Al enterarse de que había contaminación con arsénico, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) propusieron que se aumentara el máximo de ese químico que se permite en el agua (de 10 hasta 50 microgramos por litro), según señaló en su investigación la Defensoría de los Habitantes.
El informe recoge que, en el 2009, el Laboratorio Nacional de Agua (LNA) le informó a la entonces ministra de Salud, María Luisa Ávila, sobre problemas de contaminación del agua de consumo.
A partir de entonces y hasta el 2011 –de acuerdo con la Defensoría-, se dieron reuniones de funcionarios ambas instituciones en las que el Ministerio de Salud se comprometió a realizar estudios en las zonas afectadas, a fin de determinar el riesgo de la enfermedad por consumo prolongado de arsénico.
Además, en esas reuniones, se trató de la posibilidad de aumentar el límite permitido de arsénico en el agua para consumo.
Sobre esas reuniones, Ávila dijo recordar que se tomaron medidas como la colocación de filtros y que se trabajó en conjunto con el AyA.
Mientras que el coordinador del LNA, Darner Mora, reconoció que la propuesta de aumentar el máximo del químico permitido fue suya.
El primer planteamiento que se dio –según la investigación de la Defensoría– fue subir el valor de arsénico permitido hasta los 25 o 30 microgramos, lo cual permitiría disminuir la cantidad de cantones que registrarían agua contaminada.
“Primero que todo, las guías de calidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se dictan para que los países las adapten según estudios epidemiológicos y según las condiciones de cada país. Ellos ponen de arsénico 10 microgramos, lo ponen como valor provisional, nosotros cogimos ese valor y nos fuimos sin hacer un estudio epidemiológico. Las aguas envasadas en ese momento permitían 50 microgramos, entonces yo puse una medida por el momento, mientras tomábamos acciones correctivas”, defendió Mora. (VEA ENTREVISTA APARTE).
Según documentó la Defensoría, esas gestiones no prosperaron por la interposición de un recurso de amparo que se resolvió mediante el voto No. 2012-012081 del 31 de agosto de 2012.
Para resolverlo, la Sala consideró un criterio de la entonces ministra de Salud del 2012, Daisy Corrales, quien se opuso a dicha modificación y reconoció que tales concentraciones de arsénico podían poner en riesgo la salud de la población.
La investigación de la Defensoría de los Habitantes apunta a que, posteriormente, durante la discusión de un cambio reglamentario, se proponían parámetros con los que se podía llegar hasta a 50 microgramos según los distintos tipos de toxicidad del arsénico.
