Audiencia en Asamblea Legislativa

Contralora sobre presupuesto extraordinario: “No es un tema solo de recorte con partidas”

Contralora avaló el proyecto presentado por el Ejecutivo, pero pidió a la Asamblea Legislativa cambios “estructurales” para empleo público, contratación administrativa y exoneraciones tributarias. 

La Contralora General de la República, Marta Acosta, advirtió sobre la situación financiera del país que “el lobo ya llegó”.

En audiencia con los diputados que estudian un tercer presupuesto extraordinario, Acosta afirmó que la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas era una primera medida pero que “se nos vino la pandemia sin los cambios estructurales”.

En el presupuesto que estudia la Asamblea Legislativa, Gobierno recortó un total de ¢195.000 millones, según confirmó Acosta. Gobierno anunció el lunes que el proyecto contenía reducciones por ¢327.974 millones, o sea, casi el doble de lo que sería realmente efectivo.

Acosta dijo que las reducciones de transferencias más grandes ocurrieron en “las juntas de educación y administrativas, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); los gobiernos locales, el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Consejo Nacional Vial (Conavi), Cetav, Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi).

“No deberíamos enfocarnos solo en recortar las partidas porque eso tiene un límite. Llega un momento en que le va a tocar funciones a las instituciones. No es un tema solo de recorte con partidas en el presupuesto”, afirmó la contralora, quien confirmó a los diputados que el Banvhi  “podría llegar a final de año sin entorpecer su gestión” con fondos de caja única.

Pero la contralora Acosta mencionó que le “preocupa el tema de la sostenibilidad en lo social”.

De acuerdo con Contraloría, la deuda del país alcanzó, en febrero una proporción del 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Con la situación de emergencia, para mayo se colocó en un 62% del PIB.

El presupuesto, describió la contralora, tiene prioridades específicas de ejecución, por ejemplo, el Ejecutivo reasignó partidas dedicadas para educación hacia la atención del COVID-19.

“Uno ve una suerte de giro en la priorización de lo social, el bono Proteger y el tema de la pandemia. La preocupación que queda es: ¿hasta cuándo va a ser esto sostenible?”, dijo la Contralora en la audiencia.

Los diputados de la Comisión de Hacendarios, quienes consultaron a la funcionaria para la aprobación del presupuesto, pidieron una valoración de los recortes. Acosta llamó “modesto” al esfuerzo de Gobierno.

“Se requiere de reformas en ámbitos más amplios y más allá del ámbito presupuestario. La emergencia requiere o exige una priorización entre necesidades sociales básicas e inversión económica”, afirmó la funcionaria.

La funcionaria dice que las medidas futuras deberán ser de diseño institucional, materia jurídico, fiscal y social.

Acosta discutió con los diputados que existe una “dispersión normativa” para el caso de contratación pública y el empleo no tiene un “régimen único”.

También dijo que existe una “dispersión institucional” y ejemplifica hablando de que existen instituciones del sector social con “duplicidades”.

Por último, aludió al tema fiscal: exoneraciones, evasión, elusión y otros temas.

Compensar exoneraciones con otros financiamientos

La contralora Marta Acosta también mencionó proyectos de ley con exoneraciones que se están estudiando en la Asamblea (de ellos, se dispensaron de trámite a cuatro proyectos que proponen cobertura diferenciada del Impuesto de Valor Agregado, IVA, para algunos sectores).

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“Creemos que cuando se hace un proyecto de este tipo, debería definirse cuál va a ser la fuente de financiamiento para compensar esto”, afirmó Acosta.

La contralora pidió “un plan de compensación, una alternativa de financiamiento porque un crédito fiscal o una exoneración es eso, es dejar de percibir ingresos y creo que el país no está para eso”.

“En una situación como la que tenemos actualmente, lo menos deseable es dejar de percibir ingresos. Si estamos exonerando porque así se decide, porque es una necesidad hacerlo, entonces hay que buscar cómo reemplazar, hay que buscar una fuente alternativa para esos ingresos”, reiteró.

Con la reducción de ingresos, el déficit presupuestario para el 2020, dijo Acosta, sería del 11,2% del PIB (alrededor de ¢3,9 billones).

No obstante, también dijo que  prever los ingresos “es una situación bastante impredecible, hay mucha incertidumbre”.

“Todos gradualmente vamos a tener que aportar porque la situación no la vemos venir tan clara sino, más bien, muy compleja”, aseguró Acosta.

El diputado Eduardo Cruickshank consultó a Acosta si deberían tomar medidas para “recuperar” el dinero que el Estado no percibe por evasión y elusión tributaria.

“¿Cómo se recuperan esos montos? Eso es un tema digno de análisis porque la lentitud, los controles, la falta de inteligencia tributaria que tiene este país es impresionante”, valoró la Contralora.

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