El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció este viernes su decisión de romper el acuerdo con Naciones Unidas que desde 2007 permitía la operación en el país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad especial que ha investigado junto el Ministerio Público numerosos casos de corrupción de alto nivel político.
Tres semanas después de que ambos entes pidieron el desafuero del presidente Morales por posibles delitos relacionados a financiamiento electoral en su campaña, el mandatario hizo pública su decisión de romper el mandato de la CICIG, y ahora lo anunció de manera directa al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El anunció se dio al mediodía, después de la presencia inusual de vehículos militares en la sede de la CICIG, un indicio de la decisión que Morales haría pública al mediodía sobre el futuro del organismo. Avisó que no solicitará prorrogar el mandato de la entidad, que se vence el 3 de setiembre de 2019. “Esta comunicación se realiza con el objeto de la CICIG goce de un año para hacer la transferencia de capacidades técnicas a las instituciones estatales guatemaltecas”, se lee en la nota enviada a Guterres, en la cual Morales Cabrera no menciona controversia alguna.
Distinta fue la argumentación en el mensaje a la prensa en Guatemala. “El año pasado se hizo ver al secretario general de las Naciones Unidas muchas de las preocupaciones que el Estado tenía del actual responsable de la Comisión y de muchos de sus integrantes violando nuestras leyes, induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad”, pronunció.
“Estos señalamientos hechos por la vía diplomática de primera mano conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala”, dijo en la ruega de prensa acompañado de altos mandos militares y sin posibilidad de preguntas de los periodistas.
Morales, que gobierno Guatemala desde enero de 2016, da un golpe a las investigaciones que propiciaron serios cuestionamientos sobre el partido que lo llevó al poder (Frente de Convergencia Nacional), sobre su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes acudirán a juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.
El presidente guatemalteco ya había intentado expulsar del país al jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez. Sin embargo, una decisión de la Corte Constitucional lo impidió.
La CICIG ha cumplido una tarea determinante junto con la Fiscalía de Guatemala para destapar más de diez casos que involucran a exmiembros del Gobierno, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. A ambos culpan de dirigir una estructura de defraudación aduanera conocida como “La Línea”, aunque son casi 300 las personas implicadas en la suma de los casos, entre exfuncionarios, políticos, empresarios, particulares, diputados y alcaldes.
El 10 de agosto la CICIG y la Fiscalía pidieron al Congreso el antejuicio contra el presidente Morales, lo que le retiraría el fuero de inmunidad que posee como mandatario. Esto, porque “se estableció que el señor Jimmy Morales en su calidad de Secretario General no reportó al Tribunal Supremo Electoral la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral” en la primera y segunda ronda electoral del año 2015.
Esa donación era de casi $1 millón y se sumaba a $47.000, por el pago que tampoco fue reportado supuestamente para capacitaciones para los entonces candidatos a Presidente y Vicepresidente, realizado por “Fundación G”, como se lee en el comunicado de la CICIG emitido el 10 de agosto.
El antejuicio para Morales, sin embargo, depende de la cantidad de diputados que apoyen ese desafuero, en un Congreso de 158 diputados donde opera una alianza entre varias agrupaciones, lo que deja sin garantías la posibilidad de atender la solicitud de la CICIG y la Fiscalía.
Aún tres horas después del anuncio de la no prórroga, la CICIG no había emitido una declaración oficial, mientras la prensa local reportaba movimiento de ciudadanos para organizar una manifestación de apoyo a la Comisión.
Mediante un comunicado, la nueva jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, dijo que está “vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que tendrá para el sistema de justicia y combate a la impunidad y la corrupción.
