El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección Ejecutiva del Consejo de Transporte Público (CTP) impulsan un proceso de contratación de una asesoría sobre sectorización de rutas de buses en San José, con un precio de $2,55 millones (¢1.500 millones), cuyos requisitos favorecen a una de las tres empresas que concursarían.
Los señalamientos fueron realizados por el Departamento de Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera del CTP, en un oficio enviado el pasado 20 de setiembre al director de la institución, Manuel Vega Villalobos, según una copia obtenida por UNIVERSIDAD. El oficio fue remitido también a toda la junta directiva del CTP, al director de Planificación, al auditor interno, a la directora técnica y a la directora de asuntos jurídicos.
Al analizar el concurso propuesto por la dirección ejecutiva, esas dos oficinas detectaron que, dentro de los requisitos de admisibilidad, se establecieron “una serie de restricciones que no permiten competir a todos los posibles oferentes en igualdad de condiciones, por el contrario, se denota que el concurso está dirigido a una de las tres firmas que en principio estarían participando”.
La jefa del Departamento de Proveeduría, Xinia Murillo Mora, y la directora administrativa financiera, Jane Berrocal Barquero, indicaron a Vega que esto impediría hacer “una valoración objetiva de los atestados a presentar y como resultado, la metodología a utilizar no permitirá calificar a todas las firmas con base en criterios de aplicación uniforme”.
Luego de un proceso de filtros sobre firmas que han brindado servicios al CTP, las tres que serán invitadas a este concurso son LCR Logística; IAA Ingeniería y Administración; así como Camacho y Mora Ingenieros consultores.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ya había solicitado permiso a la Contraloría General de la República (CGR) para contratar de forma directa a la compañía LCR Logística, del empresario Leonardo Castro Rodríguez, quien desde inicio de los años 90 ha realizado estudios para el Gobierno relacionados con la reorganización del transporte urbano.
El ministro indicó en ese momento que, de no aprobarse esa vía, como alternativa se permitiera hacer una contratación directa concursada con al menos tres oferentes. En julio pasado, la CGR avaló la segunda opción, siempre que además se cumplieran otras disposiciones como garantizar la razonabilidad del precio y cumplir la normativa relacionada al proceso.
En el análisis presentado recientemente ante el director ejecutivo del CTP, Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera cuestionaron la metodología de calificación de las ofertas, “donde no solo se excluyen dos de las tres firmas, sino que, el puntaje otorgado a ciertos aspectos y criterios de evaluación son totalmente desproporcionados”.
Como ejemplos, citaron que se otorgue la mayor cantidad de puntaje en el rubro de calificación académica, profesional y experiencia del director técnico propuesto, pero muy poco porcentaje por el precio, “sin mediar justificación alguna”.
Sobre esto, señalaron que “en la ponderación de los años de experiencia se observa claramente que la intención de la Administración es otorgar la mayor cantidad de puntos al único oferente que cumple con los 25 años o más de experiencia y en tal sentido debemos recordar que los factores de calificación no son para dar una ventaja indebida a un determinado oferente sino una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente, que no es lo mismo”.
El informe añade que se refleja la “inexistencia de claridad y transparencia en el proceso de evaluación” y reiteraron que no se pueden establecer criterios de evaluación que signifiquen “ventajas indebidas” a un oferente en particular.
Esta fue la respuesta que recibió Vega luego de que él mismo subiera la solicitud de contratación a la plataforma de compras públicas Sicop y solicitara la aprobación del Departamento de Proveeduría.
El 24 de septiembre, el ministro Méndez Mata concedió una entrevista a UNIVERSIDAD, en la que también estuvieron presentes el viceministro Eduardo Brenes Mata; el director del CTP; la directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, Jessica Martínez Porras; la especialista en movilidad y ex viceministra, Liza Castillo y el jefe de despacho, Esteban Salazar.
Méndez indicó que nunca ha ocultado el interés en contratar al empresario Castro por su experiencia en el tema, que incluso así se le pidió inicialmente a la CGR, pero rechazó que el cartel esté elaborado con la finalidad de que este resulte ganador del concurso.
“Yo le estoy pidiendo a la Contraloría una investigación para determinar si esa aseveración es cierta, de que estamos tratando de favorecer”, adelantó el ministro.
“Aquí el punto es que, hasta el momento, la verdad que ha imperado ha sido la de los funcionarios del CTP y además con una connotación de que lo estamos haciendo por razones espurias, y eso no puede ser, de mi parte no es de recibo”, añadió.
La directora de la Secretaría de Planificación Sectorial aseguró que en el país “no hay nadie”, a excepción de Castro, que pueda realizar el estudio específico que se está necesitando.
“Solo él, por eso se le pidió a la Contraloría la contratación directa. Ni a nivel internacional. Precisamente, uno de los rubros es la experiencia de la empresa”, manifestó Martínez.
Ante esas respuestas, se les preguntó si el cartel está hecho para que sea elegida la empresa LCR Logística, a pesar de que la CGR ordenó que se invite a al menos tres oferentes, los cuales deben competir en igualdad de condiciones. No obstante, rechazaron que fuera así.
“No está hecho para eso. Fuimos desde un inicio a la Contraloría y les dijimos: queremos contratar a esa empresa. Si nos quieren acusar de favoritismos, desde el momento en que fuimos a la contraloría nos lo hubieran dicho, pero qué más transparencia que eso”, expresó el ministro.
Vega, por su parte, entregó copia del oficio con el que ayer contestó a la jefa de Proveeduría. En este indicó que afirmar que el cartel tiene ventajas indebidas “es una situación inaceptable”.
“…dentro de la normativa de contratación administrativa no existe norma alguna que disponga que el precio debe ser un factor decisivo y específico dentro de la admisibilidad y/o ponderación de las ofertas, máxime que lo que se trata de calificar y ponderar es la experiencia que dan los años y el rigor técnico”, indicó en esa respuesta.
Agregó: “Cabe preguntarse qué hace la administración con un oferente que ofrece un menor precio si no posee la experiencia para ejecutar el objeto que se contrata, se estaría no solo causando un resultado negativo de la contratación de la consultoría, sino que eventualmente se estaría causando un perjuicio a la sectorización como proyecto con datos técnicos inaceptables”.
La sectorización de rutas de buses en la capital es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Carlos Alvarado. Desde años atrás, se han elaborado estudios sin que los Gobiernos anteriores hayan logrado ejecutar el plan.
El pago de la consultoría para el reordenamiento en el área metropolitana de San José se hará con fondos del presupuesto ordinario y el superávit del CTP.
El proyecto se relaciona con subsectores como la Uruca, Paso Ancho, Heredia sur, Guadalupe, Coronado, San Sebastián y el sector central. El plazo máximo de ejecución es de 25 meses.
El ministro y su equipo de trabajo insistieron en que urge contratar la asesoría porque las concesiones a autobuseros se deben renovar en el 2021. Además, Méndez expresó que el CTP ha demostrado “incapacidad” para llevar a cabo estos procesos y por ello se hace necesaria la consultoría que además de estudios dará acompañamiento.
El ministro aseveró que ha encontrado “obstrucción constante” para que no se avance con los proyectos. “Yo no quiero ahondar en subjetividades de las razones que puede haber para eso”, dijo y aseguró que él sí escucha los criterios de los funcionarios del CTP “si tienen razón”. “Si no tienen razón no tengo por qué atender los argumentos, más bien me los cuestiono”, afirmó.
¿Cuánto vale la consultoría?
Otro aspecto cuestionado por Proveeduría y Administrativo Financiero es estudio elaborado para fijar el precio de $2,55 millones.
Esas oficinas reprocharon que se hiciera solamente un estudio comparativo de los estudios más importantes realizados en el país en los últimos ocho años sobre temas relacionados con transporte público, desarrollo urbano, movilidad, planificación de infraestructura y transporte general, “en donde lo que se puede apreciar es que se trata de proyectos relacionados pero diferentes, en donde no hay parámetros de comparación”.
También consideraron que ya deberían existir “estudios de mercado con potenciales oferentes en donde se les expone en igualdad de condiciones las necesidades de la Administración para la presentación de eventuales cotizaciones y así determinar y justificar cómo se llegó al monto presupuestado”, dice el análisis.
La semana anterior UNIVERSIDAD consultó al empresario Castro si conocía cómo se fijó ese precio y respondió que, a lo largo de año y medio, tanto en el Ministerio como el Viceministerio le preguntaron verbalmente sobre cómo hacer algunos procesos, los recursos y costos. Castro respondió también de manera verbal y así se fue sumando hasta llegar a ese precio estimado.
En la entrevista concedida a este semanario, la directora de la Secretaría de Planificación Sectorial admitió que ella hizo esas consultas para fijar el precio estimado.
“Lo llamé por teléfono (a Leonardo Castro) y le hice varias consultas”, dijo Martínez.
La funcionaria expresó que las consultas fueron tanto sobre precios como sobre la manera de llevarlo a cabo para que no ocurriera lo mismo que en estudios anteriores que se realizaron de manera incorrecta.
Según Martínez, el precio se estimó tanto al comparar con estudios anteriores como con la información brindada por Castro. “Es que no todo lo que nosotros estamos haciendo aquí tiene antecedentes”, argumentó sobre las consultas hechas a Castro.
“Donde no teníamos referencia, se usó la información que Leonardo dio, pero no es la única fuente, si no conozco una materia y tengo una persona que es experta, lo lógico es que yo consulte, ¿o no?”, añadió Martínez.
Se les preguntó si esto no daba una ventaja efectivamente a uno de los tres oferentes y tanto Martínez como el ministro y el viceministro reiteraron en que nadie más hace esos estudios. Aunque recordaron que la intención inicial era contratar a Castro, rechazaron que el cartel fuese hecho para eso.
Finalmente, el ministro Méndez indicó que además se esperarán las ofertas que hagan las otras empresas. A esas compañías no se les pidió información de precios para establecer un rango posible.
En el oficio elaborado por el director del CTP y remitido a la Proveeduría se indica también que “no existen en el país consultorías en igualdad de condiciones a la que se pretende ejecutar”
Otros cuestionamientos
Entre los otros señalamientos hechos al proceso de contratación está la falta de inscripción en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Planificación (Mideplan).
La inscripción en el BPIP es un requisito estipulado en las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (decreto ejecutivo N° 35374-PLAN), con el cual se busca sistematizar toda la información de inversión estatal para identificar necesidades y tomar decisiones con base en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
El MOPT argumentaba que ya estaba inscrito dentro del plan de reorganización en el área de Tibás-Santo Domingo de Heredia, pero funcionarios del Mideplan aclararon que se trataba de proyectos distintos.
Sobre esto, tanto el ministro como la directora de la Secretaría de Planificación Sectorial sostuvieron que la inscripción del estudio no es necesaria. Méndez incluso mencionó que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, así se lo ha dicho de manera verbal y que espera recibir esa posición por escrito.
Proveeduría y Administrativo Financiero además cuestionaron que la solicitud de contratación en Sicop se realice por parte del director ejecutivo, cuando esa es responsabilidad exclusiva de los jefes de programa, subprograma o proyecto.
Resaltaron que en ese proyecto de contratar la consultoría, la Dirección Técnica es la responsable, como jefe de programa, de elaborar y cargar la decisión inicial en el Sicop.
“No se evidencia alguna justificación del porqué en este caso en particular la Dirección Técnica no cargó la solicitud de contratación en la plataforma del Sicop, ni tampoco fue nombrada como encargada general del contrato”, indica el oficio.
La directora técnica del CTP, Aura Álvarez Orozco, admitió la semana anterior a UNIVERSIDAD que su departamento presentó objeciones a las especificaciones técnicas del proceso, por ejemplo, sobre “la forma en que se tienen que pedir los resultados”, pero declinó dar más detalles.
En el informe realizado por Murillo y Berrocal se menciona un oficio de Álvarez en el cual se hace referencia a aspectos como pago electrónico y política tarifaria, falta de claridad sobre entregables esperados, la inscripción pendiente en Mideplan, razonabilidad del precio y otros puntos.
La Proveeduría condicionó la aprobación a que la directora técnica aprueba las especificaciones técnicas en el cartel.
El director del CTP manifestó este martes a UNIVERSIDAD que hubo reuniones con los técnicos y que algunas observaciones fueron tomadas en cuenta y otras no. “Donde hay tres ingenieros hay criterios distintos. Si me quedo esperando que se pongan de acuerdo nos da 20 años después”, expresó Vega, quien confirmó que la directora técnica se apartó del proceso y él lo asumió.
La jefa de Proveeduría y la directora Administrativa Financiera también pidieron explicación sobre el por qué se solicitó una garantía de cumplimiento (monto para garantizar que se lleve a cabo la consultoría) del 5%, cuando ha sido la costumbre que sea de un 10%.
El director del CTP les respondió que porque así lo permite la normativa.
Vega manifestó a UNIVERSIDAD que se está intentando que exista un convencimiento institucional sobre este proceso de contratación, pero que, de no recibir el visto bueno de la Proveeduría, existen “remedios procesales para hacerlo, que no quisiéramos todavía ni adelantarlos”, expresó.
