En un foro organizado por el Área de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, explicó los peligros del proyecto de ley Marco de Empleo Público (21.336) para la independencia de poderes, así como la importancia del fallo de la Sala IV, que marca 35 inconstitucionalidades a esta iniciativa.
“El tema no es solo fiscal, aquí me parece que queriéndolo o no, hay un tema de concentración de poder y debilitamiento de otras instancias de opinión, poder y participación ciudadana”, comentó el jerarca.
Para Cruz, los promotores de este proyecto estaban creando “un caballo de Troya”, que en manos de cualquier otra administración futura serviría para “desdibujar el entramado” que se plantearon los constituyentes, tanto en universidades como en el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial.
“Si hubiera quedado como estaba, yo creo que el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, se hubieran convertido en Planificación Judicial y Planificación Electoral; desde el punto de vista político es muy grave lo que hemos vivido”, señaló el presidente de la Corte.
“Yo no tengo memoria de que se hayan hecho, en cuatro años, dos lesiones tan graves a la independencia judicial”, Fernando Cruz Castro.
Bajo la moderación de Isabel Avendaño, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, en el conversatorio, también participaron Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y el exmagistrado José Manuel Arroyo, quien retomó el punto de Cruz.
“Este proyecto es una operación a cerebro abierto, porque se trata de tocar y manosear la Constitución, con consecuencias inaceptables desde cualquier punto de vista”, dijo Arroyo.
Proyecto se queda sin oxígeno
Las 35 inconstitucionalidades señaladas en el fallo de la Sala Constitucional son un fuerte golpe para el proyecto de ley, aunque esto no significa que se haya quedado sin opciones para ser aprobado, según el magistrado Cruz:
“Es muy fuerte el varapalo de la Sala, lo que pasa es que no significa que no lo puedan hacer […] Este fallo por lo menos le puso un estate quieto a esa ley”, aseveró.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, también invitada a la charla, afirmó que la iniciativa de ley no es compatible con un Estado democrático:
“Este proyecto, como proyecto político, es un fracaso constitucional para garantizar un Estado democrático en el país”, sostuvo.
Orocú también fue crítica con la falta de información que respalda las cifras del proyecto:
“Si se hace una propuesta semejante, como la que tenemos en discusión, mínimo debe tenerse un asidero numérico para verificar que efectivamente el Estado no lo necesita, pero no hay”.
Campaña contra el sector público
Según el presidente de la Corte, desde hace algún tiempo, existe un movimiento en contra de las personas trabajadoras públicas, que busca responsabilizarlas de la situación económica del país:
“Es lamentable que en el país tengamos una campaña sistemática, de tal vez 4 o 5 años, en el que la culpa de todo es de los salarios que ganan los funcionarios públicos”, expuso el magistrado.
Cruz agregó que “es muy lamentable este ambiente de envenenamiento social”, al tiempo que señaló el impacto de proyectos recientes que afectan el sector público:
“Tanto la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como la de Empleo Público lo que hace es cerrarle la posibilidad al funcionario público de que pueda compensar su salario por la devaluación”, explicó.
El abogado explicó que, desde su perspectiva, el debate de dos proyectos con estas implicaciones es un hecho sin precedentes en el contexto costarricense:
“Yo no tengo memoria de que se hayan hecho, en cuatro años, dos lesiones tan graves a la independencia judicial”, sentenció.
