El presidente de la República Carlos Alvarado y la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidieron la renuncia del diputado Welmer Ramos, luego de que se diera a conocer la acusación de la Procuraduría de la Ética Pública contra el legislador por presunto tráfico de influencias en el caso del “cementazo”.
Ramos indicó en diciembre del año 2017, durante la campaña electoral, que renunciaría a su candidatura como diputado o a su curul, según correspondiera, si la PEP encontraba alguna falta de probidad en su actuar como ministro en el caso del cementazo.
Por eso, presidente Alvarado aseguró este miércoles que Ramos debe sostener el compromiso que adquirió. “Mi posición es que don Welmer tiene que honrar ese compromiso asumido en el año 2017, frente a quién entonces era el candidato, pero también frente a la ciudadanía”, indicó Alvarado durante la atención semanal a la prensa en Casa Presidencial.
Casi al mismo tiempo, los legisladores oficialistas se sumaron a la posición del mandatario. La diputada Laura Guido, primera secretaria del Congreso, señaló que la bancada del PAC considera que Ramos debe cumplir su palabra y enfrentar los cuestionamientos legales fuera de la Asamblea Legislativa.
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Sobre la solicitud, la diputada Guido señaló que en el Partido existe confianza sobre las acciones de Ramos, que siempre impulsó la apertura del mercado del cemento y que alega haberlo hecho para mejorar los precios del producto, y no para favorecer a ningún empresario.
No obstante, Guido subrayó que el llamado debían realizarlo para defender la institucionalidad, pues la PEP es la entidad encargada de revisar las actuaciones de los funcionarios públicos y sus observaciones deben ser tomadas con toda la seriedad que corresponde.
“Esta fracción respalda la solicitud del presidente de la República, que ha llamado al diputado Welmer Ramos a honrar el compromiso que asumió en el mes de diciembre de 2017, de dejar su cargo cuando se anunció la acusación que hizo la Asamblea Legislativa y la solicitud de investigación ante la Procuraduría de la Ética Pública”, indicó Guido.
“Don Welmer debe atender a esa investigación, como tenemos certeza de que lo hará, no desde la curul de la Asamblea Legislativa, sino desde su ejercicio como ciudadano, separándose de este puesto”, puntualizó.
Guido fue enfática en que “la PEP debe ser fortalecida y entendida como un espacio para la revisión de las actuaciones de los funcionarios y las funcionarias públicas y que la institucionalidad, aún cuando resulte complejo para nuestros efectos, y conociendo como conocemos al compañero, sabiendo que sus actitudes siempre estuvieron guiadas desde la búsqueda del bien común para una sociedad más justa en los precios de insumos de la construcción, aún así nos corresponde acatar lo que la Procuraduría”.
Además de Guido, la jefa de fracción oficialista Nielsen Pérez realizó un anuncio propio a través de un comunicado de prensa. Ella señaló que el tema es cuestión de “congruencia” con los compromisos asumidos en la campaña electoral.
Ramos brindará unas declaraciones durante la tarde; sin embargo, en horas de la mañana, manifestó a medios de comunicación que renunciaría a su inmunidad como diputado, pero que no haría lo mismo con su diputación si no se comprobaba su supuesta falta de probidad a través de un debido proceso.
La decisión oficialista generó distintas reacciones en las bancadas de oposición. La jefa del Partido Liberación Nacional, Silvia Hernández, indicó que la renuncia “debe ser inmediata”, una postura que manifestó en nombre de toda su fracción.
Ella también le pidió directamente a Ramos no actuar como hizo en su momento el exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, quien no acató el llamado de la fracción del PAC y solamente se declaró independiente.
La decisión de la fracción del PAC también generó aplausos, como ocurrió en el caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuya jefa María Inés Solís destacó la coherencia de la bancada y el presidente Alvarado, al tiempo que pidió a Ramos seguir sus pasos.
Algo similar dijo Eduardo Cruickshank, jefe del Partido Restauración Nacional (PRN), quien dijo que en otras condiciones habría sostenido que el diputado Ramos no debía renunciar hasta que tuviese una resolución en firme, pero que el oficialista había hecho una promesa de campaña que era infranqueable.
Más vehemente fue el frenteamplista José María Villalta. Para él, la postura de Ramos y del PAC no podría ser otra que la renuncia, pues un compromiso de campaña debe cumplirse sin ningún matiz de por medio.
