Diversos daños ambientales causados por la concesionaria en la construcción de la Ruta 27 San José-Caldera, como el rompimiento del acuífero Barva y la mala disposición de escombros, fueron parte del testimonio de Monserrat Solano López, quien formó parte del equipo de la consultora Euroestudios-IMNSA, como regenta ambiental del proyecto.
Su comparecencia se dio esta mañana en la sala número 1 del Tribunal Contencioso Administrativo en Calle Blancos, como parte del juicio en la demanda interpuesta desde 2012 por organizaciones y vecinos de Santa Ana contra el Estado y la concesionaria Autopistas del Sol (Globalvía).
Los vecinos de Ciudad Colón y Santa Ana, la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flor y Fauna (Apreflofas) demandaron al Estado, Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Contraloría General de la República, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y Autopistas del Sol por cuestionamientos técnicos, económicos, sociales y ambientales a la concesión.
Solano López es doctora en economía, master en gestión ambiental, y fue consultora del equipo de Euroestudios-IMNSA en el período 2008-2009, cuando tuvo a su cargo la regencia ambiental de la construcción de la carretera.
Declaró que hubo una mala disposición de las escombros pues “en lugar de llevarlos a los sitios dispuestos, esos escombros se tiraban en cualquier lado, se tiraron en quebradas, en márgenes de ríos, en zonas de protección”, de esta forma dañando la vegetación, violando la ley forestal y corriendo el riesgo de deslizamiento de material y de que esos escombros provoquen presas en los ríos y, por lo tanto, inundaciones.
Uno de los sitios afectados habría sido la quebrada Salitral. Según Solano López, se tiraron escombros en sus márgenes, dañando la vegetación y el afluente.
La testigo explicó que la concesionaria había identificado sitios a lo largo de la carretera (en la sección Santa Ana-Alajuela-Orotina) donde debía depositar esos desechos y darles manejo para que no fueran dispersados por el viento ni la lluvia. De acuerdo con Solano López, por cada metro cúbico de material que removiera en la construcción la empresa recibiría $3.65, según el contrato entre la concesionaria y el Estado.
Las consecuencias de romper el acuífero Barva
Solano López también recordó que en febrero de 2009 la concesionaria realizó excavaciones que rompieron el sello del acuífero de Barva, de suma importancia porque abastece a muchas zonas de agua potable.
“Advertimos que se tenía que parar la construcción y realizar medidas de mitigación. Lo que hicieron, muy en contra nuestra, fue entubar el acuífero y botar el agua en el río Segundo”, dijo.
La testigo añadió que se hizo una medición de la escorrentía del acuífero, que concluyó que la fuga de agua era de entre 622.000 y 846.000 metros cúbicos por año y que esa pérdida de agua en época seca abastecería a 1.866 familias.
La jueza aclaró que en 2010 fue declarado con lugar un recurso de amparo sobre esta afectación y que la Sala Constitucional ordenó medidas de mitigación y pago de daños. Según la representante de la Procuraduría, este pago de daños y perjuicios ya se hizo.
Sin embargo, los demandantes aseguraron que los impactos de estos daños ambientales permanecen en la actualidad y que las medidas de mitigación no fueron suficientes.
“Hoy en día, si pasan por ahí, ven en la pared del talud la vegetación aflorando”, destacó Solano López.
La consultora afirmó que todos los daños ambientales identificados fueron expuestos a la entonces gerente del proyecto; ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa; ante el CNC, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y al Tribunal Ambiental, sin que se tomaran medidas y sin que aplicara ninguna penalización.
En total Solano López presentó alrededor de 15 no conformidades durante el tiempo que trabajó como consultora.
Aclaró que las no conformidades son incumplimientos ambientales en el proceso; por ejemplo, al Código de Buenas Prácticas Ambientales y a compromisos asumidos en el plan de gestión ambiental. Pero es el CNC el que tenía que valorar si estas no conformidades significaron incumplimientos contractuales.
Leonor Antillón, una de las abogadas de los demandantes informó que se está en la etapa testimonial y que los jueces deben tomar una decisión rápida; no obstante, son 30 testigos y tienen todo febrero ocupado en audiencias.
