País Urgen agenda contra la usura y baja en los medicamentos

Tres economistas recomiendan proteger a la población antes de cuidar a las empresas y los bancos

La seguridad sanitaria durante de la crisis económica del coronavirus depende y dependerá de la capacidad que tenga el Estado para asegurarle ingresos a las personas más vulnerables.

El país está indefenso ante la incertidumbre del coronavirus, coinciden varios economistas. Mientras el avance del Coronavirus (COVID-19) continúe, el ciclo económico está roto. Sin embargo, la gravedad de la ruptura depende de las políticas públicas que aplique el país para proteger a los más indefensos.

“Las personas desempleadas, los hogares que viven bajo línea pobreza, los informales, los profesionales liberales que no tienen garantizado un ingreso. Las personas que, en medio de la crisis, les fue rebajada su jornada laboral y su salario. Las personas que tienen altos niveles de endeudamiento por préstamos para carros, casas, tarjetas de crédito. Las personas que ya están enfermas y requieren una atención diferente, más sistemática, que los hace incurrir en más gastos para cuidarse; los adultos mayores…”, enlistó la economista Sofía Guillén.

El gran lastre del país es la quiebra fiscal, aseguró un segundo economista, Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica (CINPE).

“La condición financiera del Estado costarricense es de insolvencia casi total. Eso que ha hecho Alemania o Francia, que el presidente Macron salió diciendo que no iban a despedir un solo empleado público ni privado, eso se puede hacer cuando tenés un Estado que puede endeudarse”, observó Vargas.

El déficit es, precisamente, la traba que obstaculiza la gestión del Poder Ejecutivo (sea para asegurarse acuerdos políticos con la Asamblea Legislativa o para tener dinero disponible para financiar a quienes conforman la lista de Guillén).

“Hay una gran parte de la población que dependía de actividades de comercio o cualquier otra, ahí están incluidas muchas mujeres de servicio doméstico, que han quedado sin ingresos, totalmente”, apuntó una tercera especialista, Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).

El viernes pasado, tras una serie de tropiezos informativos con su ministro de Hacienda,  el presidente Carlos Alvarado respaldó un impuesto a los ingresos brutos que superen el ¢1 millón. El impuesto tendrá que ser presentado a los diputados para su aprobación y, al cierre de este artículo, dicho trámite está pendiente.

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“Los que están tomando medidas son un pequeño grupo económico que está asociado al Banco Central y sus superintendencias, están dominando el efecto y el impacto”

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Aunque el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) son la primera barrera de protección ante el contagio del virus, las fracciones legislativas opositoras del Gobierno reclaman claridad en las políticas socioeconómicas de Alvarado y su gabinete.

Con su plan PROTEGER, el Gobierno aseguró el uso de ¢1 billón (es decir, un millón de millones de colones) para paliar las consecuencias inmediatas de la emergencia; no obstante, hasta ahora, el presupuesto extraordinario que detalle cómo se va usar ese dinero es inexistente.

Tener certeza de cómo se está usando el dinero público es indispensable, mientras tanto, economistas redirigen sus observaciones sobre cómo mantener a flote una economía en paro (tanto Cinpe como OES tienen cartas de recomendaciones que fueron presentadas ante cabezas del Poder Ejecutivo).

Un billón, afirmaron estos investigadores y consultores, se gastará en resolver lo inmediato: no es suficiente para los meses que vendrán, para los desempleados que se multiplican, para la devaluación que se avecina para el colón ni para el impulso que necesitará el comercio para reactivar una futura “normalidad”.



Leiner Vargas: Economista e investigador del CINPE

“Los que están tomando medidas son un pequeño grupo económico que está asociado al Banco Central y sus superintendencias, están dominando el efecto y el impacto (económico). Las medidas que están tomando son medidas de protección para el sistema financiero. Mi tesis es que se están equivocando, están asumiendo que el sistema financiero no está contaminado por la crisis o que está blindado. Ese supuesto es un supuesto heroico y falso. Estamos a las puertas de una gran devaluación y de un deterioro sustantivo en la cartera de los bancos: eso va a generar una posible quiebra del sistema financiero. Salvar a los bancos con los recursos de las joyas financieras del Banco Central, esos $8.000 millones en reservas, puede ser muy peligroso”.

Políticas económicas aplicadas: “Las medidas que se han estado tomando no pasan de ser medidas tradicionales para paliar consecuencias de muy corto plazo. El fenómeno y problema económicos que nos enfrentamos es mucho más grande y mucho mayor. No se puede curar una pulmonía con unas pastillitas para una gripe”.

Prioridades de salvamento: Asegurar liquidez al Estado para transferencias sociales y futuros incentivos para reactivar trabajo de empresas.

Medidas recomendadas: Usar los ¢8.000 millones de reservas del Banco Central para emisiones de dinero para el Estado y un impuesto pequeño a las transacciones financieras (conocido como tasa Tobin o ITF).



Roxana Morales: Economista y coordinadora OES-UNA

“Muchas familias van a quedar en la indefensión, aisladas y sin las posibilidades de obtener recursos ni siquiera para sus necesidades básicas. El mecanismo de transferencia genera dudas: ¿cómo es que las personas van a acceder a él? ¿Cómo van a atender no solamente a la población asalariada que ha perdido el trabajo y que han visto afectadas sus jornadas laborales, sino la población que ya trabajaba dentro de la informalidad? Están fuera, muchos de ellos, de los radares de las instituciones públicas, porque no estaban formalizados”.

Políticas económicas aplicadas: “Hay que hacer distinción en tres tiempos: hay unas que son medidas inmediatas, de urgencia, hay medidas que hay que comenzar a tomar en el corto plazo, y otras más de mediano plazo. Pero hay que ir pensándolas todas”.

Prioridades de salvamento: Resguardar la salud del país para evitar el crecimiento exponencial de las personas contagiadas; y, paralelamente, garantizar la provisión de alimentos y necesidades básicas para la población.

Medidas recomendadas: Entrega del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a trabajadores afectados, aprobación del proyecto contra la usura (20.861) para paliar endeudamiento, dar liquidez a la salud pública del Estado por medio de préstamos bilaterales con organismos internacionales y suspender la regla fiscal “por lo menos por dos años”.



Sofía Guillén: Economista y consultora

“Hace falta que los grandes sectores económicos, los poderosos, los tagarotes, los que tienen más, el decil más rico de Costa Rica, tome la iniciativa. Ya que una organización como UCCAEP se toma la libertad de generar una iniciativa que insista en grabar hasta grandes porcentajes de salarios medios de la función pública, también diría que es importante que la UCCAEP y las grandes corporaciones que trabajan en el país tomen la iniciativa para sí mismas. Que tomen la iniciativa de llevar un proyecto de ley sobre una contribución solidaria que las grandes corporaciones, en Zona Franca y fuera de ellas, que estén dispuestas a dar en la emergencia nacional como un porcentaje de sus utilidades y dividendos. Eso es solidaridad: el que tiene más, tiene que aportar”.

Políticas económicas aplicadas: “Hay buenas iniciativas que se están discutiendo. Por ejemplo, entregar adelantado el FCL para quienes lo necesitan en esta emergencia, las moratorias y readecuaciones de crédito. El proyecto de ley que se aprobó para que pensiones de lujo contribuyeron con personas con necesidades sociales bastante fuertes, más en esta coyuntural”.

Prioridades de salvamento: Asegurar capacidad de pago a quienes enfrentan vulnerabilidad socioeconómica durante la emergencia.

Medidas recomendadas: Aportes desde las utilidades de grandes empresas, mantener la planilla de empleados en grandes empresas transnacionales como Walmart, Intel, Amazon o Mckinsey; reducir márgenes de utilidad especulativa con controles de precios para medicamentos y aliviar el endeudamiento de las familias con el proyecto contra la usura (20.861).



 

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