El magistrado de la Sala Constitucional y a su vez presidente de la Corte, Fernando Cruz, afirmó que él no puede obligar a los jueces para que dejen de imponer el uso de tobilleras electrónicas como una alternativa a la prisión.
Cruz se pronunció así tras una consulta de UNIVERSIDAD, a raíz de una nota del diario CRHoy, en donde se reporta que la ministra de Justicia, Marcia González, pidió a Cruz “interponer sus buenos oficios para que los jueces penales se abstengan de ordenar esta medida en el tanto la empresa logre una solución y se pueda volver a la comunidad”.
Cruz fue enfático en defender la independencia de los jueces y afirmó que su labor se limitará a ponerlos en conocimiento de que hay una situación crítica de abastecimiento.
El Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (compañía que brinda las tobilleras electrónicas) entraron en conflicto por el desabastecimiento de tobilleras electrónicas. La compañía alegó el daño y desaparición de 60 cargadores, mientras que Justicia alega que existe un contrato que obliga a la ESPH de brindar tobilleras de acuerdo con la demanda.
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La empresa alegó este lunes que Justicia le adeudaba unos $1,5 millones correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. Tras hacerse pública la noticia, el Gobierno notificó el pago de febrero, según anunció la compañía.
Las tobilleras electrónicas han permitido movilizar personas de las cárceles a sus casas de habitación, como una medida que brinda mayores oportunidades a los privados de libertad y a la vez, baja los altos niveles de sobrepoblación de las prisiones.
Según datos de la Dirección de Adaptación Social, unas 1.462 personas saldan su condena o cumplen prisión preventiva por medio de la vigilancia electrónica. Este número crece, en promedio, 7% cada mes.
