Sacerdote Mauricio Víquez se fugó después de que la Iglesia le avisó sobre denuncia penal

• Conferencia Episcopal asegura desconocer a dónde huyó el cura acusado de violación. El Poder Judicial emite orden de captura internacional ante riesgo de que prescriba el delito.

La cúpula de la Iglesia Católica en Costa Rica avisó -a finales del 2018- al sacerdote Mauricio Víquez sobre la existencia de una acusación penal en su contra por una presunta violación a un niño. Días más tarde el cura huyó del país e imposibilitó la notificación legal que se requiere para continuar el proceso judicial.

Víquez, quien enfrenta nueve acusaciones canónicas y una de tipo penal por abusos sexuales a menores de edad, fue notificado por el Tribunal Canónico antes del 7 de enero sobre la única denuncia que podría llevarlo a la cárcel.

En esa fecha el sacerdote salió del país con rumbo desconocido, lo que motivó que este martes el Juzgado Penal de Desamparados emitiera una orden de captura internacional, tras considerar pruebas suficientes que indican un grado de probabilidad de que Víquez, en efecto, haya violado al menor.

El vicario judicial de la Arquidiócesis de San José, Alejandro Jiménez Ramírez, confirmó a UNIVERSIDAD que antes de su viaje Víquez recibió la información sobre la denuncia canónica interpuesta por un hombre que ahora tiene 27 años (a quien el cura habría abusado cuando era menor de edad), la cual contenía una copia de la acusación judicial presentada semanas antes, el 2 de octubre del 2018.

Conociendo esta información, Víquez autorizó al abogado José Francisco Madrigal Madrigal para que delegara a dos asistentes legales y así conocer o fotocopiar el contenido del expediente judicial, en donde el joven relata los abusos que sufrió cuando tenía 11 años en la parroquia de Patarrá de Desamparados.

Esta consulta al expediente habría ocurrió el 14 de diciembre. Poco menos de un mes después, el 7 de enero, Víquez huyó del país y ahora la Iglesia asegura que desconoce su ubicación.

La ausencia del sospechoso en el país imposibilita a las autoridades judiciales notificarlo o tomarle declaración. Mientras, el tiempo corre y aumenta el peligro de que el caso prescriba en setiembre, cuando el denunciante cumpla 28 años de edad (como estipula la ley actual para casos de abusos sexuales a menores).

El vicario Jiménez alegó que avisó a Víquez de la denuncia en su contra porque el Tribunal Eclesiástico debía notificarlo para garantizarle su derecho a la defensa.

En esa comunicación, Jiménez le compartió al denunciado por abuso una copia de la acusación. El vicario asegura que luego de eso no volvió a tener contacto con él y que tampoco lo ha logrado el “abogado canónico” asignado para Víquez en el proceso interno, el sacerdote guatemalteco Alfonso Molina Lara.

Víquez enfrenta nueve acusaciones eclesiales por abusos y violación, cuya máxima sanción sería que lo expulsen de la Iglesia. Se trata de acusaciones por tocamientos, masturbaciones colectivas, sexo oral y penetraciones en los ámbitos parroquiales de Tres Ríos y Patarrá, donde el cura acusado se ganó la confianza de la comunidad, de familias cercanas y de los menores de edad.

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La mayoría de estos casos están prescritos y solo sigue vigente la denuncia penal del muchacho desamparadeño que acudió el 2 de octubre al Ministerio Público, un día después de ver por televisión (en Noticias Repretel) los señalamientos públicos que hacían contra Víquez dos exmonaguillos llamados Michael Rodríguez y Anthony Venegas.

Curia tuvo reportes antes de presunta violación

Los hechos que narra el denunciante habrían ocurrido en la segunda mitad del año 2003, después de que en las autoridades de la Curia Metropolitana ya conocían los reportes de abusos sexuales que habían contado Anthony Venegas (entonces de 17 años) y una vecina de Patarrá al entonces vicario general, José Rafael Quirós, actual arzobispo de San José y máximo jefe de la Iglesia en Costa Rica.

El arzobispo Quirós ahora está denunciado ante el Vaticano por encubrir a Mauricio Víquez, dado que pasaron 15 años entre el momento en que recibió los reportes contra el cura y el momento en que se le suspendió como sacerdote, en 2018. Por estas denuncias Quirós debió suspender su participación en la cumbre sobre pedofilia que convocó el papa Francisco en Roma para esta semana.

El arzobispo rechaza haber encubierto a Víquez, pues dijo que transmitió toda la información en ese momento al arzobispo Hugo Barrantes y que meses después el cura fue removido de la parroquia de Patarrá, luego de los supuestos abusos que se ahora se investigan en sede judicial.

En entrevista telefónica con este medio, el vicario judicial Alejandro Jiménez dijo que desconoce si en 2003 Quirós recomendó al joven Anthony acudir a los tribunales para acusar a Víquez, aunque asegura que esa es la política actual de la Iglesia ante los casos de abusos sexuales.

Distinto es el relato del joven que acudió este 2 de octubre a la Curia para presentar su denuncia canónica. Él cuenta que allí le dijeron que no se encontraba la persona encargada de recibirlo y que una abogada le pidió esperarse y tramitarlo antes por la vía eclesiástica.

Sin embargo, el muchacho optó por acudir ese mismo día al Ministerio Público a presentar la denuncia penal cuya copia accedió a entregar a la Iglesia seis días después, cuando Alejandro Jiménez le recibió el reclamo canónico.

“Cuando puse la denuncia el representante que me atendió me pidió la copia de la denuncia penal para incluirla en el expediente y poder investigarlo en el juzgado eclesiástico. Ellos nunca me dijeron que esa información iba a ser entregada a Mauricio, que solo iba a ser para investigación interna”, dijo el muchacho a UNIVERSIDAD, bajo condición de anonimato.

Alejandro Jiménez lo contradice y sostiene que el muchacho lo hizo de manera voluntaria. Dijo no tener precisa la fecha en que se informó a Víquez sobre esta denuncia penal y declinó contar si el cura rechazó los cargos, pues argumentó que se trata de procesos privados.

Esa misma justificación (la particularidad y privacidad de cada caso) dice Jiménez que dio al muchacho desamparadeño el 8 de octubre para negarle los contactos telefónicos los denunciantes Venegas y Rodríguez. Esto, a pesar de que el vicario judicial también asegura haber instado a este a actuar de manera colectiva en 2017. “Él pone la denuncia en 2018, se le recibe inmediatamente y se le indica que traiga a más personas, si las hay”, recuerda el vicario judicial.

Las actas de denuncias canónicas las redacta el vicario judicial y no entrega copia al denunciante ni se le permite tomar una fotografía, supuestamente para garantizar la privacidad de cada caso. Sin embargo, la Curia Metropolitana ha compartido esta semana con la prensa el documento correspondiente al joven desamparadeño.

En este documento se registran los abusos cada vez más graves que sufrió el niño a lo largo de tres meses, después de haber acudido al párroco Víquez para pedir ayuda sobre una situación familiar muy difícil.

Ahora el delito que se investiga es “violación calificada”, como se llama cuando hay penetración física en un ambiente de poder de índole religiosa, según el artículo 157 del Código Penal. Este se castiga con un máximo de 18 años de prisión.

Desde el flanco canónico dan credibilidad a las acusaciones: “La Iglesia le cree plenamente (al denunciante) lo que le ha pasado. Confía plenamente en las dificultades que han vivido (las víctimas). Son testimonios constantes y semejantes; es imposible dudar de ellos. Se lo digo desde la perspectiva personal. No soy el juez al que le toca dar la resolución”, agregó el religioso Jiménez, quien añadió que espera que las sentencias lleguen pronto desde Roma.

No hay hasta ahora noticias del Vaticano sobre las denuncias por encubrimiento que presentaron contra José Rafael Quirós y Hugo Barrantes (ya jubilado) ante la Nunciatura, la representación del Papa en Costa Rica.

El reclamo lo llevaron a finales del 2018 Anthony Venegas y Michael Rodríguez, pues insisten en que en la cúpula eclesial hubo omisión, permisividad y ocultamiento de los actos que se achacan a Mauricio Víquez, quien en años recientes fungió como vocero de la Iglesia en temas de familia y fue nombrado director de un instituto eclesiástico local.

Conferencia Episcopal niega cercanía con cura Víquez: “ningún contacto”

Entrevista con Alejandro Jiménez, vicario judicial a cargo del Tribunal Eclesiástico de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y encargado de recibir las denuncias canónicas por abusos sexuales contra sacerdotes.

¿Qué procede después de una denuncia canónica cuando hay una denuncia penal de por medio?

-Bueno, ya ha sido colocada una denuncia en el estrado penal. El Poder Judicial lleva su proceso propio. En el caso eclesiástico queda como prueba para corroborar la realidad de lo que el denunciante está afirmando. Las pruebas se meten dentro del compendio de las actas que al final se utiliza para la resolución.

¿Quién conoce, después de usted, una denuncia de estas?

-El proceso completo es el que se transmite a Roma.

¿De esto no se entera su superior (el arzobispo José Rafael Quirós)?

-El superior sí. Lee todas las actas y se transmite a Roma.

¿Qué pasa después de que él presenta la denuncia? ¿Volvió a haber contacto con el muchacho?

-En el ámbito canónico no. En un momento él llamó para ver cómo iba el proceso y se le indicó que el proceso iba adelante.

Hubo una reunión posterior con monseñor Quirós, ¿verdad?

-Sí, pero una reunión de orden de diálogo, de acercamiento en razón de lo que el santo padre Papa Francisco estuvo pidiendo encuentros con víctimas de abusos sexuales, a manera de expresarles la cercanía de la Iglesia y expresarles la preocupación para que esas cosas no vuelvan pasar y que el proceso saliera pronto.

¿Por qué no le dieron el contacto a este muchacho de los otros denunciantes cuando él lo pidió?

-Porque es un proceso privado. No nos corresponde divulgar la información privada de uno para con otro. No se trata de estar poniendo en contacto a las personas entre sí. Se reciben las denuncias específicas de cada uno. Es tomar con discreción y sigilo la información de cada uno.

¿La razón por la que negaron el contacto cuál fue?

-Que la historia de cada uno es particular. No se da la información de otro. Está de por medio salvaguardar la privacidad de cada persona que declare.

Don Mauricio Víquez sale del país después de esta situación, ¿qué pasa dentro de la Iglesia? ¿Alguien se comunicó con él?

-Fuera del proceso canónico nadie tenía esa información.

¿Y dentro?

-Dentro del proceso canónico existe el derecho de legítima defensa. ¿Qué implica? Si a usted lo acusan de cualquier cosa en cualquier ámbito, usted tiene derecho a conocer las acusaciones. El abogado canónico del acusado, sin tener las actas en sus manos, le puede leer las acusaciones antes de que la información vaya a Roma. Es fundamental que exista el derecho de la legítima defensa.

Entonces, ¿cuando el abogado canónico del padre Víquez conoce de esta denuncia, conoce también de la denuncia penal?

-Claro, porque la denuncia penal estaba dentro de las pruebas en la denuncia canónica.

¿Ustedes pierden contacto con el padre Mauricio?

-El único contacto ha sido cuando se le dice que tiene que responder a las acusaciones. Él esgrime su defensa y luego todo el proceso se envía a la Santa Sede.

¿Qué responde Víquez?

-Está dentro del proceso. No puedo revelarle a usted lo que me dice. Tengo que salvaguardar la integridad de su buena fama. De uno y de otro.

¿El padre Víquez rechazó los cargos?

-Eso está dentro del ámbito privado del proceso. No podría dar esa información. Se hace una excepción para que el medio de comunicación vea que la persona no se apega la verdad en ese sentido. Pero la Iglesia le cree plenamente lo que le ha pasado.

¿Ustedes creen que plenamente esta denuncia es cierta?

-No le puedo dar ese criterio.

Acaba de decir que la Iglesia les cree…

-Digamos que la Iglesia confía plenamente en las dificultades que han vivido. Son testimonios constantes y semejantes. Es imposible dudar de ellos. Se lo digo desde la perspectiva personal. No soy el juez al que le toca dar la resolución.

La denuncia se presenta el 8 de octubre, ¿cuánto tiempo se tarda usualmente en notificar al denunciado?

-Hasta que se termine de recabar la prueba. Hasta que pasan todas las personas y pasa la prueba se notifica a la persona.

¿En qué fecha notificaron al padre Víquez?

-No la tengo. No tenemos el acta a mano. Nosotros somos los primeros interesados en notificarlo.

¿Ustedes saben dónde está?

-Si lo supiéramos, lo hubiéramos notificado. Es importante que se apersone para terminar este proceso de una vez. Él se separó de toda realidad eclesial hace mucho tiempo. No cumplió con su deber de notificar al obispo que salía del país. Nos enteramos que había salido del país por los medios de comunicación. Se le está buscando. Su propio abogado lo ha intentado localizar y no ha podido. Él es la última persona, imagino, que ha tenido contacto con él.

¿Queda en nada el proceso si no lo notifican?

-El derecho pide que se hagan notificaciones explícitas; si no, se hará de manera pública. El obispo debería determinar esa manera de que se da a conocer. De que se llega al final del proceso y se hace justicia, eso está garantizado.

¿Cuál es la máxima sanción que puede poner la Iglesia?

-La expulsión. Es lo más grave que puede recibir un sacerdote.

Si la Fiscalía los busca a ustedes, ¿están anuentes a dar toda la información necesaria?

-Por supuesto; la Iglesia siempre está abierta a colaborar para que se esclarezcan los hechos.

-La denuncia de este muchacho lo que relata son hechos que ocurrieron después que don José Rafael Quirós conoció el reporte de denuncia de Anthony y una vecina de Patarrá…

Acá hay que clarificar algo: la responsabilidad de quién puede iniciar un proceso canónico. Lo puede empezar solo el obispo. Rafael Quirós recibe a las víctimas, inmediatamente traslada la información al arzobispo Hugo Barrantes, recibe la petición y piden que saque al padre de la parroquia, que salvaguarde la privacidad de ellos y le dé una ayuda al sacerdote. Monseñor Hugo Barrantes atendiendo a lo que las personas le dicen, realiza eso exactamente. No inicia el proceso canónico, que conllevaba entrevistar a las víctimas y el conocimiento público de los hechos, traicionando lo que la mamá pidió de los chicos. José Rafael Quirós cumple su trabajo al informar al arzobispo. Él no tenía la potestad de decirle haga esto o aquello, lo decide el obispo (…) El arzobispo siempre ha estado vigilante del proceso. Ha sido injustamente acusado de encubrimiento. Él ha sido muy eficaz como obispo, ahora que ha podido actuar, actuó. El problema es que el vicario general no podía iniciar un proceso; eso le tocaba al obispo, quien, atendiendo a la solicitud de las familias, actúa de la forma que actuó.

¿La forma en que actuó cuál fue?

-Retiró a Mauricio de todo oficio parroquial.

¿En qué fecha?

-No recuerdo.

Lo que pasa es que la denuncia por violación se dio después de que ya estaban enterados. ¿Cómo lo explica usted?

-Sobre ese detalle en específico no tengo conocimiento de las actas ni las fechas. Sí sé que después de las denuncias monseñor lo saca a él de la parroquia. Sí sé que el momento en que Monseñor lo saca es muy cercano al momento en que los muchachos ponen la denuncia, pero no preciso las fechas.

En 2017, el arzobispo Quirós le hace un nombramiento y le premia con otras funciones…

-De ese tema no sé exactamente la razón de ese nombramiento, pero sé que es un oficio administrativo; ahí no tiene contacto con nadie. Ni con menores ni con nadie. Está prestando un oficio administrativo, no es un premio.

Si ustedes se enteran de que alguien está cometiendo un crimen ¿no debería la Iglesia acudir a las autoridades del país?

-Según las directrices actuales, la Iglesia tiene que actuar de inmediato. El poder poner en una denuncia pertenece al fuero privado de la persona. La Iglesia tiene que acercarse a la familia, suspender al sacerdote. El obispo tiene que interceder.

¿Ustedes recomiendan acudir a los tribunales de justicia?

-Sí. Claro. Recomendamos a la familia acudir a la justicia civil y a las autoridades eclesiásticas.

¿Desde cuándo esta posición?

-En realidad, la consciencia de que el delito es delito ha estado siempre. En el canon 1395 para todos está escrito que el delito es gravísimo y conlleva la expulsión del estado clerical. La aplicación de una ley siempre lleva la experiencia de la ley. Es en 2001 con el papa Juan Pablo II cuando se empieza a dar una aplicación específica de esta ley; luego, en 2006, Benedicto la endurece.

¿Niegan ustedes cualquier contacto con Mauricio Víquez o una posibilidad de financiamiento de él afuera?

-Ningún contacto.

¿Saben si en el 2003 don José Rafael les recomendó a los denunciantes en Patarrá que interpusieran denuncia en la justicia civil?

-No lo recuerdo

¿Si ese fuese su lugar, usted lo haría?

-Sí claro. Inmediatamente.

Si el vicario de ese momento no hizo esa recomendación, ¿siente que faltó a su deber?

-No sé porque no sé qué le hizo ni qué dijo.