Cinco profesionales en leyes se disputan la dirección del Ministerio Público, una silla que está vacante desde el 15 de diciembre pasado, cuando el exfiscal general Jorge Chavarría anunció que se acogía a su jubilación, luego de ser suspendido por la Corte Plena, debido a sus vínculos con el caso del “cementazo”.
La actual fiscal interina, Emilia Navas, es la única mujer que permanece en la lista final de candidatos. Mantiene un perfil alto por su rol protagónico en las investigaciones del “cementazo”.
Además, bajo el mando de Navas, la Fiscalía reabrió la investigación contra el expresidente Óscar Arias, por el caso Crucitas, y acusó a Celso Gamboa por supuesto tráfico de influencias para sacar al alcalde Johnny Araya de una causa. Estas acciones se suman a la lista de personas que purgan prisión preventiva por el caso del “cementazo”, incluidos el empresario Juan Carlos Bolaños y el exgerente del BCR, Mario Barrenechea.
El trabajo de Navas le ha ganado réditos ante la opinión pública, inclusive, un grupo de ciudadanos encabeza una campaña digital – que reúne unas 3.500 firmas – para que los magistrados de la Corte Plena escojan a la fiscal interina.
Navas también fue demandada recientemente por el diputado Otto Guevara, luego de que la Fiscalía allanó su vehículo, casa y despacho legislativo.
Por otra parte, los otros cuatro abogados cuentan con más de 18 años de trabajar en el Poder Judicial, inclusive, uno de ellos, Ronald Segura, fue letrado de los magistrados Jesús Ramírez, de la Sala Constitucional y de Celso Gamboa, de la Sala Tercera, sin embargo, lo hizo de manera interina por periodos cortos.
Segura también, desde su puesto como presidente de la Asociación de Fiscales, pidió la renuncia del exfiscal Jorge Chavarría y fue crítico con “los amigos subalternos que le investigaban”.
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A Segura y Navas les acompaña Guillermo Hernández, fiscal subrogante entre 2010 y 2012 y allegado del exfiscal Chavarría.
La lista la cierran el exjuez Alberto Montero y el juez y exoficial de investigación Manuel Fallas.
El concurso se abrió el 15 de enero y se cerró el pasado 26 de enero. De las nueve personas inscritas, se comprobó que cuatro de ellas no cumplían con los requisitos necesarios, según la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.
Los aspirantes fueron calificados de acuerdo con rubros objetivos de selección: requisito mínimo, experiencia laboral adicional al requisito, estudios universitarios adicionales al requisito.
Además, se les aplicó una serie de pruebas para evaluar aptitudes para ocupar el cargo como el compromiso, la toma de decisiones y excelencia. Posterior a esto, la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes (UISA) de Reclutamiento y Selección realizó un estudio sociolaboral y de antecedentes de cada uno de los aspirantes, con el fin de constatar la idoneidad ética y moral. Este rubro es complementario y no formó parte de la calificación final.
Los candidatos serán entrevistados este viernes por la Comisión de Nombramientos de Elección de Corte, quienes emitirán una recomendación final a la Corte Plena.
A continuación, una lista con los atestados de los cinco candidatos.
