La Fiscalía General de la República inició su investigación de los asesores del equipo de análisis de datos de la Presidencia por supuestamente haber tenido acceso y gestionado, ante instituciones estatales, la entrega de información sensible de la población. Mientras tanto, se indaga al Presidente de la República, al Ministro de la Presidencia y al Viceministro de Planificación por haber publicado un decreto para legalizar ese acceso.
El Ministerio Público maneja la hipótesis inicial de que el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, son sospechosos de prevaricato. Es decir, de dictar resoluciones contrarias a la ley. Esto sería por firmar el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Además de ellos, cinco funcionarios de Casa Presidencial son investigados por supuesto abuso de autoridad y los ocho —en conjunto— por el delito de violación de datos personales (ver infografía).
Estos son los argumentos que expuso la Fiscalía General en la solicitud de allanamiento, registro, secuestro y acceso a la información, de la cual UNIVERSIDAD tiene copia. Los allanamientos, que fueron avalados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se llevaron a cabo los días 28 y 29 de febrero —en Casa Presidencial, en el Ministerio de Planificación y en cuatro casas particulares— en busca de pruebas de posibles delitos en la creación y funcionamiento de la UPAD.
EL TRABAJO DE LA UNIDAD
La investigación de la Fiscalía surge ante las sospechas de que este equipo de análisis de datos violó la privacidad de las personas.
De acuerdo con la exposición de hechos que se hace en el documento, “durante el periodo de mayo de 2018 a octubre de 2019, los investigados Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández Montero, desempeñándose como asesores de datos del despacho de la presidencia, conformaron una unidad gubernamental para la compilación y análisis de datos personales de las y los costarricenses, con miras a la supuesta ejecución de políticas públicas; lo anterior sin ningún respaldo legal”.
Además, en el citado documento se indica que la jefa de Despacho de la Presidencia Felly Salas y los asesores mencionados “ordenaron a distintas instituciones de la administración central y descentralizadas datos personales y sensibles y de acceso restringido de las personas ciudadanas, en perjuicio de estas, sin mediar orden jurisdiccional o consentimiento del derechohabiente”. A eso se suma que dicha labor era de total conocimiento del presidente Carlos Alvarado.
Se señala que el asesor legal de la Presidencia, Luis Salazar —quien renunció a su puesto el pasado jueves—, y Diego Fernández “con el fin de revestir de legalidad la labor que venían realizando y justificar la obtención ilegal de datos personales y sensibles de los ciudadanos, propusieron la idea de crear un decreto ejecutivo que diera sustento al trabajo que venían realizando”.
También se apunta que el 14 de octubre de 2019 el presidente, el ministro de la Presidencia y el viceministro de Planificación firmaron el decreto 41996-Mideplan “a sabiendas de que era contrario a la ley, toda vez que el artículo 7 del citado decreto establecía la obligación de las instituciones públicas que resguardan información confidencial (especialmente tutelada dentro del derecho de intimidad de los ciudadanos) a entregarla sin orden jurisdiccional a esta unidad cuando fuera requerido” (ver infografía).
El criterio de la Fiscalía es que estos hechos podrían violentar el deber de probidad en la función pública y que deben investigarse los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
SE DESCONOCE SU PROPÓSITO
La Fiscalía insiste en que desconoce “la finalidad que buscaba la UPAD al recopilar y almacenar información o los datos a los que esta unidad habría accedido”.
Asimismo, se citan las cuatro denuncias interpuestas por Juan Diego Castro el 23 de febrero de 2020, por la abogada Gloria Navas Montero en representación del Movimiento CiudadanoCR, por el licenciado Yashin Castrillo Fernández y por el licenciado Francisco Dall ’Anese Ruiz.
Los elementos de prueba que se ordenó recopilar durante los allanamientos fueron toda la documentación relacionada con la creación de la UPAD; los convenios suscritos entre la UPAD e instituciones públicas; bitácoras de entradas y salidas a Casa Presidencial y a Mideplan en los días 21, 22 y 23 de febrero de 2020; solicitudes de información de la UPAD a instituciones requiriendo información pública o confidencial de los ciudadanos; e informes emitidos por la UPAD en los cuales se haya recopilado información de los costarricenses.
La sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) será la encargada de revisar toda la prueba.
POLÍTICA PÚBLICA BASADA EN DATOS
El Gobierno, tanto en la figura de la viceministra de la Presidencia Silvia Lara como en la de la Ministra de Comunicación Nancy Marín, ha asegurado que el propósito de la UPAD ha sido recopilar información pública, como una herramienta para definir políticas en diferentes campos y que nunca ha existido la intención de recopilar información privada de los ciudadanos.
“Nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos por parte de la Fiscala General y de los miembros de la Fiscalía que se encuentran acá en Casa Presidencial el día de hoy”, manifestó Marín el día de los operativos.
Por su parte, el Presidente afirmó en un video que esta “es la forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía”, refiriéndose al allanamiento, y añadió: “Este tema debe seguir su debido proceso. Es nuestra voluntad, deseo y deber facilitarlo”.
Previo a su comparecencia este lunes ante el plenario legislativo Víctor Morales aseguró que el trabajo realizado por el equipo de análisis de datos “nunca fue secreto, no estuvo en la clandestinidad, ha sido público, colgado también en una página pública, de acceso a quienes lo quieran consultar”; aunque reconoció que “no tuvo el amplio alcance necesario hacia toda la población”.
Morales informó que hubo presentaciones “ante periodistas, la Contraloría General de la República, la sociedad civil de Puntarenas, la Organización Internacional del Trabajo, en algunos congresos especializados y universidades, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, sindicatos, el Banco Mundial, entre otros”.
