El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó hoy autorizar a la Rectoría para que, vía resolución, defina un salario global transitorio al personal docente y administrativo que ingrese a trabajar a la institución a partir del 10 de marzo, como parte de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público.
En la sesión ordinaria del Consejo Universitario realizada esta mañana se conoció la propuesta de la dirección sobre la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, que entrará en vigencia el próximo 10 de marzo.
El Consejo acordó “autorizar a la rectoría para que vía resolución defina como medida excepcional un sistema salarial global transitorio para el personal docente y administrativo que ingrese a partir del 10 de marzo de 2023”.
Asimismo, se acordó que “ese sistema salarial se mantendrá hasta que el Consejo Universitario apruebe las reformas normativas requeridas”.
El acuerdo fue aprobado de forma unánime con 11 votos y quedó en firme.
Declaración de Conare
En el artículo 13 de la Ley se dispone que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de Gobierno y administración tendrán cada uno su propia familia de puestos. Según la determinación que realice el respectivo ente, la correspondiente familia estará conformada por las personas servidoras públicas con funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean “exclusivas y excluyentes” para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas.
Sin embargo, durante la discusión, los integrantes del Consejo Universitario señalaron que la universidad únicamente emitirá una resolución con respecto a la definición de puestos que serán “exclusivos y excluyentes” de la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), cuando se finalicen todos los estudios que constituirán la fundamentación técnica.
También resaltaron que en una sesión realizada el 26 de abril de 2022, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó que todos los puestos existentes en las universidades y en el Conare se encuentran vinculados de forma exclusiva e incluyente al cumplimiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de empleo público universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo.
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