La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) busca una vía constitucional que le permita detener la aplicación de la reciente ley que limita la reelección indefinida de los alcaldes a partir del 2024.
Para ello la UNGL contrató al exmagistrado y exdiputado Carlos Arguedas, con el objetivo de que identifique si la reforma legal aprobada por los anteriores diputados y firmada por el ahora expresidente Carlos Alvarado choca con algún principio constitucional, como la autonomía del régimen municipal o los derechos de los alcaldes actuales.
Con un presupuesto de ¢6,8 millones se contrató a Arguedas, de acuerdo con la información contenida en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), en la referencia de contratación directa 2022CD-000011-0032100001, según la cual el abogado se contratará “para estudiar las implicaciones, posibles vicios y posibles medidas a tomar sobre el proceso de trámite y el fondo de la ley resultante del expediente 21.810”.
Autoridades municipales no podrán estar más de ocho años consecutivos en esos puestos
La información la publicó este lunes el diario Extra y la confirmó a este semanario Karen Porras, directora de la UNGL. “Lo que estamos es procurando revisar una inconstitucional hacia la autonomía política del régimen municipal; no se trata de defender personas”, justificó Porras.
“Se trata de ver si se toca la autonomía municipal, que debe ser administrativa, financiera y política. Pensamos que había un período de veda en que no se debían ver leyes que implicaran procesos políticos y ellos (los diputados) aún así la tramitaron y aprobaron. Dijimos que no podían aprobar proceso electoral porque no hubo tiempo para discutir remas de retroactividad o cuántos períodos era el máximo conveniente”, señaló la directora, quien advirtió que la nueva ley afecta a más de 6.000 funcionarios entre alcaldes, regidores o síndicos. “No queremos perder las capacidades que se han desarrollado en los últimos años”, añadió.
La reforma legal se tramitó y aprobó al calor de los cuestionamientos por casos de corrupción en distintas municipalidades, los cuales motivaron la suspensión de seis alcaldes y elevaron el interés público del régimen municipal, que ha ido ganando poder relativo en las últimas dos décadas.
Johnny Araya, veterano alcalde de San José, es uno de esos alcalde sospechoso de irregularidades y al mismo tiempo es presidente de la UNGL, organización que representa a un régimen dominado aún por el histórico Partido Liberación Nacional (PLN).
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) ya presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra esa ley que limita la reelección de puestos de elección popular en los gobiernos locales.
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