Tras 16 años en trámite, los Tribunales de Justicia del país emitieron una condena contra seis personas vinculadas a varias sociedades que defraudaron al Ministerio de Hacienda por ¢349 millones en impuestos. Es la primera vez que se emite una sentencia de este tipo en Costa Rica y quedó en firme en junio del 2020, afirma un comunicado de prensa que se envió a medios de comunicación.
Las seis personas enfrentarán condena de diez años de presión.
“Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial”, afirma el comunicado que envió Gobierno.
El grupo tenía “53 personas jurídicas y 103 personas físicas”, dedicadas a la importación y comercialización de ropa y zapatos, con una cadena de tiendas por todo el país. Según dice la información, estaban inscritos ante la Administración Tributaria, “de manera independiente y bajo el Régimen de Tributación Simplificada”. Bajo este entramado de sociedades, se tramitaron formas fraudulentas de evadir impuestos.
A principios de este siglo, Ministerio de Hacienda investigó a las personas jurídicas y físicas. La Dirección General de Tributación (entonces Tributación Directa) interpuso la denuncia en el 2004, “por indicios de delito tributario, en relación con el impuesto sobre las utilidades de los períodos fiscales 2001 y 2002”.
Por el impuesto a las utilidades se evadieron de pago ¢149,7 millones para el 2001 y ¢230,8 millones para el 2002.
En la investigación “se realizó el levantamiento del secreto bancario y se determinó que los ingresos producto de la actividad económica desarrollada por el grupo de referencia, eran depositados en cuentas bancarias del señor Soto Mora, de sus dos hijas, así como en cuentas bancarias de los dos sujetos Murillo Hernández”.
En el comunicado, Carlos Vargas, ahora director general de Tributación, afirma que esta sentencia “es un precedente fundamental con el que se demuestra que en Costa Rica es posible la condena por evadir al Fisco”.
De acuerdo con el Gobierno, el Poder Judicial tiene 21 casos de defraudación tributaria que suman “más de ¢20.800 millones, en impuestos dejados de pagar”.
“Es la primera vez en la historia del país en que se da una condena en firme por delito tributario, que además de afectar al contribuyente, recae sobre sus colaboradores, en este caso, supervisores y contador”, dice la declaración de Vargas.
Este funcionario también dijo que “durante estos 16 años, el contribuyente utilizó todas las garantías procesales hasta la última instancia”.
Además de Hacienda, el caso tuvo seguimiento de la Procuraduría General de la República, Ministerio Pública y Tribunales de Justicia.
Cómo funcionaba el fraude
Gobierno afirma que “el señor Soto Mora era el principal desarrollador de la actividad comercial. Por otra parte, sus hijas eran las encargadas de ejecutar y controlar la venta de mercaderías, así como los ingresos percibidos por ello”.
“Los hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona, eran los encargados, entre otras diligencias, de recibir el dinero en efectivo generado y efectuar depósitos bancarios producto de las ventas. Por su parte, el contador era quien le daba sostenibilidad al esquema del ilícito”, dice el comunicado.
Al levantar el secreto bancario —los bancos tienen la obligación de proteger la información de sus clientes, y se requiere una acción judicial expresa para permitir que esta información se comparta— “se evidenció que parte de los ingresos gravables obtenidos de la actividad comercial, no fueron declarados” al Ministerio de Hacienda.
Cuando resultó posible ponerle rostro a la evasión
No están todos los que son, aunque, en algunos casos, sí fueron todos los que estaban. Más aún, hay otros casos en los que todavía no sabemos si serán o no, porque deben resolverse en los tribunales.
