La Fiscalía entregó al Juzgado Penal de Desamparados la solicitud de extradición en contra del sacerdote Mauricio Víquez Lizano, arrestado el pasado domingo en México al tener cuatro denuncias por abuso sexual contra menores aquí en Costa Rica.
No se tiene certeza sobre la duración del trámite de extradición, pues el proceso deberá superar varias fases para que se proceda con el traslado de Víquez a Costa Rica.
Una vez que el Juzgado Penal de Desamparados aprueba la solicitud de extradición, el documento se remitirá a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia costarricense, la cual debe enviarlo a la Cancillería. Después, Cancillería llevará la solicitud de extradición al Consulado de Costa Rica en México. Luego, se lleva a las autoridades de justicia de ese país.
Sin importar la duración de este trámite, la Fiscalía aclaró que la prescripción que estaba programada para finalizar el 26 de setiembre ahora está en pausa, por lo que ya no hay riesgo de que el caso se archive por este tecnicismo.
Además, a las otras tres denuncias que entraron a inicios de agosto les aplicará la nueva legislación que permite a personas de hasta 43 años de edad presentar una denuncia por algún abuso sexual que hayan sufrido siendo menores (la ley anterior establecía el límite a la edad de 28 años).
Víquez fue detenido el domingo anterior en San Nicolás de los Garza, Monterrey, al noroeste del país a donde otros sacerdotes costarricenses han viajado para esquivar denuncias por abuso sexual. Su defensa la asumió el abogado Rafael Rodríguez, quien fue contratado por su familia y enviará a un representante a México la próxima semana para visitar a Víquez.
El caso
El sacerdote de 54 años es sospechoso de cuatro delitos sexuales en contra de tres exmonaguillos y un vecino de Desamparados. Los hechos se ubican entre 1993 y 1996, cuando Víquez fue cura de las parroquias de Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos, y de la iglesia de San Juan Bautista de Patarrá, de Desamparados.
Los cuatro denunciantes forman parte del expediente canónico de Mauricio Víquez junto a otros cuatro que no presentaron denuncia penal ni han querido salir a la luz pública.
La Iglesia católica conoce de las denuncias contra Víquez desde 2003, cuando las recibió el entonces vicario general y hoy arzobispo de San José, José Rafael Quirós. Los denunciantes afirman que 15 años después, al interponer la denuncia formal, el arzobispo les dijo que no existía preparación para tratar estos casos. “Se me fue el asunto”, dicen las víctimas que fueron las palabras de Quirós.
Consultado por UNIVERSIDAD, su exjefe, el exarzobispo Hugo Barrantes, afirmó que una persona allegada a las víctimas le pidió la separación de Víquez de la parroquia de Patarrá y que se guardara silencio al respecto.
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Las denuncias contra Víquez no fueron suficientes para impedir sus ascensos en la Iglesia católica. En 2016, fue designado vocero de la Iglesia católica en temas de familia y en 2017 fue nombrado Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial Monseñor Bernardo Augusto Thiel.
“Tengo el agrado de comunicar a usted que por las presentes letras lo nombro Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial, con plazo hasta el 1º de setiembre del 2019”, se lee en una carta con firma y membrete de José Rafael Quirós.
Quirós fue denunciado ante el Vaticano por supuesto encubrimiento de delitos sexuales. Aún se desconoce la respuesta del Vaticano.
Víquez estuvo siete meses y medio fuera del país. Salío el 7 de enero luego de que la Iglesia le avisó de una denuncia penal en su contra, la cual consta en el expediente canónico. El vicario general, Alejandro Jiménez, explicó en aquel entonces que avisó a Víquez de la denuncia en su contra porque el Tribunal Eclesiástico debía notificarlo para garantizarle su derecho a la defensa.
