Un grupo de seis representantes indígenas participaron este martes de una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos con reclamos políticos, judiciales y legislativos por atrasos en la recuperación de sus tierras, así como los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera.
“En el momento en el que continuamos con las recuperaciones (de tierras), los asesinatos van a seguir. Hay finqueros con muchos recursos en los territorios y son amigos de diputados, ministros, jueces. Dicen que el juez tiene una independencia absoluta pero el juez que dicta resoluciones en el (Tribunal) Agrario es yerno de un terrateniente de los territorios. Por más que digan que hay independencia, es el suegro”, afirmó Pablo Sibar, uno de los voceros de este martes.
Entre otros temas, Sibar reclamó que la Asamblea Legislativa no tramitó la Ley de Autonomía, alrededor de una década atrás y que eso ha sido un atrasado para recuperar territorios y protegerse de la “discriminación total en el territorio”.
Sibar solicitó a los diputados un “proyecto de ley que realmente diga cómo tienen que ser nuestras tierras y que esas tierras estén en manos absolutas de nosotros” para su organización.
El frentamplista José María Villalta resaltó que Sibar ha recibido amenazas contra su vida y que, desde el 2015, los voceros indígenas están protegidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, esta misma acción internacional respaldaba la vida de Sergio Rojas (asesinado en marzo del 2019).
Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos
Costa Rica carece de legislación y políticas institucionales que protejan a activistas, con lo cual actos de agresión quedan en la impunidad y no son cuantificados.
Como miembro del Consejo Ditsö Iriria Ajknok Wakpa, Lesner Figueroa aseguró que las medidas cautelares continúan sin cumplirse. Sobre el caso de Sergio Rojas, dijo que sus hijos están “decepcionados” por el trámite del Ministerio Público. Aseguró que “desconfiamos totalmente de este Ministerio Público porque, desde un inicio, dijeron que era difícil encontrar a un culpable”.
“No hay duda de que el asesintado del hermano Sergio es culpa del Estado porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial… La Ley se promulgó en 1977. El asesinato se hubiera evitado si el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jehry Rivera”, dijo Figueroa.
“El Estado efectivamente es responsable, por más que se quieran tirar la pelota (…) Perdón por la inacción del Estado”, respaldó la diputada liberacionista Paola Valladares.
Al final de la sesión, los diputados acordaron acuerpar una solicitud de Villalta y la independiente Nidia Céspedes para realizar una gira a los territorios indígenas en la Zona Sur.
Sin agua potable y con bloqueos institucionales
El papel estatal en las vejaciones a sus derechos humanos fue reiterado en varias ocasiones, Carlos Steven Vargas explicó que Salitre no tiene una tubería adecuada para el agua potable y que las quejas del pueblo indígena son acalladas con los asesinatos.
Los representantes aclararon que las Asociaciones de Desarrollo son un “tropiezo” para sus trámites. Pablo Sibar explicó que, previamente, estas Asociaciones tenían una base de datos con “personas no indígenas y no hemos logrado que Dinadeco haga ese cambio”.
Vanesa Figueroa afirmó que las Asociaciones de Desarrollo “no son parte de las luchas de la reivindicación de los pueblos indígenas sino más bien son parte de una contra para poder realizar estas situaciones”. Calificó estas organizaciones de “amenaza” y “enemigos internos”.
“Aunque el Estado haya hecho algunos diálogos, más bien ha hecho un desorden y un tejido sin poder desenlazarlo”, acusó la representante bribri.
“Lo que queremos es que nos devuelvan nuestras tierras y no hayan más asesinatos (…) Hemos vivido discrminación, racismo, persecución, amenazas de muerte. Mis hijos me dicen ‘Mami ya no siga en esto porque le va a pasar la de Sergio’. Ellos no saben que si uno no lucha como estamos luchando, esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata”, afirmó también.
Los representantes indígenas enumeraron que tienen más de 100 denuncias, generadas por los procesos de recuperación y protesta indígena. Lesner Figueroa afirmó que tiene “más de 20 casos penales y agrarios” y Vanesa Figueroa dijo que fue denunciada en 16 expedientes entre el 2014 y el 2016.
