Un joven acusado de legitimación de capitales esperaba por una tobillera electrónica el jueves por la tarde, en la Oficina de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Justicia. Los encargados no encontraron dispositivos disponibles, se lo dijeron a un juez y este último decidió enviar al muchacho para la casa.
Al Ministerio de Justicia no le queda más que llamarlo al teléfono de su hogar y realizar visitas de control, pero la tecnología que le permite vigilarlo a distancia enfrenta limitantes que obligan a las autoridades a redoblar esfuerzos.
Este ha sido el caso de otras nueve personas que esperaron horas por una tobillera o por la decisión de un juez que los enviara a la casa o a un centro de mayor contención.
Actualmente hay unas 1.462 personas con tobillera electrónica, una medida que les permite a algunos un mayor rango de movilidad, la posibilidad de desplazarse a un trabajo y mantenerse cerca de su familia.
Sobre este problema, el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) se enfrentan con dos versiones distintas.
Por un lado, la ESPH advirtió este viernes que existe un desabasto por la “separación” de 60 kits por parte del Ministerio de Justicia.
“A pesar de que hay decenas de tobilleras en manos del Ministerio de Justicia y Paz, estas no pueden ser utilizadas debido a una separación de kits inadecuada por parte de los funcionarios (…) En junio se debió ampliar la entrega de cargadores debido a la separación de 60 kits por parte del Ministerio de Justicia, lo que provocó el desabasto momentáneo”, afirmó la empresa en un comunicado.
La ESPH afirmó que entregará 100 nuevos cargadores para solventar el faltante. La empresa alegó que ha intentado comunicarse con la ministra de Justicia, Marcia González, pero que la abogada “no ha respondido a los llamados”.
La compañía también comunicó que giró una orden de compra de 635 tobilleras y 350 cargadores para los próximos dos meses.
Por su parte, el director de Adaptación Social, José Luis Bermúdez, afirmó que las razones de la ESPH no son válidas, y que existe un contrato “contra demanda”, en donde la empresa debe entregar las tobilleras en un plazo de ocho horas.
“El cargador que permite cargar la batería interna, se carga y se le pone al dispositivo, luego es dañado por las personas que las usan. Una persona viene acá con el cargador malo y hay que darle otro, el incumplimiento puede revocarle la medida”, explicó Bermúdez.
El jerarca afirmó que la cantidad de personas bajo esta modalidad incrementa 7% cada mes. Ese aumento tampoco lo vio venir el Ministerio de Justicia, que acudió a la Asamblea Legislativa para pedir un presupuesto extraordinario de ₡6.000 millones para cubrir la compra de tobilleras.
La ESPH también aseguró que Justicia le debe $1,5 millones correspondientes a febrero, marzo y abril. Tras hacerse pública la noticia, el Gobierno notificó el pago de febrero, según anunció la compañía.
