Este lunes, la Oficina del Consumidor Financiero —una oficina privada que atiende consultas y denuncias relacionadas a los 14 bancos de la Asociación Bancaria Costarricense— pidió a los clientes de crédito que negocien con sus bancos, durante las “transformaciones” que tendrá la “industria financiera” tras la aplicación de la Ley de usura.
“Es el momento para un ‘pacto comercial’ entre entidades financieras y clientes, en que ambas partes fortalezcan los lazos que los han unido, pero también desterrar las prácticas que han restado valor, a unos de los vínculos más importantes de las sociedades modernas: los servicios financieros”, dice el director general de la Oficina, Danilo Montero.
No obstante, de acuerdo con el economista y abogado Luis Carlos Olivares, las “obligaciones y responsabilidades” que tienen los bancos y los usuarios de crédito están claras en la nueva ley. Advierte que estos “pactos” podrían no tener asidero jurídico.
“Cualquier pacto que llame a tener conveniencias, o que trate de llegar a fines contrarios a la ley, es nulo, anodino, superfluo y es un despropósito”, explicó Olivares a UNIVERSIDAD.
La Ley de usura entró a regir el pasado 1 de julio. Desde entonces, los usuarios de crédito que tengan contratos que cobren tasas superiores a las determinadas por el Banco Central tienen potestad de presentar denuncias penales por sus casos, en el Ministerio Público.
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“La ley comienza a tener efectividad y la aplicación tiene que ser para todas las personas. Desde ese punto, no había que esperar reglamentación, ni esperar interpretaciones auténticas”, afirmó Olivares.
Desde el viernes 3 de julio, el Banco Central presentó las referencias porcentuales que sirven de tope máximo a los intereses (corrientes y de cualquier tipo) que cobran los prestamistas (formales como los bancos, e inclusive informales).
Estas referencias servirán para tipificar el delito penal de la usura desde este julio y hasta el 31 de diciembre del 2020.
La OFC advierte que la Ley de usura “ implicará que entidades redefinan el perfil de clientes y que los productos se diseñen conforme a las nuevas pautas”, afirma el comunicado de prensa.
La semana pasada, antes de que Banco Central presentara los topes, BAC Credomatic anunció que dejará ir a 79.789 clientes de tarjetas de crédito (asimismo anunció el despido de 373 personas y el cierre de 11 sucursales).
Olivares opina que los bancos tomando medidas para evitar pagar los excesos cobrados por sus créditos y, también, para evitar sanciones carcelarias a sus representantes.
En este sentido, el abogado cita una sentencia de España, en la que un alto tribunal anuló un contrato de una tarjeta de crédito con un modelo revolvente. Es decir, en el que el cliente no tiene un número fijo de cuotas para pagar su deuda y la deuda se convierte en una “bola de nieve”.
“Ese es precisamente el gran temor de los bancos. Que las personas privadas comiencen a abrir los ojos a la situación de esclavitud financiera a la que habían estado sumidos. No es justo que los bancos se aprovechan de la ligereza y la falta de educación financiera, para someter a la gente a la esclavitud”, dijo Olivares a UNIVERSIDAD.
El abogado también explicó que el país tenía una “deuda histórica pendiente desde la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos”, que se firmó en San José desde 1969.
El artículo 21 sobre derecho de la propiedad privada establece que “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.
El artículo 243 del Código Penal establece sanciones para el cobro de créditos “usurarios”. No obstante, antes de las referencias establecidas por el Banco Central, carecía de referencia técnica para que se pudiera aplicar.
Olivares opina que, en materia civil, esto ha creado “una relación desequilibrada entre oferentes de crédito y demandantes de crédito”. El economista y abogado describe que prestamistas han recibido beneficio de “una excesiva onerosidad o un enriquecimiento exacerbado que viene relacionado con el empobrecimiento de la otra parte”.
