños.

 

El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, calculó precios para algunos activos. Entre ellos, el más onerosa sería el Banco de Costa Rica (con un tope de $1.200 millones) y la más pequeña sería Kölbi (alrededor de $1 millón).

Ventas de activos El presidente Carlos Alvarado respalda la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). En abril, la Uccaep pidió “un plan de venta de activos del Estado” que incluya fecha perentoria.

 

El economista Gerardo Corrales, firmante de la carta de los 56, mencionó en el programa de radio Matices que el Gobierno podría considerar la marca Kölbi, del ICE, y al Banco de Costa Rica.

 

Estas privatizaciones también se han discutido en Asamblea Legislativa. Este martes, durante la aprobación del presupuesto extraordinario, la legisladora María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, también habló de privatizar el BCR y las telecomunicaciones del ICE.

Los recortes a programas de infraestructura, inversión social y gastos de salud generaron conflicto en la Asamblea Legislativa durante la semana pasada.

 

Para el Grupo de Economía Pluralista, hay que mantener el gasto en transferencias sociales para los sectores socioeconómicos más vulnerables porque eso provee de dinero a las familias, para que gasten en negocios y, por esta vía, también procuren ingresos al Estado porque el dinero “regresa” en la forma del IVA.

Gasto público La carta de los 56 pedía la aprobación pronta de un nuevo presupuesto.

 

“Es claro que este recorte no es todo lo que se requiere, y que habrá que hacer esfuerzos adicionales muy pronto, pero es un paso importante en la dirección correcta. Es imperativo aprobar los recursos necesarios para el financiamiento del programa Proteger y la sostenibilidad de la CCSS”.

 

La Uccaep, por otro lado, sostiene que Ejecutivo y diputados deben “abstenerse (…) de aprobar, proyectos de ley que generen nuevas

contingencias de gasto como las de Japdeva, a excepción de los

que reduzcan el tamaño del Estado, y por consiguiente se de una

reducción en el gasto en un futuro cercano”.

El Grupo de Economía Solidaria acusa a los 56 firmantes de una carta al Presidente que usan una

“tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público”.

 

Esta posición también es replicada por sindicatos del sector público, quienes se manifestaron el pasado 23 de julio, en contra del proyecto de reducción de las jornadas del 15%.

Empleo público Empresarios y políticos aconsejan la aprobación del proyecto de reducción temporal de la jornada laboral en un 15% para los trabajadores públicos con salarios de más de 1.5 millones (22.081) y, también, la Ley Marco de Empleo Público.

 

En junio, el Ejecutivo envió una nueva propuesta de ley que se aplicaría a nuevos empleados y que, afirman,  permitiría un  ahorro anual de ¢70.000 millones.

 


 

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