Justo en un momento en que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sufre por una reducción en sus ingresos y se cuestiona la falta de transparencia sobre sus finanzas, el Gobierno anuncia que nuevamente pedirá a la Caja que reduzca la base mínima contributiva “para proteger el empleo y como medida de apoyo” por las disposiciones temporales para reducir la transmisión de contagios.
El presidente Carlos Alvarado anunció el martes que solicitó a la Junta Directiva de la Caja que vuelva a aplicar un rebajo de la base mínima contributiva (monto mínimo sobre el cual se comienza a cotizar para los seguros de IVM y Maternidad y Enfermedad) por un mes.
El mandatario declaró que el Gobierno se comprometía a “aportar” un monto de ¢8.500 millones “para atender los costos de dicha medida”, el cual se incluiría en el próximo presupuesto extraordinario que presenten a la Asamblea Legislativa. El año pasado la medida se aplicó entre marzo y agosto.
Las contribuciones de los patronos y de los trabajadores al IVM se redujeron en ¢1.257 millones entre 2019 y 2020, debido a la pandemia y a su impacto por la suspensión de contratos, reducción de jornadas o despidos de trabajadores. No obstante, el rubro que más cayó fue el de las transferencias corrientes del Gobierno Central, que bajaron un 24,6%, de acuerdo con cifras de la institución.
“No solo en el régimen del IVM. A la Caja se le han venido bajando los recursos. Se ha elevado el desempleo, se han suspendido contratos, se ha bajado la base mínima contributiva. Todo eso significa menos aportes para la Caja; pero no creo que sean cinco mil personas”, Antonieta Fernández.
Los ingresos por contribuciones al IVM de la parte patronal y de las personas trabajadoras fueron de ¢910.569 millones en el 2019 y de ¢909.312 millones en el 2020. Los trabajadores afiliados al Seguro del IVM disminuyeron en 41.636 durante el 2020. Pasaron de 1.564.179 en diciembre de 2019 a 1.522.543 en diciembre de 2020, según estadísticas de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja.
Mientras, las transferencias corrientes del Gobierno Central al régimen disminuyeron un 24,6% (¢46.751 millones), ya que fueron de ¢190.128 millones en 2019 y de ¢143.376 millones en 2020. Se trata de aportes que el Estado debe hacer a la seguridad social por ley.
Asimismo, según datos de la Superintendencia de Pensiones, el rubro que más se redujo en cotizaciones al IVM el año pasado fue el de la cuota estatal, el cual bajó en un 38%, de ¢188 millones en 2019 a ¢116 millones en 2020. De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones (Supen), esta disminución en la cuota estatal se debe a un nuevo proceso de facturación que implementó la CCSS el año pasado.
“Hay una amnistía para el Gobierno”
Antonieta Fernández, integrante del Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass), destacó que “el problema del IVM y del financiamiento de la Caja es que no es solo un tema de la Caja; es un tema país”.
“Tiene que ver con un modelo de desarrollo, porque tal y como está concebido el sistema actual es muy difícil que la Caja pueda mantenerse, sobre todo cuando hay un elevadísimo desempleo, una elevadísima informalidad, y una importante evasión patronal”, dijo Fernández a UNIVERSIDAD.
“Muchos patronos en este momento le dicen a los trabajadores: ‘no pague el IVM, sino que vaya pague solo el de la salud’ y eso lo hemos visto en la pandemia”, comentó.
Para Fernández, uno de los elementos que más afecta al IVM “es la amnistía que hay para el Gobierno”. “Si usted compara, actualmente los patronos aportan un 5,25 %, los trabajadores un 4% y el Estado un 1,41%, que es muy poco considerando que debe ser parte fundamental en la sostenibilidad de la seguridad social, como lo dice la Constitución Política”, cuestionó.
El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), señaló que si bien los ingresos al régimen han bajado, a eso hay que sumarle “la mala administración” del mismo. “Para lograr la sostenibilidad del IVM hay que hacer cambios administrativos; si no, cualquier cambio financiero no va a lograr el propósito”, afirmó Muñoz.
El legislador recordó que el IVM es un régimen que -previo a la emergencia sanitaria- tenía 1 millón y medio de cotizantes, en el que se necesitaban siete personas trabajando para mantener un pensionado. Antes de la pandemia, el desempleo y la informalidad ya generaba que hubiera menos cotizantes; pero a eso Muñoz le agrega “las malas inversiones de sus ganancias”.
También criticó que “desde 1995 el régimen ha estado ligado a una dirección actuarial que es dependiente de la junta directiva, por lo cual no se da un informe transparente”.
Cuota estatal se redujo en un 38%
La explicación de la disminución en las cotizaciones -según la Gerencia Financiera de la Caja- es que el número de trabajadores afiliados depende de “la estacionalidad propia de las actividades económicas” y del “efecto de la pandemia sobre el mercado laboral y sobre la situación económica en general”.
Ante consulta de UNIVERSIDAD, la Supen detalló que el rubro que más se redujo en cotizaciones fue el de la cuota estatal, el cual bajó en un 38% y que esto se debe a un nuevo proceso de facturación que implementó la CCSS el año pasado.
El Estado aporta un 1,41% sobre toda planilla, ya sea del sector público o privado; y además, paga una cuota complementaria a los trabajadores independientes (entre 1,16% y 9,52%), precisó la Superintendencia.
“En setiembre 2020 se utilizó un nuevo proceso de facturación, al que fue necesario realizarle varias mejoras en procesos de anulación y ajustes de facturas para asegurarse que el dato que estaba proporcionando el sistema fuera correcto, y el mismo se dilató hasta el pasado 27 de noviembre, lo que imposibilitó que se enviaran con la anticipación usual de las facturaciones”, informó la Supen.
Cifras de la Caja y de la Supen no calzan
Como se mencionó anteriormente, las cifras de la Supen difieren de las de la CCSS. Según la Supen, los trabajadores afiliados al IVM disminuyeron en 5.029 durante el 2020. Pasaron de 1.341.855 en diciembre de 2019 a 1.346.884 en diciembre de 2020. Mientras que la Caja afirmó que fueron 41.636.
La Supen aclaró que la información “fue cargada directamente por la CCSS en la base de datos de esta superintendencia”. Sobre la diferencia, indicaron que, según la Caja, es porque los datos que cargan en Supen excluyen afiliados no activos o fallecidos, y los datos que no pasan las validaciones internas con la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
No se pudo obtener una respuesta de la CCSS sobre esta diferencia, antes de la hora de cierre de la edición.
El diputado Muñoz opinó que ni las cifras de la Caja ni las de la Supen son exactas. “El número de gente que ha dejado de cotizar es mayor que los 40.000, si analiza la gente que perdió su trabajo por cierre de negocios, las miles de pequeñas empresas que dejaron de cotizar y cerraron, la gente que quedó en la informalidad y no volvió a cotizar, y la gente que optó por un seguro voluntario cuando antes tenían un seguro atado a la empresa”, destacó el legislador.
Uno de los temas que más preocupa en el Frenass “es la falta de transparencia con el tema de los números”, añadió Fernández.
“No solo en el régimen del IVM. A la Caja se le han venido bajando los recursos. Se ha elevado el desempleo, se han suspendido contratos, se ha bajado la base mínima contributiva. Todo eso significa menos aportes para la Caja; pero no creo que sean cinco mil personas. Esta es precisamente una de las limitaciones que enfrentamos para hablar de la reforma de IVM, que no hay transparencia y se cuestionan los estudios actuariales”, destacó Fernández.
