El Consejo Universitario (CU) concluyó que el Tribunal Electoral Universitario (TEU) tiene suficientes potestades normativas para actuar de forma excepcional en situaciones de emergencias y por esta razón declaró inadmisible las reformas reglamentarias solicitadas por el TEU.
El Tribunal solicitó se le diera potestades para actuar de forma ágil ante las afectaciones que pueda tener la suspensión de las elecciones en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que le permitiera la modificación de los plazos para llevar a cabo las diferentes elecciones programadas para este año.
Sin embargo, la normativa universitaria ya le permite al TEU cambiar la dinámica de las elecciones para realizar una votación presencial por tractos o en diferentes días e incluso de forma virtual, mientras se garantice un voto secreto, aseguró el CU.
La UCR tiene programada para este año las elecciones para escoger nuevo Rector y elecciones para escoger representación ante el CU por parte del sector administrativo y por las áreas académicas de Ciencias Agroalimentarias, Ciencias Básicas y Ciencias Sociales.
Las elecciones a la Rectoría se iban a llevar a cabo en abril pero se suspendieron en marzo como medida de prevención ante la actual pandemia por COVID-19 ya que el voto es presencial.
En mayo el Tribunal anunció que las elecciones se mantendrían presenciales y se llevarían a cabo durante el segundo semestre para no comprometer la participación de la población estudiantil.
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El plenario dijo que las medidas tomadas por el tribunal hasta el momento para moldearse a la emergencia nacional son la prueba de que tiene las facultades para atender la situación sin problemas y que por lo tanto no puede responsabilizar al Consejo del “desenlace de los procesos electorales” de este año.
Según el Consejo, la jurisdicción que tiene el tribunal para actuar en situaciones excepcionales están respaldadas en los artículos 1 y 7 del Reglamento de elecciones universitarias, los artículos 135 y 140 del Estatuto Orgánico, así como el artículo 16 de la Ley general de la Administración Pública.
