La Universidad de Costa Rica (UCR) considera que todos los funcionarios de la universidad son exclusivos y excluyentes de la rectoría y gobernanza del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) en la Ley Marco de Empleo Público, afirmó el vicerrector de administración de la UCR, Roberto Guillén Pacheco.
“La universidad considera que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes porque la organización de la institución es un conjunto de personas que de manera integrada procuran un fin común”, dijo Guillén en entrevista con UNIVERSIDAD sobre cómo se prepara la institución para la entrada en vigencia de la ley.
En su sesión del pasado 7 de marzo, los integrantes del Consejo Universitario (CU) de la UCR señalaron que la universidad emitirá una resolución sobre los puestos que serán “exclusivos y excluyentes” de la rectoría de Mideplan cuando se finalicen todos los estudios con la fundamentación técnica de la institución.
“La universidad considera que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes porque la organización de la institución es un conjunto de personas que de manera integrada procuran un fin común”. (Roberto Guillén, vicerrector administración UCR)
La Ley Marco de Empleo Público, cuya entrada en vigencia está prevista para el 10 de marzo, sustituirá el actual “salario compuesto” —salario base más incentivos—, por un “salario global”, y conlleva cambios en procesos de reclutamiento y selección, despidos, ascensos, evaluación de desempeño, vacaciones y permisos, entre otros.
Sin embargo, la Ley establece que, en el caso de Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), municipalidades y universidades públicas, aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas a cada institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de Mideplan, según lo determine cada institución.
A fines de 2022, la Corte Suprema de Justicia definió que todos los funcionarios del Poder Judicial desempeñan funciones exclusivas y excluyentes, y, hasta la fecha, 35 consejos municipales tomaron acuerdos que declararon que todos los funcionarios municipales realizan funciones exclusivas y excluyentes.
Asimismo, el 26 de abril de 2022, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) manifestó que todos los puestos existentes en las universidades públicas y en el Conare se encuentran vinculados de forma exclusiva e incluyente al cumplimiento del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), “de tal manera que ningún puesto podrá quedar excluido del sistema de Empleo Público Universitario y sometido a la administración del Poder Ejecutivo”.
Incentivo de anualidad sólo se dará a funcionarios públicos con nota de “muy bueno” en evaluación de desempeño
A continuación se explican algunos de los principales cambios que entrarán a regir en el sector público y que afectarán a más de 330.000 personas funcionarias.
¿Qué es un salario transitorio?
El pasado 7 de marzo, el Consejo Universitario acordó “autorizar a la Rectoría para que vía resolución defina como medida excepcional un sistema salarial global transitorio para el personal docente y administrativo que ingrese a partir del 10 de marzo de 2023”.
Asimismo, se acordó que “ese sistema salarial se mantendrá hasta que el Consejo Universitario apruebe las reformas normativas requeridas”.
El vicerrector Roberto Guillén explicó a este medio que a los funcionarios de la UCR sí les aplicará el salario global que establece la Ley; pero bajo una estructura salarial que fijarán las universidades públicas con base en su estructura organizacional y funcionamiento.
“La universidad lo que planteó fue que se iba a hacer un régimen de empleo público superior universitario a partir de una definición de familias que la misma ley hace”, dijo Guillén.
El funcionario aclaró que Conare está trabajando en el desarrollo de esta estructura salarial y eso se va a usar como base para las universidades públicas. “Cada universidad hará sus precisiones porque no todas las estructuras salariales de las cinco universidades calzan exactamente”, añadió Guillén.
Mientras tanto, la UCR acordó lo relativo a un “salario global transitorio” para las nuevas contrataciones a partir del 10 de marzo. ¿Cómo sería este salario?
Guillén señaló que las personas que están actualmente laborando en la universidad seguirán con el mismo esquema salarial, mientras que las nuevas personas que se contraten tendrán este salario transitorio hasta que toda la ley esté reglamentada.
“El salario transitorio es básicamente la integración del salario con sus pluses y componentes salariales, sin la anualidad”, indicó Guillén.
UCR requiere tiempo para aprobar normativas
Para Guillén, esa idea de separar funcionarios bajo distintos regímenes, que tienen distintas normativas y políticas, “es una aberración desde la ciencia y la técnica”.
“Ninguna organización mundial tiene ese tipo de divisiones a lo interno de que unos siguen unos postulados y otros siguen otros”, dijo.
“Hay un tema que es fundamental aclarar: La universidad considera que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes porque la organización de la institución es un conjunto de personas que de manera integrada procuran un fin común y esa integración se da a partir de un marco de políticas, valores, conductas y normas que comparten y hay que ver a las instituciones como un todo integral”, enfatizó Guillén.
“Nosotros creemos que todos los funcionarios de la universidad son exclusivos y excluyentes”, declaró el vicerrector, y mencionó que dependiendo del semestre eso significa entre 9.700 y 9.800 personas funcionarias.
En el acuerdo aprobado por el Consejo Universitario el 7 de marzo se adelanta parte de esta argumentación, ya que uno de los considerandos refiere que “la autonomía de las universidades estatales posee un carácter orgánico, por lo que no es posible hacer diferencia entre la universidad como institución del saber y las personas trabajadoras que la constituyen. Así, la autonomía de las universidades abarca todo su quehacer, actividades, funcionamiento y, por ende, a las personas universitarias, sean académicas, administrativas o estudiantes”, señaló el CU.
El acuerdo también declara que como toda elaboración o modificación reglamentaria exige un proceso de consulta y socialización, la UCR requiere de un periodo para realizar las reformas reglamentarias necesarias, “por lo que existe una imposibilidad real de conciliar la inminente entrada en rigor de la Ley Marco de Empleo Público con la aprobación oportuna e inmediata de las reformas en la normativa universitaria”.
Durante la sesión del CU del 7 de marzo, el catedrático Carlos Araya Leandro dijo que la definición de funcionarios exclusivos y excluyentes no es potestad del Consejo Universitario, sino de la Rectoría.
