Los diputados reprocharon al presidente saliente Carlos Alvarado que su gobierno fue el que se olvidó de los más pobres, que desatendió al campesinado y que tuvo, entre otras deudas, solucionar el problema de vivienda. También destacaron que el aumento en la pobreza se dio desde antes de que el país fuera afectado por la pandemia generada por el COVID-19.
Los legisladores realizaron el miércoles en la tarde en el plenario legislativo la última sesión de análisis del informe de labores del presidente Carlos Alvarado.
El diputado de la Unidad Socialcristiana (PUSC) Alejandro Pacheco Castro citó datos de la Encuesta Continua de Empleo del cuarto trimestre del 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) de 330.000 personas desempleadas, 275.000 personas subempleadas y un 46% de empleo informal. En cuanto a las personas asalariadas, un 15% no recibe un salario mínimo, informó.
“Recordemos que estos datos venían manifestándose mucho antes de la pandemia, siendo responsabilidad de estos dos últimos gobiernos del PAC”, aseveró Pacheco.
Así lo destacó también el legislador del Frente Amplio, Jonathan Acuña, que precisó que el desempleo pasó de un 9% al inicio de la administración Alvarado a un 12,4% antes de que iniciara la pandemia, lo cual significa que la población desempleada aumentó por lo menos en 80.000 personas.
La diputada liberacionista Dinorah Barquero Barquero, afirmó que los campesinos vivieron en desatención en el Gobierno de Carlos Alvarado. “El Señor presidente evitó referirse a la población de la ruralidad y a la atención al campesinado”.
También cuestionó “¿Qué hizo Carlos Alvarado para erradicar los altos índices de desempleo y brecha salarial en las mujeres? Este gobierno no logró disminuir la tasa de desempleo femenina”.
Para Barquero, otra de las grandes deudas en el informe presidencial fue el sector vivienda, y destacó el alto número de costarricenses en pobreza y pobreza extrema “que viven soñando con un estado solidario y humanitario como lo fue en otros tiempos”. Según Barquero, existen 170.000 soluciones de vivienda pendientes.
La diputada por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Luz Mary Alpízar, señaló que “no podemos hablar de una casa en orden cuando hay mas de 350.000 costarricenses sin empleo” y agregó que “los esfuerzos de la administración saliente fueron insuficientes para reducirlo”.
“Hay niños, familias, jóvenes que no tienen una vida digna”, dijo Alpízar y agregó que “el emprendedurismo surgió, sí, pero como un acto de sobrevivencia y apegado a la informalidad”.
Mientras que el diputado José Francisco Nicolás Alvarado, del PLN, dio nota roja a la gestión de Alvarado. “Reconozco que gobernar nunca ha sido fácil y a este gobierno se le sumaron factores que complicaron esa labor”, aseveró; pero dijo que no aplaude el gobierno porque “no fue capaz de escuchar, de dialogar, de dar explicaciones ni de ponerse en los zapatos de la gente para no maltratar los bolsillos de los costarricenses”.
Sectores educación e infraestructura
Otras críticas de los legisladores estuvieron enfocadas en los sectores educación e infraestructura.
El diputado del PPSD, Jorge Rojas López, recalcó que el presidente no cumplió con la promesa de mejorar la infraestructura educativa y que la pandemia solo evidenció grandes problemas no resueltos, como la falta de disponibilidad de agua potable, las casi 900 ordenes sanitarias solo en 2021, la mayoría en zonas rurales, y la brecha tecnológica.
“Solo dos párrafos se refieren a la educación y son básicamente para decirle al próximo gobierno que haga lo que usted no pudo hacer”, refirió Rojas, y añadió: “La culpa no es de la pandemia; el sistema educativo solo empeoró en ocho años de gobierno PAC”.
En cuanto al sector infraestructura, el legislador José Francisco Nicolás Alvarado del PLN destacó que si bien hay diversas obras en materia de carreteras, “la pregunta es ¿A qué costo?”.
“Un 64% fueron obras que las hicieron solo dos empresas constructoras manoseando los carteles de licitación en favor de intereses propios”, dijo Nicolás.
Según el diputado, en esta administración se invirtieron casi $1.000 millones en las que el Gobierno no puede responder por su calidad, mostrando un cuadro de proyectos viales deficientes elaborado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Asimismo, destacó que la Ruta 32 tuvo un costo adicional de $150 millones, siendo “un ejemplo de cientos de carreteras que estamos pagando en este país con sobre precios”.
