El movimiento sindical calificó como “un éxito” la huelga que sostienen desde la mañana de este lunes los principales servicios públicos del país. La parálisis es casi completa, según avisan, orientada a conseguir un proyecto fiscal “más balanceado” que el que actualmente se tramita en la corriente legislativa impulsado por el Gobierno, bajo el expediente 20.580.
“El movimiento es regionalizado. Ya para estas horas están cerrados prácticamente el 70% de los hospitales y las clínicas del país y ya tenemos puntos de presión como el cierre del Calderón Guardia, el México, el San Juan de Dios y el Hospital de Nacional de Niños, que está atendiendo solo servicios esenciales”, aseguró Gilberto Cascante, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco).
Sobre el efecto en los centros educativos, señaló que “están prácticamente cerrados el 90% de los centros educativos”, un dato que conoce también como presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).
Según Cascante, la idea es llegar a Casa Presidencial a eso de las 11:30 a.m., hora a la que esperarían ser recibidos por algún jerarca, aunque reconocen que las posibilidades de ello son limitadas. Ayer, en cadena nacional, el ministro de la Presidencia Rodolfo Piza, calificó la huelga como “injustificada” y dijo que las puertas del Gobierno siempre han estado abiertas para dialogar.
“Ahora todo el movimiento en San José se dirige a Casa Presidencial, los demás son movimientos regionales que van a afectar servicios esenciales como salud, educación, municipalidades, migración y justicia (…) todo eso va a estar cerrado, marchando”, puntualizó.
En cuanto a sus solicitudes, el llamado es sencillo. Afirman que la idea es plantear la apertura de una mesa de diálogo social con los principales actores políticos y sociales para “balancear mejor” la iniciativa. “Queremos un proyecto más profundo, nosotros ni siquiera es que no queramos pagar impuestos, lo que queremos es que el proyecto meta a los evasores (…) hay que hacer un proyecto que grave y equilibre un poco más la balanza para todo el mundo. Si no peleamos para que se recoja mayor cantidad de dinero, en un año tendremos que salir a pelear por otro proyecto…(…) Necesitamos algo más profundo”, apuntó Cascante.
En materia de evasión, Hacienda ha destacado los avances del Gobierno anterior y que el proyecto incluye medidas relacionadas con las normas BEPS; sin embargo, las organizaciones sindicales insisten en el tema para hacer un proyecto más progresivo.
Anoche, Rodolfo Piza aseguró que el Gobierno no ha recibido propuestas concretas del sector sindical a pesar de haber desarrollado varios encuentros, afirmación a la que el representante sindical contestó diciendo que “si las daban fuera de una comisión, ellos podrían decir que no son válidas al no existir espacio para la discusión”.
Las palabras de Cascante las respaldó también Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), quien añadió que “la huelga es un éxito” y que su grupo se dirigirá “con la gente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hacia la Asamblea Legislativa”.
“La huelga es un éxito, los trabajadores y trabajadoras han respondido en muchos lugares del país. No tenemos un estimado total, pero tenemos reportes de zonas rurales y de las ciudades con participación desde el 80% hasta el 95% de los trabajadores en algunos lugares”, concluyó.
Representantes privados
En el sector privado, Jouseth Chaves, del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep), dijo que esa instancia tiene una posición de “solidaridad en términos generales”. No obstante, también lamentó que la clase trabajadora del sector privado tiene importantes limitaciones para participar de movimientos de huelga.
Chaves, quien ha destacado en luchas laborales en el sector piñero de la zona Norte y fue candidato a diputado por el Partido de los Trabajadores (PT), señaló que por esa razón “en momentos como este, los trabajadores sindicalizados del sector público asumen la tarea de defensa del pueblo en general, porque los ataques del Gobierno no son solo contra el empleo público, sino que los impuestos afectan a toda la clase trabajadora”, señaló.
Si bien insistió en que Sitrasep apoya “totalmente” la huelga, alertó que “un solo día de lucha no va a hacer que el Gobierno cambie de posición, tiene que ser una primera jornada de lucha más extensa”.
Sobre las dificultades de participación que se viven en el sector privado, lamentó que esos trabajadores en su gran mayoría no están organizados en sindicatos, y que en todo caso, incluso para quienes se organizan “es muy difícil poder sostener una huelga por cuestiones generales del país, por ejemplo, hoy ubicar una huelga en una piñera por el paquete de impuestos es muy difícil, termina en movimientos aislados y no tiene la amplitud del sector público”.
UCR se suma
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), por su parte, también se sumó a la huelga contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La secretaria general, Rosmery Gómez, señaló que la reforma fiscal que propone el Gobierno, pone en riesgo el presupuesto de la UCR.
“Queremos que se retire el proyecto 20.580, estamos en contra de las medidas de la ministra de Hacienda pues consideramos que como se está abordando el tema fiscal no está solucionando nada en el país. En cuanto a las universidades, les están poniendo impuesto y está en riesgo su presupuesto”, indicó Gómez.
Asimismo aseguró que dicha reforma tributaria interviene incluso la autonomía universitaria de la UCR.
“Esto afectaría gravemente a las sedes regionales pues habría reducción del quehacer fundamental de nuestra institución. Además, quieren intervenir la autonomía universitaria, la cual está muy clara en la Constitución Política. El Gobierno quiere generar mecanismos y políticas para obligar a que actúe como quiere”, señaló la secretaria.
Muchas de estas medidas están relacionadas con la intención de estandarizar el empleo público bajo algunas normativas, aunque la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, manifestó que respetarán las convenciones colectivas.
Plan Fiscal
En términos generales, el proyecto fiscal impulsado por el Gobierno se sustenta en medidas para la generación de ingresos, la contención del gasto y un mejor aprovechamiento de los recursos, vía regla fiscal.
En el campo de los ingresos, instaura el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa del 13%, movimiento que aumentaría la base imponible al imponer cargas sobre los servicios, el sector más dinámico de la economía y que hoy está desgravado.
Así mismo, realiza algunas reformas parciales al Impuesto sobre la Renta, gravando con una nueva escala los salarios más altos, imponiendo impuestos a las cooperativas, estableciendo la renta global al sector financiero y reteniendo montos de las ganancias de capital.
Por su parte, en materia del gasto, establece topes salariales y de dietas en Juntas Directivas; así como el establecimiento de un método de evaluación para el pago de anualidades y criterios más específicos, con montos reducidos a la mitad, para los incentivos por prohibición y dedicación exclusiva.
Por último, adhiere una regla fiscal que evita la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento sin desantender la inversión pública, desacelerando el gasto corriente entre tanto se alcanzan niveles aceptables de deuda.
Muchas de estas son solicitudes expresas de la ministra Aguilar a los diputados; actores que tendrán la última palabra en la aprobación del plan que —según las estimaciones de su cartera— tendría un impacto superior al 2,18% del PIB en un mediano plazo.
Según datos del Banco Mundial, Costa Rica requiere un ajuste superior al 4% de la producción en los próximos años; meta que el Gobierno buscará alcanzar en una parte con este proyecto (2,18%) y en otra con el manejo de las remuneraciones (0,33%), los presupuestos (0,69%), ahorros financieros por el mejor manejo de la deuda (0,5%) y otras medidas (0,41%).
Con estas iniciativas, el Gobierno busca sanear la complicada situación fiscal del país, cuyo déficit fiscal apunta a un 7,1% del PIB al finalizar este año, inflando una deuda pública que ya supera el 50%.
Por el momento, el Gobierno afirmó desde el fin de semana, que convocó a una mesa de diálogo a los representantes sindicales como “interlocutores válidos”; un proceso que continuará a partir del 29 de junio, según el ministro Piza.
