Durante al menos dos años, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), conocieron que había agua para consumo humano contaminada con arsénico, pero mantuvieron la información “oculta” ante la prensa y la población.
Así lo revela una investigación que la Defensoría de los Habitantes realizó entre el 2013 y el 2016.
El estudio dio seguimiento a problemas con el agua en poblados de Guanacaste y la zona Norte y al cumplimiento de un fallo de la Sala Constitucional que obligaba a las instituciones relacionadas a indagar sobre el tema e informar a la población.
Según el informe final de la Defensoría –notificado el lunes 20 de noviembre de este año y del cual UNIVERSIDAD tiene copia–, el AyA registró datos de contaminación de arsénico (superior a 10 microgramos por litro, que es el establecido por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable) en sitios como Bagaces y Cañas desde el 2009, pero, la entidad lo dio a conocer hasta setiembre del 2011.
La investigación asegura que hubo intención de mantener los hallazgos sobre contaminación con arsénico fuera del ojo público.
Lo anterior porque un informe realizado en enero del 2011 por el director del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), Darner Mora Alvarado, indica como estrategia: “No comunicar por el momento a la prensa”. Además, se recomienda “no alarmar a la población con información amarillista”.
“La información sobre el año en que se identificó el problema se mantuvo oculta a los medios de comunicación hasta setiembre del 2011. Ante los vecinos de Agua Caliente –y ante la Defensoría también- se ocultó esa información”, señaló el estudio remitido a las entidades por la defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni.
El informe de la Defensoría agrega que, también desde el 2009, el LNA puso en conocimiento del Ministerio de Salud los datos sobre el arsénico en el agua, pero esta entidad tampoco informó a la población.
No obstante, tanto Mora como la exministra de Salud, María Luisa Ávila (2006-setiembre del 2011), sostuvieron que nunca hubo intención de encubrir esos datos.
“Lo dije porque pasó lo que yo decía: iba a ser un amarillismo total. Yo lo que dije en el oficio a la presidente ejecutiva en ese momento era que se tuviera mucho cuidado a la hora de tratar a la prensa, no que no se dijera, pero tener mucho cuidado y no alarmar a la gente con un tema que no se conocía en ese momento”, manifestó Mora. (VEA ENTREVISTA CON DARNER MORA).
Ávila expresó que no ha podido leer el informe de la Defensoría completo pero afirmó: “Yo siempre he dicho que en salud no debe de haber información que se oculte, porque implica un alto riesgo para la población”.
La exministra recordó algunas reuniones en las que se habló del tema, pero afirmó que se tomaron medidas como la colocación de filtros.
Además, la médica remitió el Informe del Estado de la Nación del 2010 (publicado en agosto del 2011), para recalcar que ahí se daba a conocer el problema de la contaminación con arsénico.
Sobre esto, la Defensora de los Habitantes reiteró que, precisamente, la información se hizo pública hasta el 2011 y no de forma “inmediata” en el 2009 cuando se detectó la contaminación.
“Las comunidades se han quejado una y mil veces de la falta de información (…) Le puedo asegurar que esas comunidades no reciben el Estado de la Nación”, expresó la defensora.
Solano resaltó que la investigación realizada ahora permitió dar un acompañamiento a comunidades que “clamaban” por atención e información.
El informe de la Defensoría también afirma que, contrario a divulgar los hallazgos, el AyA propició que se diera un aumento en la cantidad de arsénico máxima permitida en el agua. (VEA NOTA APARTE).
La Defensoría afirmó que, al no informar de inmediato a los habitantes, se afectó su derecho a la información y a la salud, debido a que el arsénico está asociado con enfermedades como el cáncer, Enfermedad Renal Crónica (ERC) e hidroarcenicismo.
Con respecto al ICE, la indagación de la Defensoría halló que, debido a investigaciones sobre proyectos geotérmicos, la institución descubrió la presencia de arsénico en el agua, incluso antes del 2009.
“La información en poder del ICE, de haber sido puesta a disposición, pudo haber advertido de las posibilidades de exposición a prestadores del servicio, vecinos y entes con competencia en la protección del recurso”, afirmó la Defensoría.
UNIVERSIDAD consultó al departamento de prensa del ICE, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.
Entre tanto, la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, dijo no poder referirse a lo ocurrido antes de su administración (asumió el cargo en el 2014); no obstante, rechazó que las comunidades afectadas hubiesen sido “abandonadas”.
Astorga indicó que los reglamentos de cada país, con respecto al agua para consumo humano, se van modificando de acuerdo con el conocimiento y la tecnología y que, incluso, en el actual (aprobado en el 2015) se incorpora que se debe analizar no solo la cantidad de arsénico sino también la presencia de metales pesados.
“Nadie se imaginaba -porque no había estudios de nuestras aguas subterráneas- que estas, que eran naturales, tuvieran contaminación por elementos químicos como el arsénico”.
Astorga afirmó que se han hecho estudios en los que se determinó que el origen es natural y volcánico y que, al menos en su gestión, habló directamente con cada una de las comunidades afectadas y se tomaron acciones como el cerrar fuentes o implementar plantas removedoras de arsénico. “Hay un control permanente de la calidad del agua”, aseguró.
Este miércoles y jueves, la Defensora de los Habitantes visitará las comunidades de la zona Norte y Guanacaste para comentarles los hallazgos y, luego, “notificar en lo que corresponda a la Sala Constitucional”, informó la jerarca de esa entidad.
Se intentó conversar con la actual ministra de Salud, Karen Mayorga, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.
Obligaciones incumplidas
Según la Defensoría de los Habitantes, desde 1997 el Ministerio de Salud está obligado, por decreto, a tomar las acciones para que se realicen los análisis sobre calidad del agua, incluyendo el estudio sobre el contenido de arsénico.
La Defensoría afirma que se debieron tomar esas acciones a más tardar en el 2002, pero que los análisis no se realizaron hasta el 2009.
Por esto, en su informe, la institución aseguró que hubo “omisiones” en el deber de conocer la calidad del agua, tanto por parte del Ministerio de Salud, como del AyA, de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara).
“La situación de desconocimiento era injustificada si se consideran las competencias de los entes”, reprochó la Defensoría.
Fue hasta marzo del 2012 cuando un decreto ejecutivo de emergencia sanitaria identificó 23 poblados en los cantones de La Cruz, Bagaces y Cañas, en Guanacaste y en el cantón de San Carlos de Alajuela, donde las personas estuvieron expuestas a contaminación con arsénico, señala la investigación.
En junio del 2013, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo interpuesto por vecinos de Guanacaste y la zona Norte, e indicó que el AyA y el Ministerio de Salud, en coordinación con otras instituciones, debían determinar científicamente, en un plazo de seis meses, la causa de la contaminación del agua para consumo humano, con arsénico.
Los magistrados, además, ordenaron que esos estudios deberían hacerse de conocimiento público y que cada tres meses se debía volver a evaluar la calidad del agua.
También dictaron que, mientras se hicieron los análisis, las instituciones se aseguraran de que las poblaciones recibieran agua potable.
Sin embargo -según la Defensoría-, entre el 2009 y el 2016 se han registrado en total 39 comunidades afectadas por la situación, pues se agregaron poblados de cantones como Liberia, Los Chiles, San Mateo, Palmares, Esparza, Golfito, Limón, Matina y San José.
Además, la Defensoría afirmó que del resto del país no se tienen datos.
El AyA, por su parte, asegura que los análisis se dieron hasta el 2009 porque hasta entonces se contó con el equipo necesario. (VEA ENTREVISTA CON DARNER MORA).
La jerarca del AyA, Yamileth Astorga, reiteró que en todos los poblados afectados se han realizado acciones y que hay monitoreo permanente de la calidad del agua.
¿Contaminación de origen natural?
Otro de los cuestionamientos de la Defensoría de los Habitantes es en relación con los estudios sobre las causas de contaminación con arsénico.
El AyA sostuvo que dichas causas eran naturales y volcánicas. No obstante, el informe de la Defensoría indica que, de acuerdo con el químico Rigoberto Blanco Sáenz, de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la investigación realizada no es conclusiva sobre la causa sino que solo hace asociaciones.
Además, señala resultados confusos con valores registrados en diferentes tipos de unidades, entre otros cuestionamientos.
La Defensoría entonces consideró que se deben realizar más estudios para descartar cualquier contaminación por agroquímicos y geotermia
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