Si bien en el país existe un 15,6% de mujeres productoras agropecuarias, únicamente el 8,1% del total de títulos de propiedad con fines agropecuarios están a nombre de mujeres, según datos que arrojó el último Censo Nacional Agropecuario de 2015.
En cuanto a la extensión de las fincas agropecuarias, un 25% de las mujeres productoras tiene fincas de menos 1 hectárea de extensión y un 5% tiene fincas de cinco hectáreas o más. Las fincas lideradas por mujeres productoras representan un 4,4% de la extensión total de hectáreas de las fincas registradas en el país a nombre de personas físicas, muestran los datos del censo.
Estas cifras fueron recalcadas por Kifah Sasa, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en Costa Rica, en el Foro “Brechas de género en el acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres”, realizado en la Asamblea Legislativa el pasado 2 de noviembre.
“El problema se acentúa por la carencia de datos que tenemos. Es difícil encontrar esas estadísticas, de hecho es muy difícil poder decir cuántas mujeres tienen tierra y cuántas no, no hay un dato concreto. Necesitamos datos que se centren en las personas, no datos que se centren en parcelas de tierra”, señaló Sasa.
“La economía agrícola se centra en unidades productivas y no se centra en personas; entonces necesitamos saber quién carece de derechos de acceso a la tierra, quién tiene los derechos sin seguros de acceso a la tierra y de qué manera la legislación existente perpetúa esos elementos. Necesitamos datos sobre los documentos territoriales, sobre quién tiene esos documentos de propiedad, a nombre de quién están”, añadió Sasa.
Discriminación por edad y condición civil
Alicia Bolívar Ruiz, vocera del Foro Nacional de Mujeres Rurales en la Región Chorotega, contó que el grupo de mujeres al que pertenece logró acceso a una parcela de cinco hectáreas del entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) después de siete años de lucha y en lo personal luchó un predio durante más de 20 años, en el cual produce actualmente con ayuda de sus hijos.
Mientras que Lourdes Acosta Moraga, vocera del foro en la Región Pacífico Central, se refirió a la discriminación que viven al no tener acceso a un terreno con fines agropecuarios porque son mujeres adultas mayores de 40 años.
“No es posible que las mujeres sigamos siendo invisibilizadas. Nos dicen viejas metiches, nos dicen vejas vagabundas, nos preguntan que si no tenemos algo que hacer en la casa; pero no se fijan en el aporte social, cultural y en la conservación de los recursos naturales que hacemos. Eso es para mí la tenencia de la tierra. Hoy ya sabemos cultivar en ambientes protegidos, como no poner químicos en eso suelos que tanto alimentos nos dan”, dijo Acosta.
En el foro también expuso Marylaura Acuña, graduada de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y quien actualmente es responsable de formación en justicia climática y solidaridad internacional en una organización no gubernamental en Francia.
Acuña destacó que no se trata sólo del derecho a tener tierra sino a poder utilizarla, controlarla, tener acceso a insumos, semillas, ganado, la posibilidad de trabajar, tener acceso a capacitación, a créditos y a asistencia tecnológica. “Decidir cómo se utiliza la tierra, qué se cultiva y cómo se distribuyen las ganancias”, argumentó Acuña.
También señaló que al hablar de tenencia, uso y control entran en juego numerosos elementos . “Cuando una mujer tiene tenencia, uso y control de la tierra, puede aumentar su autonomía económica, mejorar el acceso a servicios, tener un impacto en la seguridad alimentaria y puede crear mayores redes de apoyo. Esto tiene un impacto directo en su poder de negociación, en esta capacidad de responder frente a situaciones de violencia, o tener sustento patrimonial para salir de situaciones en las que no le está yendo bien; tiene un impacto también en su reconocimiento en la comunidad y familia. Esto tiene un impacto en la salud y bienestar de ella y sus familias y puede impactar en su participación en la esfera comunitaria”.
Con respecto al censo agropecuario, Acuña explicó que no permite analizar la posibilidad de una co-propiedad por no ser sensible a los juegos de poder que existen a lo interno de los grupos familiares. “El hecho de que sólo se pueda reconocer a una persona como productora principal, excluye la posibilidad de una tenencia conjunta. El número de mujeres que no se identifica como productoras principales; pero que sí realiza labores en la finca duplica el número de productoras. Es decir, hay muchas mujeres que están trabajando la tierra; pero no necesariamente están identificadas como productoras principales”.
Cambio en tasas de interés del Inder
Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), dio datos de un estudio del Inamu de 2019, realizado en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) y el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac).
Éste concluyó que siete de cada 10 mujeres no pertenecen a ninguna organización; que un 46% de las mujeres entrevistadas manifiesta dificultad para titular las tierras por el costo económico que implica; y que un 65% no ha tenido acceso a ningún proceso de capacitación.
Las causas mencionadas por las mujeres son la falta de recursos; la sobrecarga de trabajo al asumir los cuidados a niños, enfermos y adultos mayores; y la falta de transporte.
“Eso es muy importante para procesos de empoderamiento, para acceso a recursos, para afiliarse a proyectos productivos. Hacer una asociación, una cooperativa, una sociedad anónima, eso cuesta dinero y a veces la logran hacer pero no la logran mantener al día con los temas de personería jurídica y eso limita el acceso a muchas ayudas”, explicó Caravaca.
Según Caravaca a inicios de 2024 iniciarán una consultoría para visitar todas las regiones y apoyarles con servicios notariales para que se puedan organizar y poner al día sus personerías.
Caravaca también mencionó la reciente reforma al reglamento de la Ley 9036 de creación del Inder, en la que se modificó el artículo 56, asegurando un mayor acompañamiento técnico a las mujeres rurales en la presentación de sus proyectos; se modificaron los artículos 41 y 42 eliminando excesos de trámites o requisitos a las mujeres rurales en la presentación de sus proyectos; y se modificó el artículo 116 para que cuando una mujer presente una solicitud de renuncia de su predio ante el Inder, se realice un análisis integral por parte del Inder y el Inamu para descartar posibles situaciones de violencia de género alrededor de la situación de renuncia.
La jerarca agregó la reforma al reglamento de crédito rural del Inder en la que se ampliaron los montos en los créditos y se mejoraron las tasas de interés de éstos, pasando de un 8% a un 6% en los casos de mujeres y si la actividad productiva es amigable con el ambiente se rebaja a un 4%.
Presentarán proyecto de ley
A partir del foro surgieron líneas de acción legislativa para abordar esta situación y se conformó una mesa de trabajo para construir un proyecto de ley en los próximos meses, que proponga la reducción de los costos de titulación y de los trámites.
La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), indicó que el país debe definir una meta y que hay que presionar en la política agropecuaria para que se mejore el indicador actual de 8% -propuso llegar a un 25%- y que hay que trabajar en hacer posible ese acceso a la tierra mediante la disminución de los costos de titulación.
La diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), declaró que desde la legislación se pueden tomar acciones afirmativas para modificar el Fondo de Tierra del Inder, para que el instituto tenga que dar una cuota igual de tierra a hombres y mujeres.
Las diputadas también resaltaron que el censo agropecuario deberían tener perspectiva de género; pero además debería ser más periódico, ya que los datos que hay son de hace ocho años.
