La Inspección Judicial declaró que el juez Francis Porras cometió una falta grave y le impuso una suspensión, notificó su tribunal.
El proceso disciplinario que generó la sanción, se inició a instancia de Jazmín Elizondo Arias y Laura Isabel Florez-Estrada Pimentel, quienes alegaron que el juez habría cometido actos discriminatorios en contra de ellas por su orientación sexual.
El notario y activista LGBTIQ+ Marco Castillo casó a Elizondo y Florez-Estrada el 25 de julio de 2015. Años después, en enero del 2020, el juez Francis Porras, del Juzgado Notarial del Primer Circuito Judicial sancionó a Castillo y le impuso una suspensión en el ejercicio de la función notarial, por haber oficiado el matrimonio, que se pudo dar pues Elizondo fue inscrita con sexo masculino en el Registro Civil. Este error que fue corregido, de oficio, meses después de que se realizara el acto matrimonial.
En el mismo sancionatorio Porras intentó dejar sin efecto el matrimonio, dictando una “medida cautelar de cancelación” que, no acató el Registro Civil. A mediados de mayo del año pasado, días antes de que entrara en vigencia el matrimonio igualitario en el país, el mismo juez ordenó cancelar la inscripción del matrimonio de las mujeres.
Las afectadas presentaron entonces un incidente de nulidad, alegando que el Juzgado Notarial no tenía competencia para anular su matrimonio, pues ni el Tribunal Supremo de Elecciones ni el Registro Civil habían solicitado el procedimiento. Porras rechazó el argumento y defendió la competencia del Juzgado Notarial.
El 26 de mayo del 2020, justo el día que el país celebró la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, Marco Castillo y su pareja, Rodrigo Campos, contrajeron nupcias. Días más tarde, -ocultando que realizaba la gestión como juez, identificándose como abogado y notario- Porras recurrió al Registro Civil para gestionar la anulación del matrimonio del activista, solicitud que fue rechazada.
En consecuencia a estos actos, las afectadas, así como Castillo y su esposo, emprendieron acciones contra el juez por “incorrecciones que dañan la buena imagen del Poder Judicial” y “conducta irregular” (alegato que se declaró sin lugar).
El órgano instructor consideró además que el juez afectó la imagen del Poder Judicial, pues dio una entrevista a este semanario en febrero del 2020, en la que calificó de falaz el derecho humano al matrimonio y de anticientífica la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos se excedió en sus funciones y entró a realizar función normativa”, afirmó entonces el juez.
El Tribunal declaró que “brindar manifestaciones a un medio de prensa digital sobre un asunto que no ha adquirido firmeza y emitir desde su investidura como persona juzgadora, criterio en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo” son actuaciones que afectan la imagen del Poder Judicial. Además calificó este falta como grave e impuso una suspensión del ejercicio del cargo sin goce de salario.
“Mayor reproche merece los aspectos divulgados relacionados con el derecho de las personas del mismo sexo contraer matrimonio. Con su accionar, el encausado mostró una actitud displicente en cuanto a las consideraciones que como persona juzgadora estaba obligado a defender. La manifestaciones brindadas a un medio de difusión masiva, lesionan los principios rectores de igualdad, equidad y acceso a la justicia a toda la ciudadanía, y aunado a lo expresado, lamentablemente menoscaba la credibilidad en el Poder Judicial. Esta Cámara no puede abrigar acciones como las descritas”, indica la resolución.
El plazo de la suspensión será de cinco días, explicó el Departamento de Prensa de la Corte. En el texto inicial del VOTO N° 2064-2021, se omitió la unidad de medida, pero en horas de la tarde, mediante resolución, se hizo aclaración y adición a la sentencia , que en adelante se leerá “CINCO DÍAS DE SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DEL CARGO SIN GOCE DE SALARIO”.
Marco Castillo explicó que ante el mismo Tribunal hay otro proceso pendiente en el que también se acusó a Porras León por sus actuaciones prejuiciadas contra el matrimonio de personas del mismo sexo.
