Las obras de la Ruta 32 estarían listas hasta el 2029, según un informe que es confidencial y cuyos datos trascendieron este jueves en la Comisión legislativa que investiga el caso de corrupción “Cochinilla”. En estos atrasos, está involucrado un superávit específico que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomó en el 2020 para cubrir otras partidas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
La información fue contrastada por los diputados Pablo Heriberto Abarca (PUSC) y David Gourzong (PLN), por información que no ha trascendido fuera del consejo de Administración del CONAVI, un órgano presidido por el ministro Rodolfo Méndez Mata.
Abarca afirmó al gerente de la Unidad Ejecutora de la Ruta 32, Kenneth Solano, que existen datos sobre que “al ritmo al que vamos” las obras de la Ruta 32 estarían listas en el 2029. Es decir, alrededor de 12 años en construcción.
Según Solano “nuestro objetivo es terminar el proyecto en el 2024” pero también existen advertencias de que atrasos con el contratista China Harbour Engineering Company (CHEC, por sus siglas en inglés) mantienen la fecha real del proyecto cinco años más adelante.
“Hay un informe interno que se hace al Consejo de Administración, es un informe que, me imagino, que tiene algún grado de confidencialidad porque tiene datos que requieren una explicación totalmente”, dijo Solano sobre esas proyecciones.
“No, señor, se lo podemos solicitar a usted como director de la Unidad Ejecutora y usted está en el deber de entregarlos”, respondió el diputado David Gourzong quien pidió que, cuando el informe llegue a la Asamblea Legislativa sea remitido a la Comisión investigadora de “Cochinilla”, la Comisión Caribe y la Comisión de Infraestructura, todas ellas involucradas en estudiar los atrasos de la Ruta 32.
La información que trascendió este jueves es que CHEC tuvo atrasos de ejecución en el 2019, por lo que quedó un remanente específico que fue solicitado por el MOPT durante el trámite de un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa. UNIVERSIDAD publicó anteriormente que, durante el trámite, el ministro Méndez Mata, con ayuda del exasesor presidencial Camilo Saldarriaga, y la diputada oficialista Laura Guido, tramitaron una moción para trasladar desde la caja única un total de ¢22.500 millones de superávit.
La semana pasada, durante la Comisión investigadora de “Cochinilla”, la contralora Marta Acosta informó a los diputados que fueron ellos quienes aprobaron el uso de las partidas que la Contraloría General frenó anteriormente, porque estos desvíos eran ilegales.
El diputado José María Villalta preguntó al gerente de la Ruta 32 si su unidad fue consultada por el uso de partidas.
Kenneth Solano respondió al diputado que recibió una llamada telefónica, en julio 2020, del gerente de Adquisiciones y Finanzas, Carlos Solís Murillo, para ejecutar los fondos que se presupuestaron en el 2019 para el proyecto constructivo. Justamente, el expediente 19-000025-128-PE (el caso “Cochinilla”) acusa que Carlos Solís construyó esta moción para rellenar un déficit financiero, del cual inclusive estaba informada la dueña de H Solís, Mélida Solís.
Méndez Mata pidió ¢22 mil millones para tapar hueco del Conavi mediante diputadas PAC
Oficialista Laura Guido responde que recibió moción del Ministro del MOPT desde WhatsApp del asesor del Presidente, Camilo Saldarriaga. Transcripciones telefónicas consignan la redacción de la moción al gerente del Conavi Carlos Solís, quien habló previamente sobre un déficit del fondo vial de ¢42 mil millones con H Solís.
Solano se enteró de que se presentó la moción en Asamblea Legislativa mediante un oficio de la diputada liberacionista Yorleny León, quien consultó por el movimiento de dineros.
Inicialmente, Solano respondió a Villalta que el traslado no resultó en “afectaciones” para la Ruta 32.
Posteriormente, Solano también reveló que existen atrasos en la ejecución de las obras y faltantes de dinero para el proyecto.
“En el 2021, debido a los recortes presupuestarios que sufrió la institución (CONAVI), muchos de los rubros con los cuales tenemos que ejecutar el proyecto están en cero. Tengo entendido que no tiene nada que ver con los movimientos del 2020”, dijo originalmente.
Luego del careo con David Gourzong, se reveló que existen atrasos con expropiaciones por materia presupuestaria.
De acuerdo con la información, de 500 expropiaciones, existen 300 que todavía no han sido logradas.
Solano solamente reconoció “tres o cuatro” atrasadas por pago.
Posteriormente, José María Villalta informó que son 70 atrasadas: hay 40 en vía judicial y 30 en avalúo administrativo.
El funcionario Solano justificó que de ese número “yo no tengo la información” y que falta la notificación a la Unidad Ejecutora.
Villalta acusó que “si no les hubieran quitado esa plata (los ¢2.700 millones), si no lo hubiera manoseado el Ejecutivo”, el dinero del superávit se habría usado para pagar las expropiaciones tal y como estaba establecido.
“La plata no desaparecía porque era el superávit específico de un órgano desconcentrado y, en ese momento, no podía el Poder Ejecutivo tocar esa plata sin autorización Legislativa”, explicó Villalta.
El diputado también apuntaló a Solano porque habló a la Comisión legislativa sin conocer la información del superávit y le preguntó que si, después de saber cómo perdieron el dinero habría aprobado el uso de la moción del MOPT.
Solano respondió que “No”.
