La Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se unió a los cuestionamientos sobre el proceso que realiza el Consejo de Transporte Público (CTP) para contratar una asesoría sobre sectorización de rutas de buses en San José, con un precio de $2,55 millones (¢1.500 millones).
La agrupación reprochó que la directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, Jessica Martínez Porras, dijera a UNIVERSIDAD que solo la empresa LCR Logística, cuyo presidente es Leonardo Castro Rodríguez, podía realizar ese trabajo.
Martínez había expresado en esa entrevista que “ni a nivel internacional” existía otra compañía que tuviera la experiencia para realizar los estudios y brindar el acompañamiento.
“No es ajeno a muchos ingenieros que en el campo de transportes la empresa LCR Logística tiene un papel destacado, pero diferimos rotundamente en que aparte de esta empresa en el país ‘no hay nadie’ excepto esta empresa capaz de llevar a cabo el estudio sobre sectorización que se pretende, como se atribuye esta manifestación a la señora Jéssica Martínez, directora de la Secretaría de Planificación Sectorial de nuestro ministerio ”, dice una carta enviada por el presidente de la Asociación, Héctor Arce Cavallini, al ministro Rodolfo Méndez Mata, el pasado 1º de octubre.
El ministro Méndez Mata había solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) autorización para contratar de forma directa a la empresa LCR Logística o, en su defecto, hacer un concurso en el que se invite a tres compañías. La Contraloría avaló la segunda opción.
No obstante, el Departamento de Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera del CTP han hecho cuestionamientos a la forma en que se está elaborando el cartel de licitación, el cual, según su criterio “está dirigido a una de las tres firmas que en principio estarían participando”.
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“(…) en la ponderación de los años de experiencia se observa claramente que la intención de la Administración es otorgar la mayor cantidad de puntos al único oferente que cumple con los 25 años o más de experiencia y en tal sentido debemos recordar que los factores de calificación no son para dar una ventaja indebida a un determinado oferente sino una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente, que no es lo mismo”, advirtieron esas oficinas.
Las tres firmas que se seleccionaron para ser invitadas a este concurso son LCR Logística; IAA Ingeniería y Administración; así como Camacho y Mora Ingenieros consultores.
La Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera además señalaron que, para fijar el precio del contrato, solo se realizó una comparación de los estudios más importantes realizados en el país en los últimos ocho años sobre temas relacionados con transporte público, desarrollo urbano, movilidad, planificación de infraestructura y transporte general, “en donde lo que se puede apreciar es que se trata de proyectos relacionados pero diferentes, en donde no hay parámetros de comparación”, indicaron.
La directora de la Secretaría de Planificación admitió a UNIVERSIDAD que para determinar ese precio, además de considerar esos estudios, ella hizo consultas verbales al ingeniero Leonardo Castro Rodríguez.
Ante esto, la Asociación conformada por ingenieros civiles que laboran en el MOPT decidió expresarle al ministro su “preocupación”.
“Todavía más aterradora es la manifestación de que ‘Solo él (refiriéndose a Leonardo Castro, propietario de LCR Logística), por eso se le pidió a la Contraloría la contratación directa. Ni a nivel internacional”, indica el oficio enviado por la Asociación al ministro.
“Ignoramos si la señora Martínez u otros involucrados que apoyaran esta posición conocen el ambiente internacional en materia de estudios de transporte similares al pretendido, pero es una temeridad la afirmación de que ni siquiera internacionalmente hay capacidad técnica para llevar a cabo el estudio que se intenta contratar”, añade el documento.
UNIVERSIDAD conversó con el presidente de la Asociación, quien expresó que según las experiencias de otros países no se puede asegurar que nadie más lo pueda hacer.
“Imagínese Tokio, Alemania, España, Panamá”, mencionó Arce.
“Creemos que lo que es más honesto es hacer una licitación pública internacional considerando el alto monto de la factura. Además el hecho de que por años se han ido haciendo estudios y estudios y tal vez ya sea hora de contratar a una empresa que por una vez por todas traiga otra experiencia para el análisis y defina eso”, agregó.
Desde inicios de los años 90, el empresario Castro ha realizado estudios para el Gobierno relacionados con la reorganización del transporte urbano.
En una entrevista días atrás con UNIVERSIDAD, el ministro Méndez Mata indicó que nunca ha ocultado el interés en contratar al empresario Castro por su experiencia en el tema. No obstante, añadió que solicitaría a la Contraloría que se revisen todas las actuaciones en este proceso, debido a los cuestionamientos que ha suscitado.
