A un año de la detención del sacerdote católico Mauricio Antonio Víquez Lizano en San Nicolás de La Garza (Nuevo León, México) las víctimas esperan que se resuelva el recurso de amparo interpuesto por el cura, separado de su ministerio religioso, para que pueda ser extraditado y juzgado en el país.
Víquez enfrenta al menos nueve procesos judiciales que incluyen abuso sexual, violación calificada y corrupción agravada contra al menos cuatro menores de edad. Fue detenido por las autoridades mexicanas en colaboración con la Interpol el pasado 18 de agosto del 2019.
Al cumplirse un año del arresto, el religioso no ha sido extraditado pues interpuso un recurso de amparo alegando que las causas por las que lo requiere el Estado costarricense ya prescribieron. Las víctimas, tanto quienes aún pueden tener su día ante la justicia como quienes no pues en efecto vencieron los plazos, esperan que el recurso se resuelva pronto y que el sacerdote tenga que rendir cuentas de sus acciones.
De acuerdo con informaciones brindadas por los denunciantes a Universidad las primeras denuncias ante la iglesia se presentaron en 2003, por distintos actos de abuso contra los monaguillos de la parroquia que dirigió entre 1996 y 2003, en Patarrá de Desamparados.
Aunque las acusaciones no fueron derivadas a las autoridades, el cura fue retirado de la parroquia y se mantuvo sin congregación hasta el 2016. Durante esos 13 años el sacerdote se mantuvo activo como vocero de la Iglesia Católica en temas de familia e incluso compareció ante la Asamblea Legislativa para representar el criterio de la institución sobre proyectos de derechos humanos.
En 2016 publicaciones del diario La Nación mencionaron la participación de Víquez en actos homosexuales, al mismo tiempo que antagonizaba públicamente los derechos de las parejas del mismo sexo. En ese momento, se le prohibió dar misas, pero a mediados del 2017 el arzobispo de San José, José Rafael Quirós lo nombró Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial.
En julio del 2018 las denuncias presentadas por Anthony Venegas y Michael Rodríguez provocaron que la separación cautelar del cura del ejercicio del sacerdocio y se envió el expediente al Vaticano. El 7 de enero del 2019 el entonces el cura separado salió del país. Días después perdió su trabajo como profesor de la UCR a causa de su ausencia.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público que analizaba las denuncias, consideró que estas tenían mérito y al encontrarse el acusado fuera del territorio nacional, emitieron una orden de captura vía Interpol.
En agosto del año pasado Víquez fue capturado días antes de que prescribiera la última denuncia en su contra. Según el abogado de las víctimas, Rodolfo Alvarado, Víquez se encontraba en una casa de un miembro del clero que se la prestó, lo que “significa que la Iglesia Católica estuvo resguardando a un criminal buscado por un país por delitos gravísimos, lo estaban manteniendo en la clandestinidad, violando el ordenamiento jurídico tanto en México como en Costa Rica”.
El cura fue apresado y trasladado a un reclusorio en la Ciudad de México, donde rechazó la extradición voluntaria. Posteriormente las autoridades mexicanas aprobaron dicho procedimiento pero el acusado presentó un recurso de amparo para evitar la expulsión del país. Este recurso aún no se ha resuelto.
Michael Rodríguez, uno de los denunciantes, asegura que desde que se dio la detención ellos pensaron “que todo el sistema de justicia iba a ser más eficiente aunque en realidad los jueces mexicanos fueron rápidos, lo lento ha sido este recurso de amparo”. No obstante, dijo, el hecho de que haya sido capturado a unos días de que se venciera una de las causas demuestra que la justicia sí se mueve, porque nuestro mayor temor era que las causas prescribieran”.
“La Fiscalía, el OIJ, el sistema de justicia ha sido lento pero sabemos que el día va a llegar. Los abogados de él van a usar todos los recursos para evitar la extradición pero en algún momento va a tener que venir a rendir cuentas ante la justicia”, comentó.
“Estamos esperando la resolución final para que lo monten en un avión y lo traigan a Costa Rica. La idea es que pidan prisión preventiva de al menos 6 meses prorrogables y que continúe el proceso para juzgarlo por los delitos señalados”, explicó Alvarado, quíen representa a los denunciantes.
