Contratación del Banco de Costa Rica

Cuestionada exgerente de vía Caldera dirigirá proyecto vial San José – San Ramón

Casa Presidencial asegura que no tuvo que ver en decisión del banco estatal

Volvió a la palestra pública el nombre de Hadda Muñoz, a quien el Banco de Costa Rica (BCR) acaba de contratar como gerente del nuevo proyecto de ampliación de la carretera San José – San Ramón, que realizará un fideicomiso manejado por el banco estatal.

La ingeniera Muñoz fue cuestionada en la comisión de control de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa que en el  2011 investigó las concesiones, entre otros extremos por haber recomendado –siendo gerente del proyecto – la puesta en servicio de la ruta 27 San José aún con arreglos pendientes de hacer.

Tras la inauguración de la vía en enero del 2010 por el entonces presidente Óscar Arias, se evidenciaron fallas e incumplimientos en la obra, como hundimientos en la calzada y problemas con los taludes con desprendimientos de rocas que ponían en alto riesgo la seguridad de los transeúntes,  obligando a ordenar cierres temporales de esa vía concesionada al consorcio español Autopistas del Sol.

Eso dio pie a una investigación del panel legislativo que en marzo del 2011 recomendó sanciones políticas y penales para un grupo de presuntos funcionarios y contratistas relacionados con el manejo de esa concesión.

Entre las medidas se recomendó la cancelación inmediata de los contratos que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) tenía con Muñoz, y que iniciara una investigación administrativa sobre su actuación en la relación con la puesta en servicio prematura de la ruta.

El nombre de la profesional también figuró dentro del grupo de funcionarios y contratistas del CNC denunciados ante la Fiscalía en marzo del 2011 por la Defensoría de los Habitantes, por presunto incumplimiento de deberes y pago irregular de contratos administrativos, entre otros posibles delitos.

Una de las faltas que se les reprochaba fue que nunca integraron el órgano de fiscalización que contemplaba el contrato para vigilar el fiel cumplimiento de este, desatendiendo incluso llamados de atención de la CGR para que cumplieran esa obligación.

La denuncia originó seis allanamientos del Organismo de Investigaciones Judiciales en el CNC, oficinas de la gerente y de contratistas con el objeto de secuestrar documentos relacionados con la concesión, construcción y puesta en uso de la carretera.

Esta es una investigación a cargo de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la que no se ha vuelto a hablar.

Ahora se informa que Muñoz trabajará en la construcción de la carretera San José San Ramón con una remuneración de ȼ5 millones, de la mano con Pedro Pablo Quirós,  expresidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), quien fue recientemente nombrado en el BCR como director de proyectos con un salario ȼ8 millones al mes.

El proyecto contempla la ampliación a dos y tres carriles en cada sentido de esa carretera de 60 kilómetros entre la capital y ciudad de San Ramón, por la que diariamente transitan 84.000 vehículos.

Anteriormente la profesional estuvo contratada en plazos que se renovaron sucesivamente como coordinadora y como gerente del fracasado proyecto de ampliación de esa carretera concesionado a Autopistas del Valle (consorcio gemelo de Autopistas del Sol).

Pese a que se dieron reiterados anuncios al país de que la construcción estaba a punto de comenzar, el proyecto nunca arrancó y la concesión fue cedida a OAS, firma brasileña a la que la entonces presidenta Laura Chinchilla le rescindió el contrato en abril del 2013, presionada por protestas populares contra las altas tarifas de peaje que se anunciaban para esa concesión.

La cancelación del contrato le costó al erario público el pago de una indemnización a OAS por  $35 millones (unos ¢19.800 millones al cambio actual), sin haberse puesto ni una sola piedra de la obra tras casi una década de concesión.

PEDIDO

El nuevo nombramiento de Muñoz en el proyecto, ahora asumido por BCR, inquietó al jefe de bancada del Partido Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas, quien dirigió dos notas al presidente Luis Guillermo Solís, instándolo a pedir una rectificación de la junta directiva del  banco estatal, donde cinco de sus siete miembros fueron nombrados por el mandatario.

“Es indispensable una rectificación inmediata del curso de acción seguido por el BCR en la administración de este proyecto. Usted tiene atribuciones conferidas por la Constitución y la ley que lo facultan a actuar. Le insto a hacerlo de inmediato para que el proyecto San José San Ramón no sea expuesto a riesgo de fracaso ni a sombra de duda”,  escribió Vargas en una de las cartas.

Agregó que varios documentos coinciden en que Muñoz como gerente del proyecto fue corresponsable determinante para que la obra fuese aceptada y puesta en operación sin estar concluida, poniendo en riesgo la vida de quienes transitaran y provocando desmedro al interés público.

Se refiere al informe de no conformidad 121 – 09 emitido por Imnsa Euroestudios, supervisor externo del proyecto San José – Caldera,  como el informe de la Contraloría General de la República –CGR (DFOE –OP – IF – 13 – 2010 ) y el informe de la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Público que investigó las irregularidades en torno a la autorización para la puesta en operación de la ruta 27.

Para el socialcristiano, es necesario que la Presidencia de la República se pronuncie sobre la conformación del grupo gerencial de este proyecto, donde primero se nombra como director al señor Pedro Pablo Quirós, cuestionado por la Procuraduría de la Ética por una falta grave al deber de probidad, y ahora se nombra como parte del mismo equipo a la señora Muñoz, cuestionada por su desempeño en el proyecto San José Caldera en informes de la CGR y la Asamblea Legislativa, señaló.

Ambos nombres fueron cuestionados en el pasado por el Partido Acción Ciudadana, hoy partido en el Gobierno.

Una circunstancia parecida se da en el caso de Gonzalo Cervantes, nombrado como abogado del fideicomiso del BCR, y quien en su día fue señalado desde esa agrupación política como autor del reglamento para el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) cuando lo presidía el actual diputado liberacionista y precandidato presidencial Rolando González y por el que se cobró ¢100 millones.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, negó rotundamente que el Poder Ejecutivo haya tenido algo que ver en los mencionados nombramientos en el BCR.

“Eso es exclusivo del Banco, ni nos preguntan, ni nosotros tampoco andamos detrás del Banco viendo a ver a quién contratan”, aseguró el jerarca.

UNIVERSIDAD preguntó al BCR, a través de la oficina de prensa, quién propuso y quién nombró a la ingeniera Muñoz.

La respuesta, parcial, provino de  Luis Ernesto Feoli, Gerente Corporativo de Capital Humano: “El proceso de selección se hizo al amparo a lo establecido en el artículo 25 de nuestra Convención Colectiva, en virtud del cual se valoraron sus  competencias técnicas,  personales y experiencia. El nombramiento de acuerdo con la ley le corresponde al Gerente General quien hace las entrevistas correspondientes”, señaló el vocero, aludiendo al gerente Mario Barrenechea.

Añadió que Muñoz fue contratada en una plaza de Gerente de Proyecto mediante un contrato a plazo por un año.

La ingeniera Muñoz, por su parte, indicó que en su conocimiento no existieron cuestionamientos realizados por la Asamblea Legislativa hace unos seis años.

Si bien parece que existieron dos informes de una comisión legislativa de ese entonces, estos fueron eliminados o archivados, anotó.

“Tengo más de 35 años de experiencia como profesional en ingeniería, recientemente trabajé en el BID por un periodo de cuatro años en apoyo a proyectos de obra pública con financiamiento de esa entidad, y donde las calificaciones de mi desempeño fueron excelentes. Al presente pondré todo mi empeño, como siempre lo he hecho, para trabajar en las tareas que me encomienda el Banco de Costa Rica”.



Antecedentes

Luego de prestar servicios profesionales como gerente del proyecto San José – San Ramón y el proyecto San José – Caldera, la ingeniera Hadda Muñoz trabajó con un grupo de apoyo a proyectos de infraestructura con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vinculado a una oficina en Casa Presidencial liderada por el vicepresidente Luis Liberman.

Documentación del CNC y la CGR indica que antes del 2005  Muñoz  fue contratada para prestar servicios profesionales, primero como coordinadora y luego como gerente del proyecto San José – San Ramón con una remuneración de $4.500 mensuales.

Su tarea era liderar las fases de diseño, planificación, financiación, construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y conservación del proyecto.

En el año 2006 el proyecto se le otorgó en concesión a Autopistas del Valle por un monto de $267 millones, que mediante una adenda en el 2009 subió al doble ($524 millones).

Entre los cuestionamientos que se hicieron en la comisión legislativa que investigó las concesiones en el 2010 – 2011, el entonces diputado Manrique Oviedo, del Partido Acción Ciudadana, reprochó que siendo Muñoz gerente se hubiera pagado $2,2 a la empresa consultora Cacisa por supervisar los avances de las obras en dicho proyecto, sin haber siquiera comenzado.

Cacisa fue contratada también como supervisora del proyecto de concesión San José – Caldera y de la cuestionada “trocha” 1856 en la frontera con Nicaragua.



 


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*Extracto de informe técnico disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Helven_Naranjo/contributions

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