Datos revelados por el Banco Mundial al Ministerio de Hacienda esta semana afirman que Costa Rica requiere un ajuste superior al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años si desea estabilizar su deuda, comentó este jueves la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en la Asamblea Legislativa.
Alcanzar ese ajuste, afirmó, será el objetivo de Hacienda “en el mediano plazo” a través de varias medidas, incluida la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se construye en la Asamblea Legislativa y que, a mediano plazo, podría significar un rendimiento del 2,2% del PIB.
Precisamente, la jerarca rindió sus declaraciones en la audiencia que sostuvo con los diputados que componen la comisión especial encargada de tramitar el proyecto en el Congreso, espacio al que llegó para reiterar la importancia del texto y plantear algunas modificaciones.
“En conjunto”, dijo, habrá que continuar un proceso que ya inició en la administración anterior con la aprobación de leyes contra la evasión fiscal, y que ahora pasa por trabajos como la aprobación de impuestos, el ordenamiento de los incentivos laborales, el ordenamiento de las exoneraciones y el acceso a los mercados internacionales “para dejar de estrujar el mercado local”.
“Más tarde”, detalló, vendrían “la ley de empleo público en 2019 y temas relacionados con el diseño y la estructura institucional”, un plan que ya ventiló el 31 de mayo pasado en otra aparición ante el Parlamento —cuando presentó un plan para la contención del gasto público—, donde dijo que el proyecto de empleo estaría para 2019 y los cambios relacionados con instituciones quedarían para 2020.
Según datos de Hacienda, todas estas medidas tendrían un rendimiento a mediano plazo del 4,11% del PIB; monto del que un 2,18% provendría del plan fiscal (1,9% sin las modificaciones propuestas), un 0,68% por medidas presupuestarias, un 0,5% de ahorros por menores necesidades de financiamiento, un 0,33% por cambios en las remuneraciones y un 0,41% de otras medidas.
“Este conjunto de acciones deberían, en el mediano plazo —entre 2022 y 2023—, hacernos ver una deuda sostenible”, apuntó Aguilar, quien recordó que “más allá del déficit, lo que existe es un estrujamiento (el peor de Latinoamérica) en la relación que existe entre la deuda y los ingresos tributarios, que se ha venido desmejorando”. Según la ministra, la razón entre la deuda del Gobierno Central y sus ingresos tributarios es de 3,7 una por otra, “el por indicador de Latinoamérica”.
Factor tiempo
Dentro de sus palabras a los diputados, la jerarca de Hacienda fue vehemente de nuevo sobre la premura de emprender acciones cuanto antes. “Mientras más tardemos, más costoso va a ser la decisión para el país”, les dijo.
“Esta demora en las decisiones lo que han hecho es degradar la calidad de su riesgo respecto a países de la región y, adicionalmente, los niveles de endeudamiento se han salido del eje inversor, con niveles del orden del 50%”, les recordó. “Si bien hay países latinoamericanos que tienen niveles superiores, ellos tienen algunos otros elementos que hacen que los mercados no perciban como están percibiendo a Costa Rica”, agregó.
Tal es el caso de naciones como México, Colombia, Uruguay o Panamá, ubicadas en el grado inversor por la calificadora de riesgo Fitch Ratings, pero con niveles de endeudamiento iguales o superiores que los de Costa Rica, entre el 45% y el 70%. Costa Rica, con un 50% de la producción como grado de la deuda pública, ve como empeora su riesgo de inversión y aumentan las tasas con las que recibe crédito internacional.
Por ese motivo, la ministra recordó a los diputados “el valor y el precio de la confianza”, a lo que añadió otros datos del Banco Mundial que indican cómo el nivel de ajuste para estabilizar la deuda en el país aumentaría en un punto porcentual del PIB si todo se mantiene constante al 2020 y hasta en tres puntos —alcanzando niveles cercanos a los que invierte el país en educación— si las tasas de interés suben en un punto y el crecimiento económico cae en la misma magnitud.
Peso del plan fiscal
Aunque el ajuste propuesto por el Gobierno no se basa exclusivamente en su proyecto fiscal, la ministra Aguilar aceptó que en él estará buena parte del éxito. Su no aprobación la calificó como un “escenario de catástrofe”, ante el que habría que aumentar la inflación y afrontar un “inevitable recorte del gasto” en campos como los programas sociales.
“Yo entiendo que esto es una decisión que compete al Congreso, pero también entiendo que todos tenemos la responsabilidad de llegar más temprano que tarde. Si no lo hacemos, la solución va a ser por la vía de la crisis y es una solución que la sociedad no se merece”, advirtió la ministra en su visita a Cuesta de Moras.
