Gobierno anuncia obras menores en vía San José-San Ramón mientras BCR hace nuevos estudios

MOPT intervendrá 14 puntos de General Cañas y Bernardo Soto entre 2019 y 2020, en espera de que ampliación supere obstáculos de último quinquenio.

El Gobierno anunció que en 2019 comenzará a invertir $66 millones con fondos propios en el tramo vial entre San José y San Ramón como primer paso del proyecto de ampliación del que se encargará un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).

14 puntos de trabajo están en los planes de dos años del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mientras el BCR aliste el anteproyecto para la remodelación total de estos 60 kilómetros de la ruta 1, la más transitada del país. Solo entonces se conocerá el costo que tendrá la ampliación, el tiempo que tardaría y la tarifa conveniente por peajes para que sea rentable.

Esta propuesta mezcla, según el ministro Rodolfo Méndez, el alto interés público en las obras con la calidad técnica y la planificación responsable. Así el nuevo gobierno pretende poner fin a la serie de tropiezos en la ampliación de la carretera San José-San Ramón, cuya concesión a la empresa OAS fracasó en el 2010 y poco se avanzó en el gobierno de Luis Guillermo Solís  (2014-2018).

Ahora la idea es comenzar trabajos puntuales que además ayudaría a mitigar el efecto que sobre el tráfico tendría la intervención del proyecto de ampliación, según Méndez Mata. Además esos $66 de inversión gubernamental se rebajarían del costo total y así la tarifa del peaje para los usuarios sería más “aceptable”, agregó el presidente Carlos Alvarado sin cifras en mano.

El BCR actúa como un gestor del proyecto, pero solo podría financiarlo mediante una alianza con otros bancos. De momento su tarea es preparar un buen diseño y buscar los recursos, una tarea que no será difícil, según Ada Muñoz, encargada del fideicomiso. Las obras podrían comenzar dentro de unos tres años, si se cumplen las expectativas actuales.

Este proyecto había tomado impulso durante el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, pero ella desechó la concesión por $524 millones ante los fuertes cuestionamientos populares y políticos, “para garantizar la paz social”. Era abril del 2013.

Luis Guillermo Solís, que como candidato se había opuesto a ese contrato, impulsó la creación de un fideicomiso mediante el BCR. En ello intervino el entonces gerente general Mario Barrenechea y el ingeniero Pedro Pablo Quirós, pero hubo trastornos motivados por la crisis en el banco estatal relacionada con el caso “Cementazo” y por diferencias con el MOPT. Esto se trajo al suelo el plan de tener terminada la obra en el 2021 con un costo aproximado de $650 millones, como mencionaba Quirós a principios de 2017.


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