Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa presentaron este miércoles por la noche —todos juntos y en una misma conferencia— un nuevo proyecto de ley que buscará regular las plataformas electrónicas de transporte y promover reformas al servicio de taxis.
El objetivo, aseguraron, será promover una mayor competitividad del sector taxista, al tiempo que se establecen condiciones mínimas de regulación para los servicios de transporte privado a través de intermediación digital.
Entre sus principales medidas, el nuevo proyecto propone un tope de tres vehículos por cada propietario inscrito ante Uber (o cualquier otra plataforma privada); así como la posibilidad de que el sector taxista utilice su tarifa como un mecanismo de referencia y pueda negociar precios más razonables por sus servicios de ser necesario.
El proyecto fue presentado apenas horas después de que los mismos legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos decidieron sepultar un proyecto anterior presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): una versión en la que se trabajó desde enero pasado, pero que nunca llegó a satisfacer las expectativas del sector taxista, ni de Uber, ni de los diputados.
Sin embargo, los congresistas aseguraron que ese primer proyecto sirvió para abrir el diálogo y para promover las reformas que ahora se tramitarán de nuevo, a través de un nuevo proyecto, que ya no regulará a Uber y similares como un negocio de carácter público, sino como un convenio privado entre partes.
Sobre esta nueva versión del proyecto, el diputado Roberto Thompson, presidente del foro legislativo encargado, argumentó que habrá que emprender un nuevo camino, al que seguramente se le aplicará una ‘vía rápida’ (procedimiento abreviado) para no perder más tiempo del que ya se ha empleado.
Los diputados trabajaron con el texto anterior durante casi nueve meses, desde enero pasado; sin embargo, el liberacionista destacó que ese lapso no fue tiempo muerto y permitió realizar mucho trabajo. Según el verdiblanco, se avanzaron conversaciones, a pesar de lo difícil que ha sido encontrar los puntos medios.
Este nuevo texto, señaló, será una nueva oportunidad para llegar a la solución final.
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Pero, ¿qué dice el nuevo proyecto que buscará regular Uber y reformar el sistema de taxis? Este es el resumen del proyecto de 36 páginas, que se tramitará bajo el expediente 21.587.
Sobre Uber y otras plataformas
Sobre el servicio. Se establece el servicio de transporte de plataformas como una oferta “privada” y no se imponen límites a la flotilla general de vehículos (más allá de un máximo de tres autos por propietario), ni se establecen restricciones tarifarias.
Sobre los conductores. Se les pide contar con tres años de experiencia de conducción e inscribirse como ‘trabajadores independientes’ ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y ante el Ministerio de Hacienda.
Además, deberán pagar un ‘derecho de operación’ anual del 20% de un salario base (¢90.000 en la actualidad); así como realizar jornadas máximas de 12 horas diarias, por la seguridad propia y de los usuarios.
Sobre las empresas. Deberán pagar un registro de 20 salarios base para su inscripción (¢8,9 millones), renovable cada cuatro años por un costo adicional de 10 salarios base (¢4,5 millones).
Sobre la información. Se pide a las empresas organizar y remitir trimestralmente al MOPT un listado de los conductores acreditados y registrados en la plataforma tecnológica y las respectivas placas de los vehículos acreditados que estos conductores tienen a su cargo.
Sobre los vehículos. Se indica que deben tener una antigüedad máxima de ocho años (con una excepción de diez años para carros eléctricos), con una capacidad máxima de siete pasajeros.
Sobre el aseguramiento. Se establece que todo vehículo acreditado deberá estar cubierto por una póliza de seguros que cubra “íntegramente” la responsabilidad contractual y extracontractual por lesiones, muerte o daños a terceros.
Sobre las sanciones. Se deja en manos del MOPT la potestad sancionatoria, “sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan”.
Además, se imponen sanciones de uno a tres salarios base (¢446.200 a ¢1,3 millones) para todos los incumplimientos de las empresas y de un medio salario base (¢223.100) para los conductores, “sin perjuicio de sanciones conexas”.
Sobre el MOPT. Se deja en manos de la administración llevar un registro de empresas de transporte privado, fiscalizar sus operaciones en materia de servicio y revisar su debido cumplimiento de la ley.
¿Destinos específicos? Los montos por concepto de derechos de operación se distribuirán a través de destinos específicos: un 75% al sistema de trenes, un 20% al Sistema de Áreas de Conservación y un 5% al MOPT.
Sobre el sector taxista
Sobre el servicio. Se autoriza al taxista a utilizar la tarifa de su taxímetro como un monto de referencia máximo, de modo que pueda optar por tarifas más competitivas si considera necesario negociar con su cliente.
Sobre los vehículos. Se indica que aquellos autos con menos de ocho años de antigüedad requerirán de una sola revisión técnica anual (no de dos).
Sobre otros medios de ingreso. Se autoriza la colocación de publicidad a lo interno y lo externo del vehículo, siempre y cuando no afecte su funcionamiento.
Sobre los impuestos. Se desgravará por completo la importación de vehículos para ser utilizados como taxis cuando cuenten con tecnología eléctrica, de gas LP o cualquier otra fuente “limpia”.
Además, se reitera que, por tratarse de un servicio de transporte público, el transporte remunerado de taxistas no deberá pagar IVA (como ya ocurre actualmente).
Nueva ruta de trabajo
Ahora, el nuevo proyecto de ley deberá iniciar un nuevo trámite por la corriente legislativa.
Para ello, deberá recibir los criterios de las partes interesadas y se pactarán nuevas audiencias, de modo que luego pueda entrar en una nueva etapa de análisis y modificaciones, hasta su votación final en comisión y Plenario legislativo.
La dinámica del Congreso no garantiza fechas de votación ni plazos específicos para la aprobación de proyectos; sin embargo, de aplicarse una vía rápida que establezca una hoja de ruta concreta, el texto podría llegar a su etapa final en un lapso reducido.
Esa es la intención de los diputados.
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