Diputados deciden sepultar proyecto del Gobierno sobre Uber y presentar uno nuevo

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos intentaron construir una nueva propuesta sobre el mismo expediente que envió el Ejecutivo, pero finalmente decidieron descartar esa posibilidad y construir una propuesta nueva

Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos decidieron archivar el expediente 21.228, el proyecto de ley que presentó el Gobierno para regular Uber y cualquier otra plataforma tecnológica de transporte remunerado en el país.

La decisión la confirmó la diputada de ese foro, Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien además indicó que la idea es presentar una nueva redacción en las próximas horas, pues la versión anterior era insalvable por asuntos de conexidad.

Según los legisladores, el proyecto actual planteaba el tema de las plataformas tecnológicas como un servicio público, hecho que imposibilitaba cambiar el enfoque del texto, para garantizar que se diera un trato privado para las empresas en cuestión.

La decisión quedaría en firme durante la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos de esta tarde, en la que se votaría de forma unánime el dictamen negativo, recién redactado esta mañana.

Según indicó la liberacionista, era imposible continuar con un proyecto que calificaba como un servicio público las acciones de una empresa eminentemente privada. Afirmó que la decisión también se tomó «en consenso con el Gobierno», como parte del acuerdo conjunto para analizar la cuestión como «un servicio que se brinda entre privados».

El presidente de la comisión de Económicos, Roberto Thompson, del PLN, confirmó que ya está listo el dictamen negativo para enterrar la versión actual de la iniciativa

El proyecto de ley sobre Uber había sido presentado con premura por el Ejecutivo a mediados de enero pasado, después de que los diputados dieran varias prórrogas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que cumpliera con su compromiso de legislar sobre la materia.

Desde entonces, el texto recibió críticas de todos los sectores, incluso de los propios diputados oficialistas, en especial por las cargas y su falta de fundamentación teórica.

Entre otras medidas, el texto planteaba imponer tarifas de inscripción y renovación para las plataformas: 100 salarios base (¢45 millones) para la inscripción y 50 salarios base (¢22 millones) para la renovación cuatrienal.

También establecía una cuota diferenciada de ¢8.300 millones para las empresas que hubiesen operado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, como Uber; un punto que esa empresa catalogó como «desproporcionado».

El proyecto también imponía requisitos para los choferes como dos años de experiencia de manejo y vehículos con ocho años máximo de antigüedad (hasta diez en casos de carros eléctricos o cero emisiones); así como su debida inscripción como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, se les establecía un ‘segundo marchamo’ de $200 por vehículo, además de un pago extra de $35 para obtener un código de conductor; así como la necesidad de asegurar los vehículos con las pólizas necesarias por accidentes.

En favor de los taxistas, también, se creaba un Fondo Nacional de Movilidad para impulsar la renovación de su flotilla y promover procesos de asistencia social, cuyo financiamiento se había ideado a partir de una parte de los montos de inscripción y renovación, junto con un 3% de todos los viajes privados.

Por último, se planteaba un tope a la cantidad de vehículos por cada empresa privada, monto que»no podía ser menor» a la cantidad de concesionarios de taxis existentes (unos 13.000) y se incluía el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya retención habría correspondido a la empresa.

Varios de estos puntos quedarían por fuera en el nuevo proyecto, pues la idea de los congresistas es desligar las operaciones de las plataformas del control de los servicios públicos y la rectoría del Consejo de Transporte Público (CTP), como se pretendía.

Por otra parte, los diputados también se han planteado la posibilidad de realizar reformas a la ley que regula las operaciones de transporte en el sector público, de modo que también se pueda modernizar algunas de las reglas en ese sector.

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