Los grupos sindicales entregaron una serie de peticiones en las que demandan al Gobierno dar marcha atrás con la declaratoria de “ilegalidad” de la huelga que se realizó el pasado lunes y, una vez más solicitan que se elimine el proyecto de ley para Fortalecimiento de las Finanzas 20.580 que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Los grupos sindicales entregaron las propuestas esta mañana de viernes, durante la cuarta reunión que hacen ambas partes con la intención de llegar a un acuerdo con la reforma fiscal. La reunión inició a las 10:00 a.m. en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) y se extendió por una hora.
Entre las peticiones que hacen los sindicatos al Ejecutivo es que se detenga el trámite del expediente 20.580, mientras se abre un periodo para generar acuerdos en la conformación de una mesa de diálogo social y de carácter multisectorial sobre el tema fiscal.
Sobre la conformación de esta mesa de diálogo, los sindicatos plantearon la posibilidad de contar con la participación la Iglesia Católica como garante para que presente una propuesta consensuada.
Por parte del Gobierno se presentó una propuesta de agenda de trabajo sobre temas que han sido fundamentales en la discusión de ambos grupos para trabajar y discutir como el Impuesto del Valor Agregado (IVA), Impuesto al Salario, Renta Global, así como evasión y elusión fiscal, exoneraciones, pensiones de lujo y normativa de contención del crecimiento del gasto público.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), indicó que a pesar de que analizarán las propuestas, reiteraban oposición al “combo fiscal”.
“Los temas que trae el Gobierno incluyen temas por los cuales los sindicatos venimos, peleando, abogando, escribiendo, pero sigue habiendo fuertes reservas, desde el punto de vista de que, el punto central de los sindicatos, es que el expediente 20.580 es completamente inequitativo, injusto y promueve la desigualdad”, indicó Vargas.
El secretario agregó que harán un análisis exhaustivo de los planteamientos del Gobierno para buscar el camino a una solución, basada en la propuesta que ya tienen lista los sindicatos para presentar al Gobierno y que será presentada en los próximos días, una vez que se concreten una serie de consultas pendientes.
Ambas partes acordaron que analizarán los documentos planteados hoy sobre la mesa y darán una respuesta el próximo 9 de julio.
Sobre la mesa
Durante la reunión de este viernes estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; el ministro de Trabajo, Steven Núñez; y el viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, quien ejerce como viceministro de la Presidencia en Ejercicio.
De la parte sindical participaron el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y coordinador de Patria Justa, Albino Vargas; el presidente de ANDE y coordinador de BUSSCO, Gilberto Cascante; el presidente de la CTRN, Lenin Hernández y la presidenta de APSE, Mélida Cedeño-
Esta es la cuarta vez que el Gobierno y los sindicatos se reúnen para llegar discutir y llegar a un acuerdo; no obstante, el Ejecutivo se ha mantenido firme con que no darán marcha atrás con el expediente de la ley para el Fortalecimiento de las Finanzas 20.580 y, por su parte los sindicato están en contra del proyecto y piden que se retire de la corriente legislativa.
Lea también: Huelga por el plan fiscal “es un éxito”, dicen los sindicatos
La oposición que han manifestado los grupos sindicales con respecto al proyecto fiscal es que fijará nuevos impuestos que golpearán, especialmente, a la clase trabajadora, por lo que buscan una vía para que se discuta un proyecto “más balanceado”.
“Hay que hacer un proyecto que grave y equilibre un poco más la balanza para todo el mundo. Si no peleamos para que se recoja mayor cantidad de dinero, en un año tendremos que salir a pelear por otro proyecto(…) Necesitamos algo más profundo”, dijo Gilberto Cascante, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) tras la huelga del pasado 25 de junio.
Los sindicatos realizaron una huelga el pasado 25 de junio que tuvo efectos alrededor de distintas regiones del país, ya que distintos servicios públicos como hospitales, centros de salud o centros educativos, cesaron sus funciones para unirse a la huelga.
La Casa Presidencial dijo que tomaría acciones legales para sancionar a todos aquellos funcionarios que participaron de la convocatoria, alegando que “no se cumplió con el procedimiento que establece la reforma procesal laboral” para realizar una huelga.
