En el 2020 una moción solicitada por el ministro Rodolfo Méndez Mata permitió que la Asamblea Legislativa diera ¢22.520 millones de viejos superávits del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para tapar un faltante de la institución. Dicho déficit era al menos de ¢42 mil millones y fue socavado por las constructoras Meco y H Solís, según el expediente penal 19-000025-128-PE, conocido como el caso “cochinilla”.
El reajuste con superávits ocurrió en julio del 2020, durante la aprobación de un presupuesto extraordinario de recorte en la Comisión de Hacendarios. La diputada que defendió el cambio fue la oficialista Laura Guido, ahora jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de Hacendarios.
Expediente acusa que el Conavi tenía “un déficit en el fondo vial por haber ejecutado en medio año más de un 50%” del dinero disponible.
Así se consigna en un acta del lunes 20 de julio, fecha en la que se aprobó la moción 14. La moción contiene una “norma de ejecución” sobre la que el gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi, Carlos Solís Murillo, conversó —vía telefónica, durante la mañana de ese mismo lunes— con la dueña de la constructora H Solís, Mélida Solís Vargas.
Esta conversación figura como transcripción dentro del expediente penal por el cual Solís Murillo y Solís Vargas son imputados por varios delitos de corrupción, junto con más de 40 personas. El ministro Méndez Mata no figura como acusado dentro de la causa, pese a que las conversaciones telefónicas transcritas revelan que la empresaria de H Solís también mantenía comunicación directa con el ministro del MOPT.
Para este artículo, la diputada Guido rechazó hablar en entrevista con UNIVERSIDAD y envió una respuesta escrita, por medio del asesor del PAC Víctor Vargas.
“El texto de la moción fue enviado por vía electrónica el 20 de julio de 2020 por Camilo Saldarriaga. La moción fue firmada y presentada por Laura Guido, Nielsen Pérez, Gustavo Viales, María Inés Solís, Otto Roberto Vargas Víquez y Carlos Avendaño, y se aprobó de forma unánime por las 9 diputaciones presentes en la sesión de la Comisión de Hacendarios de ese mismo día. Saldarriaga en ese entonces era el encargado de infraestructura de Casa Presidencial y con quien se coordinaban temas de fortalecimiento de las finanzas públicas y materia presupuestaria”, dice parte de la respuesta de Guido.
Este semanario solicitó la prueba electrónica enviada, para corroborar el envío de Saldarriaga Jiménez, quien era asesor del presidente Carlos Alvarado y ahora es uno de los imputados de “cochinilla” por su participación en una red de influencias de las constructoras H Solís y Meco. La prueba electrónica no fue proporcionada.
“Me dice Laura que el texto de la moción fue enviado por Camilo por WhatsApp, y fue por ese medio que Camilo también le indicó el interés del Ministro (Méndez Mata) en la moción”, escribió el asesor de la fracción PAC, Víctor Vargas, en un mensaje para UNIVERSIDAD.
Guido escribió para este medio que “no me comuniqué con representantes de ninguna empresa privada ni recibí presión alguna de nadie para aprobar la moción”, también rechazó conocer sobre la ejecución de las partidas a las que aprobaron inyectarle recursos de los superávits en caja única.
Su compañera, Nielsen Pérez negó, por medio de Víctor Vargas, tener contacto con personas de H Solís y Meco. Pérez también rechazó dar entrevista a este semanario sobre el tema.
Este martes, a la luz de un nuevo trámite presupuestario en la Asamblea Legislativa, Méndez Mata y la ministra de la Presidencia (Geaninna Dinarte) pidieron a los diputados de Hacendarios “excluir” dineros que se pidieron en un último presupuesto extraordinario.
La carta dice que “En virtud de los hechos denunciados por el Ministerio Público se hace necesario que el MOPT pueda llevar a cabo un proceso de revisión sobre las prioridades de ejecución de obra pública en infraestructura”.
Ese presupuesto se presentó cuatro días antes de los arrestos y pesquisas de “cochinilla”, el 11 de junio. El Gobierno pidió presupuesto para el Conavi. Se pidió un traslado de ¢4.252 millones desde el proyecto de “la ruta nacional No.39, intersección Hatillos” para financiar con ¢3.725 millones el “Diseño y construcción del corredor vial circunvalación norte” de la “ruta nacional no. 39, sección Uruca – Calle Blancos”, este es un proyecto ejecutado por la empresa H Solís.
El MOPT también pidió ¢836,2 millones para una consultoría para el proyecto de la Red Vial Cantonal PRVC-MOPT-BID, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para reunir este rubro se pidió “el traslado de recursos en el programa de Atención de Infraestructura Vial, por ¢115 millones”, con tal de “incrementar la subpartida Servicios de ingeniería y arquitectura” del MOPT.
Moción fue orquestada por Gerente del Conavi, vértice en una red de influencias
De acuerdo con el acta, Guido informó a Hacendarios que “la moción que está planteada y que está presentada a solicitud del Ministro Méndez Mata (…) las obras que estarían viéndose beneficiadas con este movimiento sin aumentar el gasto, sino haciendo una reasignación de los recursos ya disponibles”.
No obstante, el gasto consignado se ejecutó durante meses anteriores, porque “estamos cogiendo platas de otras fuentes que eran específicas, que ciertamente no se podían tocar”, según le dijo el gerente de Conavi, Carlos Solís a Mélida Solís, antes de que los diputados aprobaran su plan.
El expediente penal acusa que “en el Conavi el tema del presupuesto para obra pública funciona de manera un poco paradójica, dado que,cuando no hay plata para pagar, se sigue ejecutando (…) se demuestra la presión que hacen los trabajadores de Meco en prácticamente todas las líneas de la estructura de Conavi, desde la Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Conservación, el Delegado de Firmas, Gerencia de Adquisiciones y Finanzas, ingenieros e inclusive de forma agresiva en otras instituciones como la Tesorería del Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República, esto con.el fin de adecuar las piezas de tal manera que puedan seguir EJECUTANDO OBRA Y ASÍ seguir GENERANDO GASTOS, inclusive pareciera de forma NO PREVISTA (sic)”.
Gracias al trámite legislativo, el Conavi inyectó dinero a cinco leyes de construcción. Fueron ¢1.097 millones a “la conservación de red vial pavimentada de la ruta: Barú- Palmar Norte-Quebrada Ganado-Herradura”; ¢723,5 millones a “Obras de Seguridad de la Carretera Florencio del Castillo”, conocida como la ruta 32; ¢3 mil millones “para la construcción de la nueva Carretera a San Carlos sección: Sifón — Ciudad Quesada — La Abundancia”; ¢3 mil millones “para mantenimiento y ampliación de vías” en “los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablitas”; otros ¢16.700 millones para la carretera “Sifón — Ciudad Quesada — La Abundancia”. Por último, se dieron ¢520,9 millones para atender “la red vial nacional asfaltada, la red vial nacional en lastre y tierra, diversas emergencias y la construcción de obra de carácter estratégico”.
En una llamada con la dueña de H Solís, el gerente Carlos Solís afirmó que el Conavi tenía “un problema de caja porque las platas yo las he cogido de otras fuentes y ya se me están agotando también”.
El mismo 20 de julio, después de que la moción fue aprobada por la Comisión de Hacendarios, Carlos Solís conversó con “Juan Carlos Abarca Quesada de Constructora Also Frutales, empresa de Sonia Solís Vargas, hermana de Mélida Solís Vargas”, sobre el mismo trámite.
Durante la citada llamada telefónica con el ingeniero Abarca, “explicó Solís Murillo, que por lo menos iban a lograr una reposición de ¢22.500 millones que él había tomado de otras fuentes de financiamiento viejas (…) eso no iba a sumar, ni restar al presupuesto, que simplemente iban a reponer los ¢29 mil millones que les estaban quitando”.
En la misma llamada, “Solís Murillo manifestó “que lo que hicieron fue coger la plata de proyectos viejos, Sifón La Abundancia, Ia contrapartida de la 32”.
El expediente penal dice que Solís Murillo “planteó la aprobación de ¢22.500 millones, de los cuales Carlos Solís utilizaría una parte para encubrir el déficit de ¢42.000 millones por dineros malversados en el Conavi y continuar destinando los fondos a conveniencia de los intereses de las empresas contratistas”, específicamente H Solís y Meco, quienes participaban de la construcción del presupuesto del Conavi con influencias en varios funcionarios de la institución.
La estrategia resultó en que “Carlos Solís Murillo, al intervenir en razón de su cargo como gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi, dirigió la moción presupuestaria ante la comisión de Hacendarios (de la Asamblea Legislativa) para producir un resultado lesivo a los intereses de la Hacienda Pública”.
“Es posible establecer fundadamente que los encartados tenían conocimiento y control de las actividades encaminadas a rellenar las partidas presupuestarias en inanición con lo que Saldarriaga Jiménez consiguiera del Viceministro de Hacienda, y Io que, en Ia Comisión Parlamentaria de Asuntos Hacendarios, pudiera ser aprobado”, dice el expediente penal 19-000025-128-PE.
El expediente acusa que las conversaciones telefónicas dejan “ver el control político que estaba ejerciendo Mélida Solís Vargas (Constructora H Solís) sobre los diputados y sobre el ministro del MOPT Rodolfo Méndez Mata”.
¿Cómo se rellenó el hueco del Conavi?
El expediente penal 19-000025-128-PE consigna conversaciones de personas de las empresas H Solís y MECO con funcionarios clave del Conavi, mismos que también sostenían relaciones con un funcionario en Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y el entonces asesor del presidente, Camilo Saldarriaga, entre otros.
