El Tribunal Penal de Hacienda definirá este martes si procede o no la última apelación en el caso de Óscar Arias y la minería a cielo abierto Crucitas, proyecto declarado “de interés público y conveniencia nacional” por el expresidente en 2008 y cuyo decreto fue anulado en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo.
Esta es la segunda apelación que formulan la Fiscalía, la Procuraduría y la organización Aprefloflas, quienes señalan al exmandatario de cometer prevaricato al emitir el decreto de interés público.
La culpabilidad o no de Arias no está sobre la mesa de discusión. Los tribunales deben determinar si se incumplió o no el plazo para tomar acciones penales contra el expresidente.
La defensa de Arias afirma que el caso prescribió en diciembre de 2016, cuando se cumplieron seis años del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual anuló el decreto de Arias. Si no se realiza ninguna acción penal en ese plazo, el caso no puede entrar a verse en juicio.
La Fiscalía afirma que la fecha en que prescribió el caso fue el 8 de noviembre de 2017 y que la fiscal Emilia Navas le realizó una indagatoria a Arias antes de vencer el periodo de prescripción. La tesis de la Fiscalía es que el punto de partida no debe fijarse en el fallo del Contencioso (2010) sino en la sentencia de la Sala Primera, emitida el 30 de noviembre de 2011. De llevar razón la Fiscalía, se podría determinar que el caso fue rescatado a tiempo.
No obstante, dos tribunales penales le dieron la razón al expresidente y determinaron que el caso había prescrito en 2016, por lo que la Fiscalía habría llegado un año tarde.
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“Si la que hubiera estado en un principio hubiera sido Emilia Navas, el caso iría a juicio”, dijo Bernal Gamboa, abogado de la agrupación Aprefloflas. El abogado culpabilizó al exfiscal Jorge Chavarría, quien funcionó como escudo de Arias para evitar la acusación contra el político, según dijo.
Gamboa agregó que el expresidente Arias debería ser fiel a sus palabras y renunciar al tema de la prescripción.”Él (Arias) le decía a la prensa que estaba muy feliz de que esto se fuera a investigar, para que se supiera la verdad. Si esas palabras fueran ciertas, él iría a juicio”, dijo Gamboa.
“Lo que está en discusión acá es la prescripción: la Fiscalía tiene una interpretación diferente. Lo que sucede es que la interpretación nuestra es la única conforme a derecho”, comentó Rodolfo Brenes, abogado de Arias.
El Tribunal Penal de Hacienda citó a las partes en los tribunales de Goicoechea a la 1:30 p.m.
