Viajes en Uber financiarán modernización de flotilla de taxis, según proyecto del Gobierno

Iniciativa del Poder Ejecutivo cobraría ₡44 millones de inscripción a empresas privadas de transporte y un 3% por cada viaje.

El Gobierno pretende cobrar a Uber y a las empresas de transporte privado un monto por operar legalmente, ese dinero, junto a un 3% del monto cobrado por cada viaje, financiarán la modernización de la flotilla de taxis del país durante ocho años.

Así lo propone el Ejecutivo en el proyecto que regularía a las empresas de plataformas tecnológicas de transporte. De hecho, en el caso de Uber, por haber iniciado operaciones antes de la vigencia de la ley, se le cobrará  8.300 millones. Para el resto de empresas que inicien operaciones, se pretende cobrar un monto de ₡44 millones por concepto de inscripción.

Todos los recursos que el Estado obtenga de este negocio serán administrados por el Consejo de Transporte Público, a través del Fondo Nacional de Movilidad.

Durante los primeros ocho años, estos fondos irán directo a la operación de los taxis. Se utilizaría un 80% de estos recursos para el pago de la prima de un taxi nuevo, mientras que el restante 20% se usaría para brindar transferencias de asistencia social a los concesionarios de taxis.

Una vez que pasen los ocho años, el CTP podrá utilizar los recursos para modernizar el transporte público.

La iniciativa del Gobierno no contempla límites a la cantidad de vehículos que puede registrar un mismo dueño en determinada aplicación.

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A continuación, una serie de puntos que el proyecto del gobierno de Carlos Alvarado pretende regular.

 

  • Inscripción y renovación

Como se mencionó anteriormente, las empresas que quieran operar deberán pagar un derecho de inscripción equivalente a 100 salarios base (44,6 millones). La licencia deberá renovarse cada cuatro años, esto tendrá un costo de 50 salarios base (₡22,3 millones).

 

  • Edad mínima de conductores: 20 años

Para que los conductores puedan acreditarse ante una empresa privada de transporte deberán contar con una licencia B1 con al menos dos años de haber sido emitida, por lo cual, la edad mínima sería de 20 años. También deberán recibir un curso digital de seguridad vial impartido por la empresa, estos contenidos del curso deberán tener el aval del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

 

  • Solo para contribuyentes y asegurados

Para obtener la acreditación, cada conductor deberá estar inscrito y al día como trabajador independiente ante la Caja Costarricense del Seguro Social y como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda.

 

  • Creación de Fondo Nacional de Movilidad

El Estado obtendrá recursos a partir de la inscripción de empresas de transporte privado como Uber, Cabify, Easy Taxi u otras, así como con la renovación de sus permisos de operación y el cobro de sanciones. También, por cada viaje que se efectúe en estas aplicaciones, un 3% del monto cobrado se destinará al fondo.

 

  • ¿Para qué se usará el fondo?: Taxis

Un 80% del monto del fondo se utilizará para financiar que los taxistas puedan comprar un vehículo nuevo. El monto máximo que se podrá facilitar como subvención será hasta el equivalente al 15% del valor del vehículo. Para este proceso se autorizará la exoneración del pago de impuestos por la importación y venta, “o con ocasión de ella por una única vez, para la compra de vehículos”.

El restante 20% del fondo se utilizará para atender las transferencias por asistencia social a los concesionarios de taxis, tras un estudio socioeconómico.

No será hasta después de ocho años que el CTP podrá disponer de ese dinero para invertir en la modernización del transporte público.

 

  • Límite a cantidad de vehículos

El CTP tiene la facultad de limitar la cantidad de vehículos por empresa. El tope no podrá ser menor a la cantidad de concesionarios de taxis existentes (unos 13.000).

 

  • Antigüedad máxima de vehículos: ocho años

El artículo 18 del proyecto establece que el modelo del vehículo para prestar el servicio no podrá ser mayor a ocho años de fabricación, sin embargo, en el caso de los autos eléctricos o cero emisiones, se permitirán hasta con 10 años de antigüedad.

 

  • Un segundo marchamo

Como si se tratara de un segundo marchamo, los conductores de estas aplicaciones pagarían un canon anual de $200 por cada vehículo, además, unos $35 para obtener un código de conductor. 

 

  • Distintivos

Las empresas como Uber tendrán cuatro meses (después de aprobada la ley) para emitir un distintivo, el cual deberá ser portado por los conductores de manera visible en sus vehículos. Además, las empresas deberán presentar un perfil o identificación digital de cada uno de sus conductores.

 

  • Seguros

Cada vehículo deberá estar cubierto por una o varias pólizas de seguros registradas ante la Sugese, que cubran “la responsabilidad civi lcontractual y extracontractual por lesión o muerte de terceros, causada de forma accidental, con motivo de la propiedad, uso o mantenimiento del vehículo asegurado”, así como la “lesión o muerte del conductor del vehículo, sucedida en forma accidental, con ocasión o por consecuencia de la prestación del servicio”.

 

  • Pago del IVA

Se gravará con un 13% del Impuesto del Valor Agregado a la prestación de servicios de empresas privadas de transporte.

 

  • Publicación de datos

Las empresas de transporte deberán registrar, procesar y mantener a disposición del CTP la información sobre zonas y horarios de operación y kilómetros recorridos por los vehículos, en la forma, plazos y condiciones que se establezcan en el reglamento. También deberán entregar información sobre recorridos, viajes, precios, evaluaciones de viajes, entre otros datos definidos en el reglamento.

Por su parte, el CTP deberá publicar, semestralmente, por medios digitales y su página web la lista de EPT que estén inscritas en el Registro.

El proyecto será discutido en la comisión de asuntos económicos. Puede consultar la totalidad del texto aquí.

 

Reacción

El proyecto fue interpretado por los diputados como un “buen primer paso” para iniciar el debate sobre la regulación de Uber y taxis. “Este es un proceso que estaba pendiente desde hace muchos años, la realidad es que hoy esas plataformas están en el mundo y esa regularización me parece que estaba atrasada. La comisión lo que se compromete es a que va a haber una discusión amplia del proyecto”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana.

Por su parte, la diputada Karine Niño, de Liberación Nacional, manifestó su oposición a algunos puntos de la iniciativa. “El proyecto es carente de muchas aristas que debieron haberse contemplado y nuevamente lo que hace es devolverse a la forma más tradicional y no ajustado a las formas en las que ahora Costa Rica vive”.

“Este proyecto busca regular de la manera más justa y equitativa regular una realidad creada por las posibilidades de nuevas tecnologías. Procuramos ser lo más equilibrados posibles en el reconocimiento de la existencia del modelo de prestación del servicio de transporte público sobre plataformas tecnológicas virtuales, sin desmedro de los derechos legítimos de los taxistas”, dijo Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

La empresa Uber emitió un comunicado de prensa y afirmó que revisará con atención el proyecto “que proviene de las mesas de diálogo del MOPT con un grupo de interés del sector taxista, esperando que contenga un marco de regulación moderno, innovador, inclusivo y diferenciado”.

Las declaraciones las dio el gerente general de Uber para Centroamérica, Andrés Echandi. “En virtud de que no se nos ha permitido participar de manera activa en la construcción de esta iniciativa que se presenta hoy, nos ponemos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para contribuir con la experiencia adquirida por la participación en más de 132 procesos de construcción de regulación alrededor del mundo, donde ha sido posible regular de forma diferenciada e innovadora estos nuevos modelos de negocio”.

Colaboró el periodista Josué Alfaro

Nota del redactor (23/01/18 – 11:37 a.m.) : Se corrigió el punto “Segundo marchamo”, para diferenciar los cánones por vehículo y por conductor.


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