Universitarias Universidades pidieron aumento en el FEES de casi ₡49 mil millones, pero solo obtuvieron poco más de ₡5.500 millones

Actas revelan que ministra del MEP reaccionó por piquete de universitarios y amenazó con llevar a niños a plaza a manifestarse

Minutas de la Comisión de Enlace revelan presiones y maniobras que empleó el Ejecutivo en su intento de reducir el FEES.

Las tres primeras minutas de las sesiones de la Comisión de Enlace muestran desde la propuesta inicial con la que llegaron las universidades a negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el recorte de ₡129 mil millones planteado por el Ejecutivo, hasta la disputa entre jerarcas por las declaraciones y filtraciones en la prensa.

La Comisión de Enlace es el órgano donde el Ejecutivo y las universidades públicas negocian el financiamiento de la educación superior. Está conformada por los rectores de las cinco casas de enseñanza universitaria, un representante estudiantil y los jerarcas de cuatro ministerios: Educación (quién preside el órgano), Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología.

Tras un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública (MEP), UNIVERSIDAD logró obtener tres de las cinco minutas de las sesiones realizadas en las negociaciones del FEES para 2023. Las otras dos faltantes no fueron entregadas, pese a lo dispuesto por la Sala Constitucional. A continuación, se hace un recorrido de los documentos:

Primera sesión: Universidades piden aumento por inflación de 8,71%

9 de agosto. La primera de las cinco sesiones de la Comisión de Enlace fue probablemente la más tranquila de todas. En primer lugar, se definieron unas “reglas de oro” quedaron solo en el papel. Estas normas incluían cosas como respeto, empatía o buena fe, además de algunos artículos constitucionales sobre educación.

“Las Universidades generan recursos, pueden cobrar matrícula”, ministra de Planificación, Laura Fernández, Segunda minuta de la Comisión de Enlace.

También se estableció alternar la sede de las reuniones, entre Casa Presidencial y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), y finalizar las negociaciones antes del 12 de agosto. Una vez concluidos estos formalismos, comenzó la negociación.

El entonces presidente del Conare y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, comenzó a exponer algunos datos sobre la educación en Costa Rica y la propuesta que habían formulado. No tardó en llegar el primer punto de discordia, cuando Arias solicitó permiso para que ingresaran dos presidentes de federaciones estudiantiles, solo como observadores.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, dijo que “la negociación no es pública, ni prevé la inclusión de observadores”, a lo que el representante estudiantil José Antonio Ugalde replicó solicitando permiso para el siguiente encuentro. Müller se mantuvo firme: “No es posible incluir observadores en ninguna de las sesiones”.

Arias continuó la exposición, hasta llegar a la propuesta de un aumento por costo de vida de 8,71%, utilizando la inflación interanual a mayo. En términos reales, la propuesta universitaria no significaba un aumento. De forma nominal, el FEES pasaba de aproximadamente ₡559.199 millones a ₡607.905 millones.

Segunda sesión: Ejecutivo propone recorte del 23%

11 de agosto. La ministra de Educación comienza con una lectura de la contrapropuesta del Ejecutivo, que, según reportaron los medios en ese momento (la minuta no detalla la propuesta), consistió en un recorte de ₡129.000 millones al FEES, lo que significa cerca de un 23% menos.

Tras Müller, el primero en hablar fue Carlos Alvarado, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Alvarado defendió que “todos en Costa Rica tenemos que ponernos una faja en la cintura, porque estamos hablando literalmente de la comida de muchos niños que llegan a las escuelas y que solamente estos alimentos consumirán durante todo el día”.

Luego, la ministra de Planificación, Laura Fernández, dijo que la propuesta “fue revisada a conciencia”, mientras que Nogui Acosta, ministro de Hacienda, indicó que “hablar de dinero en el tema de educación es muy difícil, por el contexto en el cual se da”.

Luego retomó la palabra Müller, quién advirtió que “si los estudiantes universitarios se manifiestan por defender sus derechos, ella tendría que llevar a los niños de 4 y hasta jóvenes de 17 años a una plaza a defender sus derechos”, según consta en la minuta.

Añadió que el recorte se basó en una “regla de tres”. Si al MEP se le asigna un 6,02% del producto interno bruto (PIB), que corresponde al 75% del 8% del PIB que debería asignarse según la Constitución, entonces “será en esa misma proporción que se les aplicará a todos”.

El rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, señaló que el recorte dejaba a las universidades “sin posibilidad de funcionar”; Müller dijo lo mismo del MEP: “Con el presupuesto que se tiene para 2023 no se llega a fin de año”.

Después de varios intercambios similares, Rodrigo Arias pidió concluir la sesión, por el impacto que le había causado la propuesta. Antes de eso, tomó la palabra la ministra de Planificación, dejando frases como que “no se trata de un ataque contra las universidades”, que “no se trata de poner a confrontar a los estudiantes de las universidades con los padres de familia y maestros” o que “las Universidades generan recursos, pueden cobrar matrícula”.

Tercera sesión: Universidades frenan el recorte y mantienen base de 2022

16 de agosto. Miles de estudiantes acuerparon a los rectores en su llegada a Casa Presidencial, después de que se filtrara en la prensa el recorte propuesto por el Gobierno. Los rectores llevaron una propuesta donde planteaban que el aumento por inflación prácticamente se redujera a la mitad de lo propuesto en la primera sesión (la minuta no incluye el detalle concreto). Como referencia, casi al final de la sesión, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, habló de valorar un 4% por costo de vida.

Se discutieron ampliamente los detalles de la propuesta; se habló de la cooperación entre las universidades y el Gobierno; de la inversión en investigación y hasta el ministro de Hacienda señaló que el 8% del PIB en Educación, establecido constitucionalmente, es un “aspiracional de la sociedad costarricense”.

También, la ministra de Educación manifestó que considera importante “ver un poco más de fondos yendo al TEC para carreras de STEAM o para la UTN, o bien para la UNED, para las carreras a distancia”.

La palabra iba de allá para acá, hasta que Gutiérrez encaró a Müller por un comentario en el cual ella “hizo un llamado para no engañar a la comunidad estudiantil”. El rector negó que se engañara estudiantes o a la opinión pública y pidió a Müller rectificar sus palabras.

La ministra dijo que su manifestación fue “no engañemos a los estudiantes” porque ella “ha tenido conocimiento de estudiantes que expresan han sido obligados a asistir a la marcha a cambio de no afectar sus notas o personal de las universidades que también está siendo obligado a participar”.

Gutiérrez pidió que Müller presentara esos datos y evidencia para “proceder de inmediato a resolver esos hechos tan graves que se están denunciando”. Müller cambió la versión y sostuvo que en realidad solo dijo “no engañemos” dirigiéndose “a todos”. Añadió que desde el inicio se pretendió “un diálogo respetuoso” y que a eso se refería cuando indicó que “no había que engañar a la población”. La ministra insistió en repetidas ocasiones en que el debate no llegara a los medios, sino que se mantuviera dentro de la Comisión.

Entre tanta discusión, el rector de la UNA pidió al menos acordar mantener la base presupuestaria de 2022 y luego negociar la inflación. El ministro indicó que ese “es el ánimo del Gobierno”. Müller indicó que otorgar cualquier monto por inflación implicaba un reajuste en el presupuesto del MEP, por lo que propuso “discutir en conjunto, a qué se le quitará el dinero que se otorgue por inflación”.

Hacia el cierre y mientras miles de estudiantes se manifestaban a poco metros, la ministra de Educación indicó que se debe comunicar los avances de la negociación, pero no solo en números, sino en compromisos “porque el mensaje no puede ser que la población puede manifestarse por obtener un monto, y que esa presión es la que determina una negociación”.

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